Una espiral de escándalos políticos

La política malagueña parece una espiral. Da vueltas indefinidamente alrededor de un punto, el de la confrontación y el escándalo, alejándose más en cada uno de los círculos del debate y de la lealtad entre partidos e instituciones de distinto color político. Periódicamente se hacen amagos de acercamientos, el último se tildó Pacto por Málaga, surgido en un contexto de crisis económica en el que los líderes provinciales de los principales partidos, PP y PSOE, entendieron que el diálogo era la mejor herramienta para afrontar la compleja situación actual.

Pero sólo fue un amago, conforme pasan las semanas el clima político se tensa más y parece que el desgaste del rival es la estrategia de ambas formaciones de cara a los comicios municipales de la próxima primavera, casi a la vuelta de la esquina. Sólo falta saber si el anuncio que realizan en las siguientes páginas el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, y el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Heredia, de rebajar la tensión es algo más que un brindis al sol.

Contrataciones

El último capítulo de la espiral de escándalos políticos que se vive en la provincia ha sido motivo de debate público las dos últimas semanas. La ley habilita a las administraciones a realizar contrataciones menores por hasta 30.000 euros sin necesidad de realizar ningún concurso público, con objeto de agilizar los pequeños proyectos. Sin embargo, el grupo municipal socialista denunció hace dos semanas que en los distritos de Churriana y Campanillas, cuatro empresarios copan cuatro de cada cinco de los proyectos que se realizan. Y uno de éstos está vinculado al PP. Además, aseguraron que el edil responsable del distrito, José Hazañas, fraccionó algunos proyectos mayores para adjudicarlos en varias partidas inferiores al máximo permitido para estas concesiones.

Desde el PP defienden su gestión, aunque el alcalde, Francisco de la Torre, llegó a reconocer que existen tendencias en estas contrataciones, para lo que propuso crear una bolsa de empresas con el objetivo de eliminar posibles favoritismos. Sin embargo, no dudan en cargar el arma y señalar a otras administraciones, como al gobierno socialista de la Junta, de contratar también a dedo. El PSOE en la capital suma numerosas denuncias hacia la gestión popular, como contrataciones dirigidas en el área de Turismo, en la adjudicación del complejo de piscinas del Martín Carpena o la relación con una empresa vinculada al caso Gürtel, que dejó colgada la principal obra del Plan E en Málaga, la carretera Azucarera-Intelhorce.

denuncias de 'enchufes'

Esa misma semana, los populares solicitaron al juez que instruye el caso Astapa contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona que abriera una pieza separada para investigar la responsabilidad del actual alcalde del municipio, David Valadez, en las presuntas irregularidades que se cometieron en la contratación de unos 120 trabajadores municipales entre los años 2003 y 2007 cuando era edil de Personal. Valadez negó las acusaciones y el pasado miércoles presentó una querella criminal contra el secretario general del PP, Francisco Conejo, por injurias y calumnias. En este mismo municipio, el PSOE usó como herramienta de su ataque la aparición en el sumario de Ricardo Galeote, quien renunció a su acta de concejal. Precisamente, sobre el caso Astapa giró hace dos semanas una de las confrontaciones más agrias que se recuerdan en el Parlamento andaluz en el debate que mantuvieron Esperanza Oña y Marisa Bustinduy.

presuntos favoritismos

Contratos a dedo, enchufes políticos... pero también presuntos favoritismos. Los populares también han denunciado esta misma semana que la Junta de Andalucía concedió otro millón de euros a la asociación del marido de la delegada de Bienestar Social, Amparo Bilbao, la Liga Malagueña de la Educación y la Cultura. Esta ayuda para una escuela taller de 36 alumnos contrasta con la política de recortes presupuestarios que critica el PP, que esta misma semana ha denunciado que la Junta rechaza el proyecto del INFE para crear y consolidar 40 empresas. Así, la portavoz popular en la Casona del Parque, Carolina España, reivindicó que la Junta revise los criterios de asignación para evitar situaciones de discriminación porque a Sevilla se le han concedido 364.000 euros para el mismo programa.

cisma político

En este contexto de crispación y cruce de acusaciones, las mociones de censura y los cambios de gobierno en numerosos ayuntamientos de la provincia, con episodios de transfuguismo incluidos, han sido habituales por ambos bandos. Una de las más mediáticas se protagonizó en Benalmádena, donde el PP pactó con los independientes de la localidad una moción de censura para arrebatarle la Alcaldía al PSOE. En este caso, además, el control de la Mancomunidad estaba en juego. IU y PSOE rubricaron un pacto para dejar al PP fuera del equipo de gobierno del ente mancomunado.

Los socialistas, por su parte, también han planteado estrategias similares en municipios como Vélez-Málaga. Uno de los casos más sorprendentes se vivió en Alcaucín hace unos meses. En este municipio, tras la detención del alcalde, el PA se hizo con la Alcaldía gracias al apoyo del PP y de una tránsfuga del PSOE. Dos semanas después, los socialistas rompían el Pacto por Málaga. Cuatro meses más tarde la misma formación política recibe a un tránsfuga de otro partido, el andalucista Marín Lara, para hacerse con la Alcaldía de Ronda. Esta misma semana el alcalde de Yunquera y dos de sus concejales andalucistas se pasaban al PSOE y rompían el pacto de gobierno que había con PP e IU.

el ladrillo a debate

Pero cualquier excusa es buena para tirarse los trastos. Tanto que una pluma puede ser objeto de disputas. El PSOE denunció hace tres semanas que la alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña (PP), compró una estilográfica con dinero municipal para regalársela al dirigente nacional de su partido Gustavo Arístegui. Nadie se olvida de la gestión del día a día (todos se acusan de despilfarro, como en Benahavís, donde el PSOE puso en entredicho los 250.000 euros invertidos para promocionar un torneo de golf privado) y por supuesto de los casos de corrupción urbanística.

Los populares afirman que uno de cada cuatro consistorios socialistas tienen a un alcalde o a un edil imputado y éstos siempre recuerdan que el popular Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande, es el único regidor malagueño imputado por blanqueo de capitales. Mientras, Málaga es noticia a nivel nacional por casos de corrupción urbanística (Ballena Blanca, Malaya, Troya, Astapa, Arcos, Alexia...). Pero los partidos se quejan de la devaluación de la clase política, mientras grandes proyectos se enquistan y encarecen por inoperancia y confrontación, como por ejemplo el soterramiento de Carretera de Cádiz, cuyo presupuesto se multiplica con actuaciones provisionales en superficie. Es la espiral de escándalos políticos que ahora nuevamente los protagonistas intentan frenar.