Los alcaldes de Villanueva del Trabuco y La Viñuela se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados para ser juzgados por delitos contra la ordenación del territorio que presumiblemente ocurrieron cuando permitieron que se edificaran viviendas en suelos no urbanizables sometidos a protección especial. El primer juicio se celebrará mañana en el Juzgado de lo Penal número 10. El alcalde de Villanueva del Trabuco, Antonio Vegas (PSOE), deberá responder por una construcción de 1998 que presumiblemente no respetaba las normas subsidiarias que imperaban en aquellas fechas en el pueblo. El fiscal le imputa un delito de prevaricación urbanística por conceder una licencia de obras en junio de ese año "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos ni jurídicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo que regía tales expedientes de solicitud de licencia de obras".

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, en el expediente únicamente constaba un informe técnico del arquitecto que se había realizado solo a "efectos de valoración". Además, en la zona ni con informes técnicos ni sin ellos se podía edificar porque se trataba de un suelo clasificado como no urbanizable "de especial protección", estando calificado como "complejo ribereño" en las normas subsidiarias que se habían aprobado en 1997. La Fiscalía le imputa a Vegas un delito de prevaricación urbanística por el que le pide ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 2.160 euros.

Además, este viernes está previsto que el alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), sea juzgado por dos delitos contra la ordenación del territorio o prevaricación urbanística, uno de ellos de carácter continuado. Se trata de una vista oral que ya ha sido suspendida por el Juzgado de lo Penal número 8 de Málaga en varias ocasiones, la última el pasado mes de julio. Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2003 cuando autorizó tres viviendas en una zona de La Viñuela conocida como pago Guerrero que forma parte de la zona de protección del embalse de La Viñuela, que suministra agua potable a la población de la Axarquía y de parte de la capital.

El primer caso ocurrió el 17 de agosto de 2001, cuando Millán firmó dos decretos de Alcaldía en los que otorgaba licencias de obras a una ciudadana española para construir otras tantas viviendas unifamiliares en esta zona. Dos años más tarde, en octubre de 2003, rubricó otro decreto de alcaldía en el que concedía a un ciudadano extranjero licencia para que levantara otra casa también en el pago Guerrero. El fiscal sostiene en el escrito de acusación provisional que ambos permisos de obras fueron concedidos "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de La Viñuela", de acuerdo con las normas subsidiarias de 1996 que regían el urbanismo en aquellos años.

Además, el fiscal subraya que se autorizaron los chalés "prescindiendo de los trámites necesarios en los expedientes de concesión". En este sentido, el secretario hizo constar en los dos primeros casos que se trataba de terreno no urbanizable y que para su edificación era necesario tramitar un expediente que justificara la utilidad e interés social de las obras que se iban a hacer. La licencia de la tercera casa se concedió cuando ya había entrado en vigor la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), sin embargo, no se acreditó que la vivienda estuviera vinculada a una explotación agrícola, forestal o ganadera. El expediente administrativo únicamente contaba con "la solicitud de licencia, el informe del secretario, proyecto básico y de ejecución, pago de tasas y los decretos aprobando las licencias solicitadas", según el fiscal.

La Fiscalía pide para el alcalde de La Viñuela por los dos delitos de prevaricación urbanística dos años de prisión y 17 de inhabilitación. Estos juicios tienen lugar apenas un mes después de que el Juzgado de lo Penal número 11 condenara al ya ex alcalde, pero aún concejal, de Sayalonga, José Luis Navas (PSOE) a un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito urbanístico.