Se vende finca de 1,3 millones por 34.000 euros

La casa de F. Prieto está en venta. No soporta más el calvario que viene soportando desde que en el año 2001 le expropiaran parte de unos terrenos anexos a su vivienda y por los que el Ayuntamiento aún no le ha pagado la compensación. Como consecuencia, dejó de pagar el IBI de la finca que en teoría ya no era suya hasta acumular una deuda de 19.494 euros con las arcas municipales. Sin embargo, en 2013 sacaron a subasta otra de sus fincas, tasada en 1,3 millones, y que finalmente fue adjudicada a la firma Inmonautic Alfa Sierra S.L. por tan solo 34.000 euros. "Llegué a un acuerdo con el Ayuntamiento por el que me fraccionaron el pago de la deuda en tres años. Nada más realizar el primer pago, la subasta se anuló. Continué pagando pero a los dos meses volvió a salir y finalmente se adjudicó", explica.

Es solo uno de los 80 embargos municipales adjudicados a precios irrisorios que la Justicia investiga por presuntos delitos de falsedad, tráfico de influencias y prevaricación. Y es que, pese a que las deudas oscilan mayoritariamente entre los 1.000 y 6.000 euros, los afectados han llegado a perder inmuebles tasados en más de 100.000 y adjudicados por una ínfima parte de su valor. Como H. Balafkir, que por una deuda de 3.575 euros el Ayuntamiento le subastó una propiedad valorada en 136.404 euros por solo 20.364; o G. Jhon, quien por deber 1.787 euros ha perdido un inmueble, tasado en 115.726 euros, por 25.550 euros.

A. Sánchez es otra de las afectadas. Aún vive en la que ha sido su casa durante más de dos décadas junto a su marido y sus tres hijos. Sin embargo, su vivienda aparece ya a nombre de un tercero en el registro. Tenía una deuda de unos 21.000 euros de IBI, y su marido, como consecuencia de una construcción irregular, una multa de 51.000 euros. "Pese a tener la separación de bienes el Ayuntamiento procedió solo en contra de los bienes de Ana", explica Antonio Moles, letrado del caso, quien relató que pese a que su cliente trató en varias ocasiones saldar la deuda, se le denegó porque "le exigían que debía pagar también la del marido".

En 2011, su vivienda, tasada en 367.865 euros, entró en subasta por adjudicación directa, que acabó ejecutándose por 110.000 euros pese a que "inicialmente la mesa paralizó la subasta porque consideraban que podía existir un enriquecimiento sin causa de la persona a la que se había adjudicado y un perjuicio del deudor", comenta Moles. Asimismo, y pese a que la vivienda ya aparece en el registro a nombre del subastero, Sánchez sigue recibiendo los recibos de IBI de su vivienda.

Según las últimas estimaciones, el listado que se ha facilitado al juzgado estaría incompleto, por lo que el sindicato Manos Limpias ha solicitado que se complete y se añadan adjudicaciones que en primera instancia se habrían ocultado. "Ante eso hemos solicitado a su señoría que solicite un nuevo listado de adjudicaciones al Ayuntamiento y también unos expedientes donde teníamos conocimiento de que existían errores", manifestó Rafael Prieto, coordinador de Manos Limpias en Málaga. También se ha denunciado que se habrían llevado a cabo adjudicaciones de viviendas con fecha anterior a la celebración de la subasta, o incluso que se han otorgado licencias de obras tan solo dos días después de la adjudicación. Asimismo, la mayoría de los afectados son extranjeros, algunos de los cuales se encontrarían incluso fuera del país, o personas aquejadas por graves enfermedades.

Uno de los últimos casos en conocerse fue el de S. Martín. El Ayuntamiento sacó a subasta un inmueble de su padre, que se acabó adjudicando a sí mismo, por una multa de 62.000 euros. "Llegaron una mañana sin avisar. Me dicen que estaba embargado, cambiaron la cerradura, y desde aquel momento no hemos vuelto a entrar", comenta. Sobre el citado edificio había una orden de demolición, sin embargo, el Consistorio la habría estado utilizando para su propio beneficio durante los últimos años. "A esto se le suma que en estos dos o tres años en ningún momento se ha cambiado el nombre del propietario en el registro, sino que sigue a nombre de mi padre, a quien le siguen llegando los recibos de luz, agua, IBI y comunidad", agrega. El caso fue llevado a los tribunales en diciembre del año pasado por el grupo municipal socialista.

Recientemente, tras las últimas publicaciones realizadas en prensa, como un reportaje de Interviú en el que se establecen supuestas relaciones entre los subasteros y miembros de la anterior corporación, han vuelto a saltar las alarmas en el ámbito político local. El PSOE ha llegado a solicitar la destitución del concejal de Hacienda, Mario Bravo, y en el próximo Pleno pedirán la creación de una comisión de investigación sobre las subastas de casas embargadas.

Por su parte, el alcalde de Mijas, Juan Carlos Maldonado, recordó que en el pasado mes de octubre se suspendieron las adjudicaciones directas tras la denuncia de varios de los afectados y del sindicato Manos Limpias teniendo en cuenta que estas "no mantenían un principio de proporcionalidad". En el pasado mes de enero, una vez aprobadas las nuevas bases de ejecución en los presupuestos de 2016, se reanudó el proceso con un porcentaje mínimo del 50%, además de establecer un espacio de tiempo entre la subasta y la adjudicación directa de seis meses. Por último, el primer edil incidió en que quiere esperar a que sea la Justicia quien se pronuncie "para depurar responsabilidades políticas".