El Gobierno japonés aprobó ayer una ley para ayudar a Tepco, operadora de Fukushima, a afrontar las millonarias indemnizaciones para las víctimas del accidente nuclear, que puso en jaque el futuro de la mayor eléctrica nipona.

La ley, crucial para la supervivencia de Tokyo Electric Power, debe recibir aún el visto bueno de un Parlamento dividido, con la oposición en pie de guerra y una oleada de peticiones de dimisión inmediata del primer ministro, Naoto Kan, por su gestión de la crisis desatada por el seísmo y tsunami del 11 de marzo.

La nueva norma, que se espera sea debatida en el Parlamento antes de fin de mes, establece la creación de un fondo financiado con dinero público, con préstamos de instituciones financieras y con contribuciones de otras operadoras de plantas nucleares. Por el momento su cuantía no se ha especificado, pero sí ha quedado claro que Tepco deberá devolver en un futuro el dinero que haya utilizado.

Según cálculos de Bank of America-Merrill Lynch, la suma podría alcanzar los 90.000 millones de euros, mientras que analistas de la casa de valores Nomura prevén que podría ascender a unos 50.000 millones de euros.

A la espera de que se concrete el alcance de la crisis, aún abierta, Tepco ya aprobó el pasado abril un primer paquete de compensaciones de unos 432 millones de euros para los 48.000 hogares situados en un radio de 30 kilómetros de la central nuclear.

La empresa, la única que provee de electricidad a los 30 millones de habitantes del área metropolitana de Tokio y zonas colindantes, ha perdido más de un 90% de su valor en la Bolsa desde el 11 de marzo.