Los seis acusados en el caso Acinipo, la trama de supuesta corrupción político urbanística en Ronda, se han declarado inocentes. El juicio ha comenzado este lunes en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, y durante la mismo el magistrado presidente ha preguntado a cada uno de ellos cómo se declaraban, a los que uno a uno han contestado que inocentes.

En el banquillo de los acusados hay tres exconcejales (uno sigue siendo edil), el exsecretario municipal, el que fuera arquitecto del Ayuntamiento y un empresario. También estaban acusados el exalcalde Antonio Marín Lara y un empresario, pero ambos han fallecido.

Los procesados están acusados de prevaricación, falsedad y cohecho en relación con operaciones urbanísticas en el municipio.

En el trámite de cuestiones previas tres abogados han planteado prescripción, además de nulidad de ciertas actuaciones por vulneración de derecho de defensa y dilaciones indebidas, entre otros argumentos. Tanto el fiscal como la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida, han rechazado los argumentos esgrimidos por las defensas y el ministerio público ha hecho un "reproche penal" a los acusados sobre el delito de cohecho porque aceptaron una dádiva para apoyar unos intereses de un particular.

La sala ha desestimado todas las tesis de las defensas aunque se reserva el derecho de cambiar de opinión si a lo largo del juicio, cuando se tenga un conocimiento más profundo del asunto, se demostrara lo contrario.

La operación Acinipo saltó a la luz pública el martes 27 de septiembre de 2011, cuando la Policía tomó el Ayuntamiento de Ronda, aunque la investigación arrancó dos años y medio antes tras la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Según el relato acusatorio, al que ha tenido acceso EFE, los acusados cometieron diversas irregularidades entre ellas las urdidas por el exregidor y un empresario local, ambos fallecidos, para instalar un centro comercial en Ronda con gestiones que se iniciaron en 1998.

Las acusaciones mantienen que hubo varios intentos fallidos en el proyecto y finalmente se consiguió tras permutar por otros terrenos la parcela municipal en la que se asentaba el recinto ferial de Ronda de manera irregular, directa y arbitrariamente.

Anticorrupción mantiene que no está acreditado que el entonces regidor adoptara ciertas decisiones a cambio de contraprestaciones o promesas de naturaleza económica, "pero no descartaba entonces la posibilidad de recibir futuras ayudas del empresario", ahora fallecido.

Para esta operación supuestamente "contó con la colaboración" del arquitecto y secretario municipal, también acusados en este procedimiento, y urdieron presuntamente "un sencillo plan" que fue ejecutado durante mayo y junio de 2005, basado en la incoación y tramitación por diferentes órganos municipales de dos expedientes separados, uno de permuta y otro de planeamiento urbanístico.

De esta manera parecía que se trataba de actuaciones promovidas por dos empresas diferentes y carentes de una causa común porque "la finalidad era desvincular la permuta de las modificaciones urbanísticas", siempre según la versión de la acusación pública.

El exalcalde y dos exconcejales están acusados también de aceptar un préstamo de 45.000 euros del empresario fallecido y así garantizar que la corporación votara a favor de sus intereses, dinero que los ediles nunca devolvieron y tampoco se lo reclamaron.

El promotor del centro comercial obtuvo, a cambio, una moratoria de año y medio para pagar los casi 500.000 euros que debía abonar al consistorio en concepto de garantía ante la ejecución de la obra.

Además Marín Lara, que siempre proclamó su inocencia, estaba acusado de otorgar "de forma directa y arbitraria" obras por 298.400 euros a un amigo constructor, acusado también en este caso, procedentes de las ayudas por inundaciones en 2010.

El juicio está señalado hasta el 22 de julio, día que tienen previsto las conclusiones y los informes finales