La Sareb permitirá a vecinos vulnerables de El Calvario de Torremolinos seguir en sus viviendas
La empresa pública asegura que se ha adjudicado 29 pisos de El Calvario tras cancelarse la cesión a un tercero
Sareb admite que no tiene pisos para realojar a los afectados por el desahucio de Torremolinos
La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), estudia junto con el Ayuntamiento de Torremolinos la situación social de las familias afectadas por un desahucio en la barriada de El Calvario, con el fin de que puedan permanecer en sus viviendas tras cancelarse la cesión a un tercero de 29 pisos solicitada por la entidad, que se ha adjudicado los inmuebles, según han destacado desde la empresa pública participada por el Estado.
El caso deriva de un procedimiento de ejecución hipotecaria resuelto por el Juzgado a favor de la Sareb, e iniciado por ésta en 2018, tras absorber los activos de un préstamo impagado por el promotor de un edificio de viviendas destinadas al alquiler en Torremolinos, entre las calles Río Yeguas y Rodrigo. A su vez, esta promotora firmó sucesivos contratos con varias empresas para subarrendar los inmuebles y que el Juzgado ha considerado nulos, y por tanto, los suscritos entre estas compañías y los inquilinos.
En el marco del procedimiento judicial, el pasado año se celebró una subasta en la que 10 pisos fueron adquiridos por terceros, mientras otros 29 estaban pendientes de cederse en abril de este año a una persona jurídica pero la Sareb solicitó en marzo al Juzgado paralizar la denominada técnicamente cesión de remate, y que estaba pendiente de la resolución judicial, según informó la propia entidad.
Pues bien, ha sido en mitad de mayo cuando la empresa pública “se adjudicó las viviendas, así que finalmente se ha podido cancelar la cesión de remate a un tercero”, según ha informado a Málaga Hoy la entidad, asegurando que se ha procedido a la misma por “decisión judicial”. De este modo, la Sareb ha señalado que cuenta con “el testimonio y el decreto de adjudicación que permite inscribir en el Registro esas viviendas a su nombre. La compañía hará esta inscripción próximamente, dentro de los plazos legales establecidos para ello”.
Acreditar la vulnerabilidad
Así, desde la Sareb han destacado que ahora trabaja con “los Servicios Sociales municipales para analizar caso a caso la situación” de las unidades familiares, incidiendo en que en aquellos que “se acredite vulnerabilidad y exista colaboración por parte de la familia, se les ofrecerá un alquiler social con acompañamiento”. El objetivo es que éstas “permanezcan en las viviendas en las que residen” en la barriada de El Calvario, para lo que se está haciendo el estudio, han apuntillado.
Por su parte, la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Torremolinos, Gloria Manoja, ha destacado que tras revertir la cesión de los 29 pisos a terceros, la semana pasada los mediadores de la Sareb iniciaron con los Servicios Sociales el proceso de valoración de los casos, al objeto de recuperar “toda la documentación de las familias y los informes de vulnerabilidad para hacerles contratos sociales”.
La edil ha indicado que de los 29 pisos, “las familias que sean vulnerables, que son el 90%, continuarán en sus viviendas y la Sareb les hará contratos sociales”, mientras que respecto a los inquilinos de las otras 10 viviendas que ya han sido adjudicadas a terceros ha señalado que “algunos que están en negociaciones con los propietarios de los inmuebles y otros que a día de hoy no tienen fecha de lanzamiento.
En este sentido, ha apuntado a la “posibilidad de que alguna de las viviendas de la Sareb se quede libre” y “buscar alguna alternativa habitacional ahí o en otros sitios”, para realojar a los residentes de los 10 pisos que ya han sido adjudicados a sus nuevos propietarios, remarcando que “llegado el momento -del desahucio- no estarán desamparados ninguno de los vecinos”.
Una vecina inicia una huelga de hambre
Es el caso de Yolanda Grela, una vecina que el pasado lunes inició una huelga de hambre en la puerta del Ayuntamiento para denunciar su situación, que “esta judicializada”, ya que “es una tercera la propietaria de su inmueble y quiere que se investigue”, ha explicado Manoja.
“No podemos compartir esta decisión que atenta contra su propia salud, pero dentro de su libertad nosotros vamos a socorrerla con todos los medios que tenemos a disposición”, ha indicado la edil, detallando que se ha activado un “protocolo”, por lo que todos los días a las 14:00 horas la visita su doctora de Atención Primaria para “hacerle un control, pesarla y tomar sus constantes vitales”. “Esta situación no es agradable para nadie, pero menos para ella, que no tiene una salud de hierro para asumir esta situación tan delicada”, ha apuntillado.
Grela ha relatado que se encuentra en tratamiento desde noviembre del pasado año, tras tener conocimiento de la sentencia que invalidaba los contratos de alquiler y el desahucio de los pisos: “Me puse mala cuando me enteré en verano, me fui a pique”, lo que generó su ingreso hospitalario, ha indicado.
La vecina ha denunciado su situación ante la Policía Nacional, ya que asegura que tras el fallo judicial -emitido en enero del pasado año- abonó cuotas de alquiler, por lo que pide que “se declare nula la sentencia” que invalida los contratos de arrendamiento, que “hagan de nuevo el juicio” y que “investiguen a esas personas”, en relación a las empresas que han estado cobrando los alquileres.
Por ello, ha decidido iniciar una huelga de hambre en la puerta del Ayuntamiento, así como está recogiendo firmas porque el caso se está elevando al Parlamento por parte de los partidos políticos. El fin es que “se destape la verdad”, “prefiero que me pase algo diciendo la verdad que no irme con esta frustración”, ha subrayado.
También el pasado lunes tuvo lugar una concentración en la que Grela recibió el apoyo de los vecinos del inmueble, ha relatado Alba Moreno, otra vecina de El Calvario que reside en uno de los 29 pisos que se ha adjudicado la Sareb, asegurando que los mediadores de la entidad iniciaron la pasada semana el proceso para valorar la vulnerabilidad de las familias. Reclama que "se haga un alquiler a todos". "Nuestros contratos están en vigor, no somos unos okupas ni estamos aquí ilegalmnte ni hemos dejado de pagar la renta", ha agregado.
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