Mutilado. Dícese de aquello "cortado o cercenado", una cualidad aplicable a la perfección al estado en el que quedará el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga de mantenerse todos y cada uno de los reparos que le imponen los diversos organismos de la Junta de Andalucía y el Gobierno central con voz y opinión en el futuro planeamiento de la capital. Los informes sectoriales emitidos a lo largo del último año y las determinaciones recogidas en el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana (Potaum) siegan de raíz las principales innovaciones introducidas en el documento por el grupo técnico encargado de su redacción, así como las aspiraciones del equipo de gobierno del PP. De la prohibición de construir por encima de la ronda este, pasando por la ocupación de los suelos de las márgenes del río Campanillas y los terrenos de Arraijanal, hasta la exigencia de reducir las alturas de buena parte de las torres diseñadas en el marco de esta nueva estrategia.

Más allá de los efectos que la posición de las administraciones regional y estatal tienen sobre los números y dimensiones del Plan General, que vería suprimidas casi 10.000 viviendas de las contempladas, existe una incidencia de mayor calado: la simbólica. La coyuntura a la que se enfrentan desde hace meses los responsables municipales muestra un escenario en el que las grandes apuestas políticas del plan se ven alteradas sustancialmente, hasta el punto de ser, en algunos casos, suprimidas.

Hace unas semanas se confirmó lo largamente anunciado: el Potaum anula cualquier posibilidad de llevar el crecimiento residencial de la capital por encima de la autovía, la ocupación de los suelos de Arraijanal y otra serie de propuestas defendidas por el Consistorio. Este rechazo se suma a los notables recortes exigidos por Aviación Civil en su informe sobre la seguridad aeronáutica del PGOU, que obligan a rebajar las alturas de hasta ocho de las grandes torres planteadas en el marco del documento.

La apuesta por lo vertical, ahora sentenciada, es una de las apuesta emblemáticas con las que el equipo de gobierno pretendía variar el modelo urbanístico desarrollado en la capital en las últimas décadas.

Las conclusiones del citado informe tienen un eco tal que obligan al Ayuntamiento a minimizar de forma categórica las dimensiones de los cuatro bloques dibujados junto a la zona de la Térmica, que de 105 metros deberán ajustarse a 72, 74, 77 y 80 metros, respectivamente; de otras tres torres en el polígono San Rafael, que iban a tener 117 metros y que deberán amoldarse a 95, 103 y 110 metros, y del que será principal icono en vertical de la capital, el rascacielos de 186 metros en los antiguos suelos de Repsol, cuya cota es reducida a 135 metros.

La decisión del organismo dependiente del Ministerio de Fomento tiene tal impacto que el alcalde, Francisco de la Torre, ha decidido plantearse por primera vez desde que se inició la revisión del planeamiento, allá por el año 2004, y a pesar de que ha recibido otros muchos reveses, proponer a la Junta de Andalucía la posibilidad de sacar del nuevo ordenamiento estos proyectos residenciales, al objeto de no dilatar más la aprobación definitiva del documento. El mensaje es aceptado públicamente por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a la que, sin embargo, parece convencer más el no tener que aprobar el PGOU "a cachitos".

Pero las determinaciones de Aviación Civil no son las únicas que han creado un halo de duda e incertidumbre sobre el futuro Plan General. Antes que este informe, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía condenó muchas de las apuestas urbanísticas del Consistorio. El informe de impacto ambiental elaborado por este departamento invalida, entre otros proyectos, la edificación de medio millar de viviendas de lujo al norte de la ronda este; la construcción de otras 664 en los suelos de Arraijanal, y de más de 5.000 en la zona de Campanillas, anulaciones todas ellas confirmadas en el Potaum.

Si bien las directrices de este documento son de obligado cumplimiento para los ayuntamientos afectados, el propio equipo de gobierno dio un paso adelante al aprobar la ordenación de los suelos de Arraijanal, todo ello sólo un día después de que desde la Administración autonómica se comunicase su rechazo a la urbanización del sector.

Otra de las iniciativas a la que se han puesto trabas es la construcción de un puerto deportivo en El Morlaco, apuesta que ya fue planteada en el plan de 1997 y que ha sido retomada en su revisión. Sin embargo, la posición de la Dirección General de Costas y de la Junta no es favorable a este equipamiento. En sus informes se apunta que la planificación de equipamientos náuticos deportivos debe ser contemplado a nivel metropolitano y regional, cosa que no ocurre en este momento.

Varapalos todos ellos que, a juicio de los responsables municipales no suponen cambios sustanciales en el modelo de ciudad dibujado, lo que hubiese obligado a retrotraer el expediente a su aprobación inicial. Sea como fuere, siempre que no se produzca un vuelco casi milagroso en la posición del Gobierno y la Junta, el informe que finalmente emitirá la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, a la que compete la aprobación definitiva del planeamiento, dejará sin efecto muchas de las actuaciones diseñadas y dará lugar a un documento mutilado.