La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado que "nadie va a quedar desatendido" en los centros sanitarios, durante la apertura de una reunión en Valladolid con consejeros de nueve autonomías. Mato ha expresado que la asistencia sanitaria "se seguirá prestando a todo el que lo necesite" por medio de los "procedimientos de gestión" que desarrollarán las comunidades autónomas "sin que por ello se genere ningún derecho, que pueda dar lugar a ciertos abusos ni que ponga en riesgo la sostenibilidad del sistema".

Mato ha considerado que el pago del servicio sanitario por aquellos ciudadanos que no tengan tarjeta no supone novedad; ha recordado que este precepto estaba ya previsto en la Ley General de Sanidad de 1986 y ha subrayado que el modelo propuesto garantiza la asistencia a todos los menores y las mujeres embarazadas. Además, ha insistido en que está garantizada la prevención y el control de enfermedades transmisibles a través de los programas de salud pública, así como los tratamientos de urgencia y el seguimiento de los crónicos "para extranjeros sin cobertura asistencial y sin residencia legal". "No es una cuestión de ajuste económico, se trata de cumplir con el reglamento europeo y con las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas", ha remarcado Mato, convencida de que con estos cambios en el marco legal del aseguramiento se garantiza "el principio de reciprocidad" cuando los españoles viajan al extranjero.

La ministra ha afirmado que estas medidas van a servir para "poner freno al turismo sanitario", que según los cálculos del Tribunal de Cuentas utilizados por Mato ha costado a España cada año más de mil millones de euros. En general, ha opinado que estos cambios son un "gran paso hacia la universalidad" al conseguir "por primera vez" que "todos los españoles y extranjeros con residencia legal" en España tengan "garantizado el derecho a la sanidad a través de la tarjeta sanitaria".

Mato ha considerado que la reforma "avanza y está dando pasos en el camino de la sostenibilidad" con "importantes resultados", entre los que ha citado la reducción del gasto farmacéutico, conocida en los últimos días y que ha supuesto una disminución de casi el 24 por ciento en julio -221 millones menos- respecto al mismo mes del pasado año, como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo copago. Por último, la ministra se ha referido a los avances en materia de compra centralizada de medicamentos y ha recordado que recientemente se ha logrado un acuerdo con las autonomías para adquirir conjuntamente las vacunas infantiles para 2013 y 2014 y lograr así un ahorro de 31 millones de euros.

En este balance de las medidas aplicadas hasta el momento, Mato ha afirmado que "la universalidad, gratuidad y carácter público de la asistencia sanitaria están y van a seguir estando garantizados, contando en todo caso con la colaboración de los profesionales sanitarios", a los que se ha referido como el "mejor activo" del sistema. A la reunión, considerada como "deliberativa" e "informal" asistieron los consejeros de Aragón, Murcia, Galicia, Cataluña, La Rioja, Madrid, Baleares, Extremadura y Castilla y León, mientras que los representantes de autonomías como el País Vasco, que en los últimos días han polemizado con el Ministerio por los datos del gasto farmacéutico, no han participado al no tratarse de un encuentro de carácter "decisorio".

Andalucía, Asturias, Canarias y Euskadi rechazan los recortes y piden diálogo

Los departamentos de Sanidad de Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco, que no han asistido a la reunión de Valladolid con la ministra Ana Mato, han pedido al Gobierno que impulse el diálogo y han rechazado los recortes que entran en vigor el sábado. En un comunicado conjunto difundido desde el Gobierno Vasco, los responsables de Sanidad de estas cuatro comunidades autónomas han explicado que se han ausentado de la reunión "informal" convocada por Castilla y León, a la que se ha sumado el Ministerio de Sanidad, porque no respaldan las políticas "regresivas" que se van a implantar a partir del 1 de septiembre. Así, se han referido expresamente a la "retirada de medicamentos del sistema de financiación pública" y a la "implantación de un sistema de aseguramiento ya superado en España que pone fuera de la asistencia sanitaria pública a ciudadanos españoles" y "a extranjeros que residen en España". En este sentido, han expresado su rechazo "a todas aquellas medidas que vayan en contra de mantener los principios de universalidad de la atención y cohesión del sistema territorial".

Asimismo, han pedido, "una vez más", al Ministerio de Sanidad "que impulse el diálogo social e institucional con todas las autonomías, partidos políticos y agentes sociales en el seno del Consejo Interterritorial y en las sedes parlamentarias". También han solicitado al Ministerio de Sanidad que respete el ámbito de decisión de las autonomías y que entienda que la sanidad es un espacio constitucional de responsabilidad compartida. Han recordado que la aportación de las comunidades autónomas puede además mejorar la calidad y eficiencia de la sanidad española. Además, han advertido de que la reforma del Sistema Nacional de Salud debe partir del diálogo conjunto institucional y democrático, situación que no se ha dado hasta ahora.

Por último, han advertido de que la solución a la actual situación de retracción de la economía no pasa por imponer un modelo económico y social basado en la restricción de derechos fundamentales básicos como la sanidad, ni por privatizar la cobertura y gestión de los servicios públicos. También han considerado que el respaldo social, político y profesional que existe actualmente en torno al Sistema Nacional de Salud "puede quebrarse si prolifera la pérdida de los principios de equidad y cohesión".