Urbanismo en marbella

Cinco años en el limbo

  • El próximo miércoles el Pleno del Ayuntamiento de Marbella decidirá la aprobación provisional de su nuevo PGOU · Será entonces cuando se deshoje la incógnita sobre las últimas 500 viviendas ilegales

Tal vez sea uno de los documentos urbanísticos sobre los que más ojos hay puestos actualmente en todo el panorama nacional. No en vano, Marbella ha sido noticia durante demasiados años por los desmanes urbanísticos cometidos por anteriores corporaciones y por los intentos a la vuelta a la legalidad que se están dando desde 2006. Pero claro, 18.000 viviendas fuera de ordenación (tal y como avanzó la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, en la presentación del Plan General de Ordenación Urbana hace tres años) tienen difícil acomodo.

Ahora que el plan está a punto de ser aprobado provisionalmente, no está de más hacer un pequeño resumen de los acontecimientos que han dado lugar al texto en sí.

El plan general urbanístico comenzó a redactarse en 2004, en virtud de un acuerdo suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marbella, en aquel momento en el que Marisol Yagüe era alcaldesa de la localidad. El equipo dirigido por el arquitecto Manuel González Fustegueras (ligado a la redacción de múltiples planes urbanísticos por designación de la Junta, y que de hecho, fue concejal de Urbanismo en Jerez de la Frontera por el PSOE) se puso a trabajar de inmediato, y en 2005, se celebraron las primeras reuniones sectoriales con los diferentes colectivos sociales. Había que poner orden en muchos puntos.

El primer punto de inflexión que tuvo el devenir de este documento tuvo lugar en noviembre de 2005. Concepción Gutiérrez acudió a Marbella acompañada por el ya ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, para hacer pública una decisión inédita (la primera de muchas): la retirada de competencias urbanísticas a la ciudad. El Gobierno andaluz asume en solitario la redacción de este PGOU, que si todo avanza según lo establecido, se llevará a pleno el próximo miércoles. Mientras, se sucedían las idas y venidas de los concejales y responsables de la corporación gilista a los tribunales por el desaforado urbanismo practicado en la era GIL, las demandas por licencias ilegales se amontonan en los juzgados (aún quedan unas 200 que deberán ser dirimidas).

El 29 de marzo de 2006 la situación cambia radicalmente: la operación Malaya significa la detención de todos los miembros del equipo de gobierno y la posterior disolución del Consistorio. Con la llegada de la Comisión Gestora a la ciudad (en la que estaban presentes PSOE, PP, IU y PA), se empiezan a tomar las primeras decisiones que significan la recuperación de la normalidad urbanística: precinto de edificaciones ilegales, creación de la Oficina de Planeamiento de la Junta en la ciudad y la primera solicitud de aplazamiento de ejecución de sentencias hasta la aprobación definitiva del Plan General.

Las elecciones de mayo de 2007 dieron la victoria al Partido Popular. Se produjo entonces la devolución de competencias urbanísticas al Consistorio, y también, el 17 de julio de ese mismo año, la aprobación inicial del PGOU. Tal y como ha recalcado la regidora, Ángeles Muñoz, en más de una ocasión, "no es el plan que queremos para Marbella, pero entendíamos que había que asumirlo para devolver la legalidad en un documento de planeamiento. Era lo más sensato: aprobar sin modificar una coma". El proceso de exposición pública y las reuniones con colectivos se dilataron durante dos meses. Se presentaron más de 8.500 alegaciones en esta fase. La mayor parte de ellas tenía como objeto el sistema de compensación, por el cual es la propiedad la que había de pagar por las irregularidades cometidas.

Reuniones con afectados, con promotores, recepción de informes sectoriales… Y trabajo conjunto entre los técnicos municipales y equipo redactor. Un año después de aquella aprobación provisional, se produce la aprobación en pleno de los cambios introducidos por ambos en el documento. De nuevo se abre el período de alegaciones y, de nuevo, más de 8.000 solicitudes de modificación del documento. Surge la polémica por la modificación de las lindes del término municipal, debido a un acuerdo suscrito entre los regidores de Marbella y Benahavís, por el cual 14.000 metros cuadrados (que, según el PGOU de Benahavís son urbanizables y que por el de Marbella son zona verde) pasan a ser de la localidad vecina. El Consejo Consultivo emitió un dictamen por el cual se determina que será la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Gobernación, la que tenga que decidir al respecto.

A finales de junio de este mismo año, el Ayuntamiento recibe de manos del equipo redactor el texto para su aprobación provisional. En los tres textos hay una tónica común: más de 1.000 viviendas no ocupadas se quedan fuera de ordenación. Pero hay tres promociones, que suman otro medio millar de casas, que tampoco tienen acomodo, y estas sí están habitadas. Se trata del Banana Beach (sobre el que además pesa una sentencia de demolición), Río Real y La Víbora. Muñoz tiene la firme intención de regularizar estas tres promociones, tal y como anunció el pasado día 16. La Junta, a través del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, lo advirtió claramente: "El pulso [de la regularización de viviendas] no es con la Junta, sino con los tribunales". Para el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio es "un profundo error plantear la legalización con carácter general con el criterio de que vive gente", algo que entiende es "jurídicamente imposible". "Siempre hemos dicho que no se trataba de legalizar lo ilegal, de un simple cambio de etiqueta, sino de definir un modelo coherente y razonable", explicó el consejero.

Muñoz parece que reculará. Ambos se reunieron el jueves para acercar posturas sobre el PGOU, cuya segunda aprobación provisional se lleva el miércoles a un Pleno extraordinario. Espadas afirmó que parece que la alcaldesa "reconsidera su postura, pero vamos a esperar a conocer los cambios y luego nos pronunciaremos". No en vano, la regidora adelantó que "no quería introducir elementos de inseguridad o de cuestionamiento de la legalidad urbanística".

De momento, hoy está convocada la comisión informativa del Pleno extraordinario de la aprobación del PGOU.

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