La subcomisión del Congreso sobre la reforma de la ley del aborto inició sus comparecencias con la presencia de sectores a favor y en contra de esta práctica. Entre ellas destacó la intervención del Foro de la Familia, cuyo presidente, Benigno Blanco, vaticinó "más violencia machista hacia la mujer que aborte". Por su parte, las asociaciones feministas se mostraron a favor de la despenalización del aborto y abogaron por "una ley que haga conciliable el derecho a decidir de las mujeres con una adecuada protección del derecho a la vida", según explicó la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto. Además, se manifestaron en favor de regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

En declaraciones a los medios a la salida de la subcomisión a puerta cerrada, Blanco, que compareció a petición del PP, destacó que la actual normativa sobre el aborto ha generado "una situación violenta, machista y coacción de género contra la mujer embarazada" porque "todo su entorno la deja sola" ante su decisión y "nadie se responsabiliza con sus problemas". "Hay muchas mujeres que se ven abocadas al aborto sin libertad alguna, porque la ley las ha hechos susceptibles de ser chantajeadas emocional y laboralmente para que aborten", aseveró. En este sentido, señalo que la despenalización del aborto "agravará esta situación de injusticia ya que al no haber ninguna restricción, la mujer sufría más coacción y más violencia machista". 

Ante esto, para Blanco, "la única solución progresista es proteger siempre y en todos los casos la vida del no nacido como ser humano que es y proteger siempre y en todos los casos a la mujer para que nunca se vea abocada al aborto por falta de solidaridad social". Además, Blanco solicitó a los diputados de la subcomisión que propongan al Gobierno una "solidaridad activa de las políticas públicas con la mujer embarazada", así como que estudien "por qué fracasan continuamente las políticas de educación sexual y de fomento del preservativo". 

"El Estado lleva 30 años gastando muchísimo dinero en este tipo de políticas y siguen aumentando el número de abortos y de embarazos indeseados, sin que se haya contenido la expansión de las enfermedades de transmisión sexual. Ya es hora de que alguien analice esta cuestión a fondo". 

En el lado opuesto se situó durante el debate la presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, que compareció a propuesta del PSOE y planteó a la subcomisión sacar el aborto del Código Penal para garantizar el "derecho de las mujeres a decidir". "El aborto es un elemento de garantía, no debe ser un delito despenalizado sino que tiene que estar íntimamente relacionado con los derechos sexuales y reproductivos", agregó.

Soleto apostó por "una ley que haga conciliable el derecho a decidir de las mujeres con una adecuada protección del derecho a la vida en función del desarrollo embrionario". "No tiene ningún sentido esta ley restrictiva como la actual, que lo único que ha provocado son problemas de inseguridad jurídica". Para esta feminista, la mejor opción sería una "combinación de la libre decisión de las mujeres dentro de un plazo no inferior a las 16 semanas" con una serie de supuestos en los que también se pueda abortar una vez transcurrido ese tiempo.

En esta misma línea, la representante de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, Justa Montero, pidió "un cambio urgente porque la actual normativa genera inseguridad jurídica" a las mujeres que abortan y a los profesionales sanitarios que las atienden, y "no garantiza" que se puedan practicar abortos en los hospitales públicos. Montero, propuesta por ERC-IU-ICV, abogó por una normativa que respete el derecho de las mujeres a decidir, "que cuando lo hacen siempre tienen alguna razón". Además, pidió medidas que garanticen la "educación sexual en los colegios y que las mujeres tengan derecho a la anticoncepción dentro de las prestaciones de la Seguridad Social". 

La representante de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas, también se mostró partidaria de "regular la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, porque es uno de los elementos que impiden que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo" en los hospitales públicos. En concreto, propuso tener una relación de los profesionales que atienden las demandas de estas mujeres en todos los centros públicos. "Una institución sanitaria pública no puede objetar. Hoy en día se produce esa objeción cuando se ponen trabas a los profesionales que sí estarían dispuestos a realizar las interrupciones", agregó. 

Mientras tanto, un grupo de voluntarios de la plataforma Derecho a Vivir (DAV), vinculada a HazteOir.org, representó a las puertas del Congreso "el drama y el negocio del aborto" para denunciar que "la libertad de la mujer para disponer de una alternativa al aborto está amenazada por los intereses de la industria abortista". Tres mujeres, que simulaban estar embarazadas del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y de la presidenta de la subcomisión, Carmen Calvo, escenificaron que acudían a una clínica abortista en la que un hombre con un manto negro (disfrazado como la muerte) les indicaba su derecho a decidir al tiempo que les pedía que no se olvidaran de "pasar por caja". Antes de que las mujeres tomaran la decisión, aparecía una mujer envuelta en una sábana blanco, que representaba la vida, que les informaba de las ayudas que podía recibir ella y su hijo.