Un 93,3% de delitos ambientales en España entre 2015 y 2020 quedaron sin juzgar, según una investigación realizada por WWF con el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT), la Universidad de Granada (UGR) y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Concretamente, de los 4.902 casos registrados, 327 obtuvieron sentencia judicial, es decir, un 6,67%.

Los resultados del informe han sido presentados este miércoles en unas jornadas técnicas sobre delitos contra la vida salvaje celebradas en el salón de actos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).

Durante las jornadas, diferentes expertos han abordado la magnitud e impactos del furtivismo, así como los objetivos y motivaciones del Plan de Acción Esañol contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (TIFIES).

"Los delitos medioambientales son delitos muy técnicos que hay que investigar mucho y especializarse, hay que trabajar desde la base, hay que sacar casos y no conformarse", ha apuntado el jefe del Equipo de Lucha contra Delitos Medioambientales de Europol, José Antonio Alfaro.

Dentro de los delitos de carácter ambiental está el tráfico de especies, como ha explicado la Jefa de sección del área encargada del plan TIFIES en el MITECO, Diana Pérez-Arana, es "el tercer negocio ilícito (por detrás del tráfico de armas y droga) más lucrativo a nivel mundial" que, en el mercado negro, mueve en torno a 10.000 y 23.000 millones de euros al año.

En los últimos años, esta actividad ha experimentado un crecimiento "exponencial" más acusado en el tráfico de determinadas especies como los rinocerontes, elefantes o tigres, entre otros. Así, Pérez-Arana ha incidido durante su ponencia en que, solo en siete años comprendidos entre 2007 y 2014, en Sudáfrica la tasa de caza de rinocerontes se incrementó en un "siete mil por ciento", pasando de 13 ejemplares asesinados a 1200 con el mismo fin.