Redondo tras el primer Comité de Crisis del año: la violencia machista no es un “drama familiar”, es un crimen con sanción penal

En los primeros días del año se han producido tres asesiantos machistas: Madrid, Jaén y Las Palmas de Gran Canaria. En ese sentido, el ministerio de Igualdad convocó de urgencia para analizar los últimos crímenes acontecidos en el último mes de 2025, en el que la titular del departamento, Ana Redondo, ha reclamado un cambio profundo en la manera en que la sociedad aborda la violencia machista: dejar de escrutar a las víctimas y poner el foco, sin ambigüedades, en los agresores. “Quien asesina a su pareja o ex pareja se enfrenta a penas que destruyen su propia vida: entre 15 y 25 años de prisión, e incluso la prisión permanente revisable”, ha subrayado.

"El estigma debe caer sobre el agresor"

Redondo ha insistido en que este mensaje debe ser claro y reiterado: la violencia machista no es un problema privado ni un “drama familiar”, sino un crimen grave que conlleva una sanción penal y una condena social. “Hay que señalar al maltratador como lo que es: un mal ciudadano, un mal padre y una mala persona. El estigma debe recaer sobre el agresor, no sobre la mujer asesinada”, ha defendido. De este modo, la ministra ha realizado estas declaraciones antes de presidir el comité de crisis en el que, junto a otros ministerios, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas, se analizarán los doce feminicidios registrados en noviembre y diciembre de 2025. Un ejercicio que, ha recalcado, no es burocrático, sino imprescindible para detectar fallos del sistema y corregirlos; si bien los mecanismos preventivos no surten el efecto que deberian.

"Fracaso colectivo"

Pese a que 2026 ha comenzado con asesinatos machistas —en Jaén y en Las Palmas; a falta de confirmación oficial del de Madrid el 1 de enero—, Redondo ha afirmado que este debe ser un año de lucha y avances, no de resignación. “Cada feminicidio es un fracaso colectivo”, ha lamentado, recordando que 2025 cerró con 46 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, un “saldo terrible”. Asimismo, ha mantiene que se trata de la cifra más baja desde que existen registros oficiales, en 2003, cuando fueron asesinadas 71 mujeres en una población menor. “Vamos ganando la batalla muy poco a poco, pero solo si reforzamos el compromiso político y social”, ha advertido.

En ese sentido, ha exigido que la lucha contra la violencia de género quede fuera de la confrontación partidista y ha instado a las comunidades autónomas a impulsar pactos propios que refuercen el Pacto de Estado. También ha recordado que muchas de las víctimas acumulaban dobles y triples vulnerabilidades —precariedad económica, situación administrativa irregular o problemas de salud—, una realidad que obliga a políticas más ambiciosas y coordinadas. “El objetivo es claro y no admite matices: una sociedad sin asesinatos machistas es posible, pero solo si dejamos de mirar a las víctimas y empezamos a señalar, con firmeza, a los culpables”, ha concluido.