Dos vecinos del Calvario de Torremolinos serán desahuciados de sus casas en julio

Dos vecinos de la barriada de El Calvario de Torremolinos serán desahuciados de sus viviendas el próximo 1 de julio, tras una orden de lanzamiento dictada por el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de la ciudad, sin contar ambos con una alternativa habitacional en plena temporada alta en la Costa del Sol.

El caso deriva de un procedimiento de ejecución hipotecaria resuelto por el Juzgado a favor de la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb), e iniciado por ésta en 2018, tras absorber los activos de un préstamo impagado por el promotor de un edificio de viviendas destinadas al alquiler en Torremolinos, entre las calles Río Yeguas y Rodrigo. A su vez, esta promotora firmó sucesivos contratos con varias empresas para subarrendar los inmuebles y que el Juzgado ha considerado nulos, y por tanto, los suscritos entre estas compañías y los inquilinos.

En el marco del procedimiento judicial, el pasado año se celebró una subasta en la que 10 pisos fueron adquiridos por terceros, mientras otros 29 se han adjudicado a la Sareb tras pedir ésta la suspensión de la cesión a una persona jurídica, por lo que ofrecerá alquileres sociales a los vecinos que acrediten situación de vulnerabilidad. Ambos afectados por las órdenes de lanzamiento del Juzgado son residentes en esas diez viviendas que fueron compradas, dándose la casuística de que la propiedad de los dos inmuebles es supuestamente la misma, según han referido los moradores.

Uno de ellos es Rubén Guzmán, que deberá abandonar su casa el próximo 1 de julio, a las 11:00 horas, según la diligencia a la que ha tenido acceso este diario. El vecino ha apuntado que su situación es de “vulnerabilidad”, por lo que ha solicitado ayuda. “Que nos echen un cable porque estamos en manos de gente sin escrúpulos”, ha criticado.

“Estoy rodeado de cajas para empaquetar las cosas y a ver dónde terminamos en pleno julio en la Costa del Sol, tal y cómo están los precios”, ha lamentado Guzmán, quien ha destacado que cuenta con “20 días escasos para vaciar la casa y buscar algo”. En este sentido, ha apuntado que encontrar un alquiler en una ciudad como Torremolinos, “los 900 o los 1.000 euros no te los quita nadie””.

Por ello, pide que “la Sareb antes de que llegue la fecha de lanzamiento, nos solucione el tema de la vivienda y nos reubique en los pisos en los que sabemos que podemos optar a ellos”, ha referido en relación a los 29 que la entidad se ha adjudicado recientemente, así como otros inmuebles en lo que ha señalado que “están siendo usados para alquiler turístico o se ha metido a gente que no debe de estar”.

Otra afectada es Yolanda Grela, quien la semana pasada mantuvo una huelga de hambre en las puertas del Ayuntamiento para denunciar su situación. La mujer ha relatado que está en “shock” tras recibir la orden de lanzamiento de la vivienda, que deberá abandonar también el próximo 1 de julio, a las 11:00 horas.

Según ha relatado, su situación es de “vulnerabilidad extrema”, tanto a nivel “económico como social y sanitaria, con una discapacidad del 40%”. La vecina ha declarado sentirse “en shock de ver cómo funciona todo, con frustración e impotencia”, asegurando que no tiene alternativa habitacional.

“Estamos hablando de julio, agosto y septiembre aquí, ni se han esperado a después de verano, han ido con mala fe en todas partes”, ha exclamado. Grela pide que “se pare en el Juzgado el desahucio del día 1 de julio” y que “no echen para atrás la vulnerabilidad extrema que se presenta para parar este dislate”.

El Ayuntamiento no cuenta con “viviendas alternativas”

La concejala de Bienestar social del Ayuntamiento de Torremolinos, Gloria Manoja, ha incidido en que ambos afectados por el lanzamiento, cuentan con los “informes de vulnerabilidad” emitidos por los Servicios Sociales. De hecho, ha remarcado que son “de los más vulnerables en el edificio”.

Como alternativa habitacional, la edil ha apuntado a “las viviendas que se puedan quedan libres de la Sareb”, una vez que se resuelva la valoración de la situación de vulnerabilidad de los vecinos. “Ahí a lo mejor puede haber alguna alternativa habitacional”, ha apuntillado.

Manoja ha señalado que el Ayuntamiento no cuenta con “viviendas alternativas” o sociales para paliar la situación de estos vecinos, precisando que solo existe una “ordenanza de emergencia” mediante la cual se pueden otorgar ayudas económicas para “pagar la fianza y el primer mes” de alquiler.

Por otro lado, ha señalado que desde los Servicios Sociales se ha aconsejado a los afectados acudir al Colegio de Abogados para “pedir un abogado de oficio”, “solicitar la suspensión de plazos” y “aportar sus informes de vulnerabilidad”, al objeto de que “el letrado de la Administración de Justicia tenga conocimiento de que son familias vulnerables” y “paralizar el procedimiento”.

Manoja ha indicado que el Ayuntamiento libró un “oficio” al Juzgado para comunicar que “el 85% de las familias del inmueble son vulnerables y todas tienen sus informes de vulnerabilidad”. Asimismo, se ha enumerado la casuística, asegurando que “hay personas mayores, enfermas, dependientes, muchos con problemas económicos o en riesgo de exclusión social”.