Al margen de declarar como testigo sobre convenios urbanísticos, el hasta hace poco tesorero del Ayuntamiento de Estepona, Félix Domínguez, también habló con los investigadores del caso Astapa sobre el Tribunal de Cuentas. Según recoge el tomo 16 del sumario, el habilitado nacional aseguró a la Policía que fue reemplazado como liquidador de las empresas municipales Estepona XXI cuando "tuvo que exigir responsabilidades societarias a los tres administradores de las sociedades", entre los que se encontraba el concejal del PES, José Ignacio Crespo, y el que fuera concejal de Turismo Antolín González. En aquel momento, PSOE y PES mantenían un pacto de gobierno.

El tesorero, además, declaró que en el Ayuntamiento de Estepona había "un gran numero de expedientes sancionadores a punto de prescribir o que habrían prescrito por dejadez" lo que supuso que el Ayuntamiento dejara de ingresar 10 millones de euros. Por su parte el que fuera gerente de la empresa Desarrollos Municipales, Juan Carlos Gurrea, que también declaró como testigo, preguntado a cerca de si el que fuera concejal de Hacienda, Francisco Zamorano "había cobrado en alguna ocasión comisiones a los proveedores del Consistorio", como por ejemplo a un empresario concreto, Gurrea aseguró que creía que sí, que "si querían que sus servicios fueran contratados por el Ayuntamiento, tenían que pagarle".

Los investigadores también preguntan a un notario de la localidad si alguien le había comentado "que miembros del Ayuntamiento les extorsionan", a lo que el testigo contesta asegurando que "le ha dicho algún promotor perjudicado directamente que personas del Ayuntamiento, sin especificar cargos, le han realizado insinuaciones para realizar disposiciones patrimoniales en perjuicio propio o de terceros a cambio de agilizar algún trámite relacionado con el Ayuntamiento". En relación a este asunto, los agentes le preguntaron al notario, según aparece en su declaración recogida en el tomo 16 del sumario, si sabía si ese dinero se pedía para pagar gastos municipales o si se dirigía a personas concretas, a lo que el testigo contestó afirmando que se daban "los dos casos, para gastos del Ayuntamiento y para personas en concreto".

Finalmente, el notario informa a la Policía Nacional que remitió al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales operaciones del abogado y militante socialista Juan Simón, una de las cuales afectaba a los que fueran concejales de Hacienda, Manuel Reina y Francisco Zamorano.

En otro orden de cosas el tesorero aseguró a la policía que en el Ayuntamiento se adjudicaban obras y parcelas "a dedo", mientras que el que fuera gerente de Desarrollos Municipales reconoció haber recibido presiones por parte de varios concejales "para que diera viabilidad" a las contrataciones de diferentes personas.