La redacción de una nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) que vendrá a sustituir a la Ley de Ordenación de Suelo de Andalucía (LOUA) ha abierto una nueva puerta a la regularización de viviendas en suelo no urbanizable en la Axarquía. Al menos, esa es la pretensión que tiene la asociación SOHA, Salvemos Nuestras Casas – Axarquía, que quiere contribuir con sus propuestas al anteproyecto que ha elaborado la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

El documento que han preparado, y para el que buscan el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, cuenta con una decena de alegaciones o sugerencias. Todas ellos parten de la premisa de que sus viviendas pueden considerarse irregulares pero no ilegales.

“La existencia de la vivienda irregular en la Axarquía es muy diferente a la vivienda ilegal, ya que estuvieron amparadas por un acto administrativo, es decir, la licencia de obras y la licencia de primera ocupación”, defendió el presidente de SOHA, Philip Smalley quien insistió en que sus propietarios “pagaron las tasas e impuestos municipales que el Ayuntamiento demandó. Éste les otorgó la licencia de obras tras satisfacer dichas tasas creando una apariencia de legalidad”, puntualizó.

Así, pretenden que en la nueva Ley de Sostenibilidad del Territorio acorte el plazo para revisar de oficio la declaración de nulidad de una licencia urbanística. Actualmente el Consejo Consultivo de Andalucía usa el plazo de veinte años para esta revisión, y Soha plantea que se baje a 12 años para hacer coincidir ese límite con las fechas en la que los ayuntamientos comenzaron a restringir la concesión de licencias urbanísticas en el suelo no urbanizable.

Soha calcula que la nueva Ley obligaría a revisar 600.000 actos administrativos

“De esta manera la Ley vuelve a ser garante del derecho a la Confianza Legítima, reestablece la seguridad jurídica y volvemos a dignificar nuestras administraciones. Ninguna se puede llamar seria y digna de respeto por parte de los ciudadanos si no es capaz de actuar en un plazo razonable de doce años”, argumentó el portavoz de Soha, Mario Blancke.

“El nuevo texto exigiría la revisión de actos administrativos de cerca de 300.000 viviendas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si cada vivienda tiene como mínimo dos licencias, la de obras y la de primera ocupación o en su caso de uso, hablamos de revisar unos 600.000 actos administrativos”, continuó Blanke para quien someter a revisión miles de actos con apariencia de fiabilidad y que han provocado numerosos efectos negativos socava el principio de la seguridad jurídica en un Estado de Derecho”, añadió.

Blancke está convencido de que si existen mecanismos para la declaración de nulidad de un acto administrativo, “es razonable pensar que se pueden encontrar mecanismos para revertir esta situación”. El Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía tiene como doctrina la aplicación de los Límites de Revisión a partir de los 20 años. “Se trata de una doctrina, no de una jurisprudencia y por lo tanto perfectamente revisable. Por eso, hemos propuesto que el plazo límite de revisión debería ser de 12 años, no de 20”, insistió.