El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha asegurado que el jefe de la Policía Local, José Andrés Montoya, "es el único investigado" dentro de la macrooperación desarrollada a nivel nacional por la contratación presuntamente irregular de aplicaciones de tráfico y que "lo han trasladado para tomarle declaración", aunque desconoce su situación judicial exacta.

Moreno Ferrer ha indicado que, como investigado, "lo han trasladado para tomarle declaración hoy mismo" en la Comisaría provincial de Málaga, apuntando que espera "que en el transcurso de mañana quede en libertad"; al tiempo que ha insistido en que en el mismo auto del juez "es el único" supuestamente relacionado, "no habiendo investigado ningún político del municipio".

El regidor ha asegurado que han terminado los registros por parte de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Jefatura de la Policía Local y en las dependencias del Ayuntamiento, donde se ha examinado documentación y los discos duros de diversos ordenadores, y ha apelado a tener "muy en cuenta la presunción de inocencia mientras no haya una resolución judicial en un sentido o en otro" en cuanto al responsable del cuerpo policial.

Cuestionado por cómo se actuará respecto al jefe de la Policía Local, el alcalde ha señalado que "lo primero es saber lo que el juez dictamina y una vez conozcamos su situación judicial exacta procederemos a tomar las medidas que sean necesarias y oportunas con arreglo a lo que nuestro reglamento y convenio de Policía Local diga".

Así, ha explicado que dentro de esa macrooperacion se han personado en la mañana de este martes agentes de la UDEF en la Jefatura de la Policía Local y en el Ayuntamiento "para llevar a cabo un registro relacionado con la investigación de un grupo de empresas que trabajan en servicios semafóricos y transmisiones".

Así, ha señalado que querían "ver en el Área de Contratación o Policía municipal si habíamos tenido o mantenido algún contrato o relación comercial" y ha apuntado que el periodo investigado es desde 2010 hasta ahora.

En este sentido, el regidor ha indicado que "una vez que nosotros hemos comprobado en nuestras áreas de Intervención y Tesorería, con las empresas que nos han manifestado no hemos tenido ninguna relación comercial".

"Hemos comprobado, no desde 2010 sino desde 2003, si había alguna relación con ese grupo de empresas de algún tipo, de contratos o comercial o algún trabajo, y no consta en nuestros archivos", ha insistido Moreno Ferrer, quien ha considerado que la situación en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga es de "normalidad".

Operación Enredadera

Los hechos investigados en la 'operación Enredadera', según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado de que la operación lanzada prevé la detención de "diversas autoridades y funcionarios" y registros y requerimientos de documentación por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.

Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.

Esta empresa, según Anticorrupción, "habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local". Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.

El Juzgado de Badalona ha autorizado la entrada y registros en los ayuntamientos, además de Vélez-Málaga, de Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet de Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Este mismo juzgado, según la nota de la Fiscalía, ha ordenado prácticas de requerimientos de documentación con presencia policial de otros organismos como la Diputación de Alicante y otros tantos municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O'Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.