Silvema Ecologistas en Acción pidió este viernes a los ayuntamientos de Arriate, Benaoján, Cortes de la Frontera y Jimera de Líbar que soliciten a las administraciones responsables de solventar la falta de depuración que se apueste por un sistema sostenible y advierten de “graves consecuencias” que se producirían en la cuenca del Guadiaro. En este sentido, han pedido la instalación de una depuración ecológica o mixta que aseguran que “son más eficientes y que sus costes de mantenimiento sean viables para el futuro de los municipios”.

“Estas administraciones vuelven a caer en errores del pasado al descartar sin la debida justificación técnica, alternativas de depuración ecológica y extensivas o mixtas, apostando nuevamente por sistemas intensivos de depuración convencionales, con los importantes impactos económicos y ambientales que estos tienen, sin tener en cuenta la sensibilidad ambiental y protección que merece este entorno de la Red Natura 2000”, explicaron desde la asociación.

Además, desde el colectivo sostienen que “lo proyectado no solventará el problema de los vertidos en dicha cuenca y supone un derroche de fondos públicos, además de las afecciones ambientales que no se han tenido en cuenta”. Por ello han insistido en que deben ser los ayuntamientos los que pidan el cambio de sistema ahora que se encuentra en proceso de elaboración del evaluación ambiental.

Y es que sostienen que “ dos de cada tres depuradoras de pequeños municipios andaluces no están funcionando o no cumplen con los valores de vertido que exige la normativa estatal y europea, lo que se debe principalmente a los altos costes de mantenimiento, operación y energético de los sistemas de depuración intensivos”, al que aseguran que “impide” que estos municipios puedan hacerles frente con cargo a sus modestos presupuestos municipales, algo que unen a la escasez de medios técnicos que suele existir en las pequeñas localidades como las ubicadas en esta cuenca.

En este sentido, han explicado que estos costes podrían llegar a suponer en un 6% y un 10% del presupuesto anual de estos municipios “lo que a todas luces es inviable económicamente, salvo que terminen pagando los vecinos dichos costes en su factura del agua”, afirmaron.

Este colectivo rechaza el argumento esgrimido sobre la falta de tiempo para modificar los proyectos debido a los plazos establecidos desde Europa para el empleo de los fondos comunitarios, ya que consideran que ha “suficiente plazo” hasta el año 2023. Finalmente, anuncian que si las administraciones implicadas insisten en no estudiar sistemas más sostenibles y más eficaces podrían elevar una queja a la Comisión Europea.