Torremolinos tacha de "irresponsable" la apertura de una residencia donde se iban a alojar 150 inmigrantes

La polémica por la apertura de una residencia privada en Torremolinos en la que se iban a alojar unos 150 inmigrantes continúa. El Ayuntamiento, que rechaza la apertura justificando que "carece de licencia de primera ocupación como de cualquier otra licencia de actividad", ha tachado este miércoles de "irresponsable" a la propiedad por "alojar en este edificio a cualquier persona" sin tenerlas.

Las dependencias de la antigua residencia Miratorre, situada en la avenida de Sorolla, 21, de Torremolinos, iba a acoger a un centenar y medio de migrantes, todos ellos adultos, de los aproximadamente 600 que llegaron a Estepona, trasladados desde Canarias, a principios de año. Sin embargo, el Consistorio, aduciendo la falta de licencias, "lo que conlleva, entre otros aspectos que no se han verificado, cuestiones tan básicas como la prevención de incendios o el circuito interno de agua", ordenó el "cese inmediato de su actividad". También sostiene en "ningún momento se han abonado las tasas que permitirían tramitar la declaración responsable" y trasladó la resolución a la Policía Local, que ordenó y precintó las instalaciones.

Además, el Ejecutivo municipal afirma que el propietario de la empresa, Alberto Benito, que presta el servicio de alojamiento, manutención y limpieza a la ONG Engloba, "tampoco ha aportado certificación de las empresas suministradoras, por lo que no existe garantía de que las personas alojadas puedan tener acceso a los servicios más básicos". Así, considera que este pretendía, por tanto, alojar a personas "sin que se hayan cumplido con trámites tan básicos y exigibles para cualquier tipo de actividad", cometiendo una "negligencia" y asegura que su situación le fue advertida vía notificación la semana pasada.

En concreto, en materia de Urbanismo, informa el Ayuntamiento, el propietario ha presentado "una documentación final de obra de 2013 firmada pero sin visar" y con "firma de un arquitecto diferente al que llevó la dirección de obra, que ya ha fallecido". Igualmente, sostiene que "no se aporta primera ocupación entonces, por lo que la licencia estaría caducada" y que la documentación que presentan al respecto "está firmada en 2025, sin que hayan sido capaces de acreditar si existía primera ocupación cuando supuestamente finalizó la última intervención en el edificio, hace ahora más de doce años". En paralelo, tampoco "consta informe de ensayo acústico, ya que lo que aportan lo firma un arquitecto, cuando este tipo de estudios tienen que hacerlo, conforme a ley, laboratorios especializados".

De esta forma aseguran que la documentación remitida por el promotor, este martes a las 14:31 y a las 14:59 horas, "presenta, como poco, inexactitudes y omisiones, de acuerdo con el reglamento de la Lista, por lo que queda inadmitida", así como que no se daban las condiciones en el edificio desde antes de que la entregara y que le había sido notificado.

En materia de Actividades Comerciales, por otra parte, se sostiene que "no se ha aportado informe de cumplimiento de normativa contra incendios; mientras que el proyecto de instalación de actividad debe ser visado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga". Por lo que, "hasta que no se cuente con estos informes", no se puede dar otro paso "como es el certificado de dirección técnica de las instalaciones".

Ante todas estas circunstancias, que, recalca el Consistorio, se exigen a cualquier actividad que se desarrolla en la ciudad para garantizar la seguridad, el equipo de gobierno lamenta que el empresario," en vez de cumplir con la legalidad, haga referencia a una supuesta xenofobia, que será estudiada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento para adoptar las medidas necesarias", en alusión a que el propietario expresó este martes que "teniendo todo en regla se impide que los usuarios entren" y que "a un Ayuntamiento que lleva a gala el ser abierto y friendly con la diversidad cultural, no les gustan estos inmigrantes porque son de color”.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento ha solicitado al Gobierno de España y a las ONG y entidades que colaboran en la integración y alojamiento de migrantes, que "velen también por el cumplimiento de la legalidad, tal y como se hacía previamente por parte de Cruz Roja y CEAR", entidades a las que antes se encomendaba esta labor; y que "no deleguen esa cuestión en empresarios que puede que prioricen el lucro de alojar a estos migrantes sobre otras cuestiones como la seguridad e integridad de las personas".

"El equipo de Gobierno desconoce el motivo por el que estas dos entidades, Cruz Roja y CEAR, de probada solvencia, ya no gestionan la integración de personas migrantes", expresan, apelando a "la responsabilidad de los nuevos agentes implicados por el Gobierno central, que deben también tener presente con qué empresarios trabajan y cuál es el nivel de seguridad y de garantías sociales de las instalaciones que ofrecen".

Por su parte, Benito, responsable de la empresa, asegura que llevan meses trabajando para presentar los trámites, es decir, la licencia de primera ocupación. Y afirma que el inmueble cuenta con "todos los permisos para su apertura" según establece la la ley de impulso para la sostenibilidad y del terrirorio de Andalucía (LISTA)", puesto que esta "faculta para realizar la actuación pretendida desde el día de su presentación, siempre que vaya acompañada de la documentación requerida conforme a la legislación vigente y sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección posterior que corresponda, como así se ha hecho". Asimismo, apostilla que lo que se ha hecho se ha realizado "conforme a los trámites a realizar que el propio Ayuntamiento tiene en su web, en la que se aplica la LISTA".

Este martes, Benito esgrimía la declaración responsable presentada ante el Ayuntamiento de la localidad, insistía que tiene la documentación “en regla” y criticaba el “despliegue policial” ante las instalaciones mientras los inmigrantes seguían en Estepona, listos para partir hacia Torremolinos. “Ya llevan varias horas montados en un autobús”, afirmaba a última hora de la tarde el responsable de la empresa propietaria del inmueble.