Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el sector cárnico español en una entrevista en el diario The Guardian han generado una gran polémica y han abierto el debate sobre las llamadas macrogranjas, aunque ese término oficial no existe en España, ya que la ganadería se divide entre la intensiva (alimentación bajo techo) y extensiva (la que se alimenta mayoritariamente del pasto de campo).

En este sentido, el presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria de la Serranía de Ronda y vicepresidente de Asaja Málaga, Miguel Ángel Guerrera, señalaba que “el problema no es abrir el debate sobre intensivo o extensivo, es que se lanza un mensaje en la prensa internacional en el que al final al consumidor de fuera lo que llega es que en España se hace carne de mala calidad y eso nos puede perjudicar a todos”. Mientras tanto, los ganaderos de producción intensiva y veterinarios del sector apuntan a que el control sobre el sector cárnico es máximo, con controles sobre aspectos casi inimaginables de cada explotación.

En concreto, señalan que las explotaciones intensivas (más conocidas popularmente como granjas) tiene que cumplir con una rigurosa norma de bienestar animal que en función del tipo de animales determina las condiciones en las que tienen que vivir, desde los metros cuadrados que deben tener las instalaciones por cada ejemplar, las características de las mismas o la temperatura que debe existir en las diferentes épocas del año. “Detrás de todo eso hay un equipo de veterinarios de la administración que se encarga de controlar que se cumple de manera exhaustiva”, explica uno de los productores que prefiere hacerlo desde el anonimato.

Además, también deben contar con diferentes niveles de planes medioambientales para la gestión de los residuos que se puedan generar y que tienen que ser aprobados por los ayuntamientos o la Junta de Andalucía, en función del número de animales que esté previsto tener.

En cuanto al suministro de medicamentos, es otro aspecto sobre el que resaltan el importante desconocimiento que consideran que existe. “Administrar un medicamento a un animal está más controlado que hacerlo a una persona”, dice Reguera, que explica que debe ser informado el veterinario y éste es el encargado de determinar si extiende la receta, siendo únicamente para el animal que pueda estar enfermo y que está identificado mediante su correspondiente número de crotal.

Además, también queda registrado en una base oficial los medicamentos que están siendo administrados en cada explotación en todo momento. A ello se une un protocolo sobre el tiempo que debe estar el animal sin que su leche o carne puedan ser consumidas en caso de que el tratamiento prescrito por el veterinario así lo requiera. “Si aplicas antibióticos, no se respeta ese tiempo y te encuentran restos en la leche que vendes, terminas en el penal de El Puerto”, afirma rotundo Reguera, que no da crédito a que todavía puedan existir consumidores que crean que se aplican hormonas (prohibidas en España desde la década de los 80) o medicamentos sin ningún tipo de control.

Vacas en la dehesa de la finca.

En cuanto al control de las carnes que se producen en estas explotaciones intensivas, las fuentes consultadas aseguran que existen multitud de controles oficiales durante la cría de los animales y posteriormente una vez que llegan a los mataderos, por lo que todas ellas cumplen con los estándares de calidad fijados por la actual normativa antes de que puedan llegar al mercado. “Primero ejercen el control y vigilancia los veterinarios de la Consejería de Agricultura y posteriormente entran los veterinarios de la Consejería de Salud”, explican estas fuentes, que aseguran que son “muchos y muy exhaustivos” los controles que se hacen a lo largo de todo el proceso que se sigue hasta que la carne llega al mercado.

“No se puede decir que esa es carne de mala calidad y que se maltratan animales”, insiste Reguera, al tiempo que señala que “cumple con toda la normativa de calidad y bienestar animal que la propia Administración impone”.

Un control que se ejerce del mismo modo sobre las explotaciones extensivas, que también cuentan con una legislación específica y que tienen los mismos controles por parte de las distintas consejerías implicadas.Precisamente, este modelo es el que el ministro de Consumo aclaró posteriormente que pretendía defender al considerar que produce carne de más calidad y genera un menor impacto sobre el medio rural.

Un sistema en el que el ganado vive en libertad en el campo, se alimenta del pasto que encuentra y el tiempo que viven los animales que posteriormente son sacrificados suele ser mayor al necesitar un mayor periodo para alcanzar los kilos que se reclaman en el mercado para la venta.

Uno de estos ganaderos es el propio Miguel Ángel Reguera, que posee una explotación de vacas para carnes en modelo ecológico. En su caso cuenta en la actualidad con 140 ejemplares que pastan en unas 760 hectáreas de terreno, principalmente dehesa. Vacas que viven en libertad, paren en el campo, se alimentan del pasto crecido de forma natural o de aquel que ha sido sembrado para las épocas de verano, salvo momentos como los actuales en los que la sequía hace que necesiten una aportación complementaria en forma de paja o tacos ecológicos.

Una explotación que reconoce que sin las ayudas de la Unión Europea no sería rentable. Y es que asegura que en la actualidad no existe un mercado suficiente que pague ese valor añadido que supone la cría en ecológico.

De hecho, sus últimos terneros han sido vendidos en lonjas de ternero tradicional, con unos pagos que han rodado los 2,86 euros por kilo para los terneros y 2,51 euros por kilo para las terneras, unos precios que han logrado gracias a agruparse en Bovinos del Sur. “Existe un mercado ecológico, pero muy pequeño y no es suficiente”, dice Reguera, que considera que la cuestión sería apoyar más a la ganadería extensiva para que pueda ser más rentable y hacerse más atractiva para el ganadero que lanzar ataques contra otro modelo.

Manuel Orellana junto a su rebaño de ovejas.

Un ejemplo todavía más ajustado al ideal defendido por el Ministerio de Consumo sería el implantado por Manuel Orellana en su finca, en el que se compagina la producción ecológica de carne con el equilibrio entre ganado y terreno, lo que conlleva un complejo proceso para adaptar la carga ganadera a las condiciones de cada año, rotar los animales en las diferentes parcelas en las que está dividida la finca para obtener un abono natural y conseguir un círculo completo en el que los animales se alimentan exclusivamente de lo que son capaces de producir las 70 hectáreas que tiene de extensión. En ellas viven unas 100 ovejas, entre ocho y 10 vacas madre y cuatro cerdas, aunque su número siempre no es el mismo y depende de la capacidad de alimentación de la finca cada año.

En su filosofía de explotación se encuentra que el animal tenga el mínimo estrés posible y mantenga el contacto con su madre hasta que es vendido, alimentándose solo de su leche y las leguminosas y cereales que se cultivan en la finca. A ello se suma la autoregeneración del terreno, incluso se controla la carga de estiércol que produce el ganado en cada parcela de forma natural y el ph mediante sondas.

En su caso asegura que sí encontró un mercado dispuesto a pagar ese valor añadido que considera que produce a su producto el modelo para su cría, habiendo logrado vender sus terneros a una media de unos 4 euros por kilo de peso.

Por otra parte, los corderos tienen un precio de unos 60 euros por cada ejemplar con un peso de entre 12 y 15 kilos, mientras que cada cerdo ibérico que logra vender le reporta unos ingresos de unos 400 euros.Unas cantidades que considera que podría aumentar de forma considerable si la legislación fuese adaptaba para potenciar este tipo de explotaciones y se facilitase la posibilidad de realizar la transformación directa del producto. “Si yo pudiese sacrificar mis propios animales en un pequeño matadero dentro de la explotación podría aumentar los ingresos”, sostiene, al tiempo que resalta que ese hecho también reducirá el estrés que sufre el animal en el transporte y que considera que afecta a las cualidades que luego tiene la carne.

Por ello considera que el camino a seguir debe ser el conseguir un sello diferenciador de cada explotación y hacer posible que sea viable la venta directa, sin que ello suponga una reducción de los controles de seguridad que existen en la actualidad.

En este sentido, considera que el ministro Alberto Garzón fue “valiente” a la hora de abrir un debate que cree que es necesario, aunque reconoce que se pudo equivocar en la forma de hacerlo mediante un ataque al modelo intensivo, que cumple con la normativa establecida, en lugar centrarse en resaltar y destacar las ventajas del modelo extensivo para consumidores y medio.

Al mismo tiempo, apunta que el trabajo debe ser el conseguir una normativa que haga que estas explotaciones extensivas sean mucho más rentables, lo que ayudaría a fijar población en el territorio, las convertiría en posibles formas de vida atractivas para jóvenes, ayudaría a la conservación del medio rural y atraería a otros ganaderos.