La tristeza de cientos de pérdidas

El presunto sacrificio de más de 2.230 perros y gatos en menos de dos años en el centro Parque Animal de Torremolinos ha conmocionado a gran parte de la sociedad por las supuestas atrocidades que sufrieron antes de morir. La detención de la presidenta de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales, a la que el Ayuntamiento del municipio le cedió el servicio de recogida de perros abandonados en 2001, y de dos empleados la semana pasada ha sacado a la luz cientos de casos de afectados que han conocido la triste muerte de sus mascotas a través de la Guardia Civil o los propios medios de comunicación cuando creían que habían sido adoptados por otra familia.

Todos reconocen haber sospechado que algo raro ocurría en ese centro, aunque ninguno podía imaginar algo de tal envergadura. Ahora dicen sentirse engañados y dolidos y no descartan constituirse bajo una plataforma para que este caso, al que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Málaga llamó Óbito, no caiga en el olvido.

La voz de alarma la dio un veterinario que trabajaba en el centro hace unos meses. Su testimonio fue clave para que la Guardia Civil iniciara una investigación antes del verano sobre las presuntas irregularidades que se cometían durante "el masivo e injustificado" sacrificio de cientos de animales que pasaron por este centro.

Las indagaciones del Seprona llegaron a constatar que los animales eran sacrificados por personal no autorizado y con unas bajas dosis de producto eutanásico que hacían, al parecer, que agonizaran durante más de media hora en algunos casos.

La tesis que defiende la Guardia Civil, y que está a la espera de confirmarse con el informe sobre las necropsias realizadas por un laboratorio de Madrid y que será remitido en unas semanas al juzgado número 5 de Torremolinos que instruye el caso, es que muchos de estos animales eran guardados en congeladores cuando aún estaban vivos, algo que pudieron constatar los agentes en una inspección que efectuaron por sorpresa al centro y en la que encontraron varias decenas de perros y gatos metidos en congeladores cuando todavía no presentaban el rigor mortis. Hubo ejemplares que incluso, y según la propia investigación, fueron encontrados en bolsas de basura junto con los restos del material sanitario empleado para sacrificarlos.

La legislación en materia de protección animal es muy clara al respecto en el caso de las protectoras dedicadas a la recogida y cuidado de animales abandonados, como es el centro Parque Animal de Torremolinos. Sólo en casos excepcionales, como enfermedad incurable o agresividad, estaría justificado el sacrificio de animales y siempre y cuando sea un veterinario el que lo realice. La ley tampoco deja lugar a dudas sobre el procedimiento que tendrá que hacerse mediante la sedación del animal y con una dosis adecuada a su peso inyectada por vía intravenosa para que no sufra.

Ninguna de estas exigencias parece que eran seguidas por el centro, que aún permanece abierto y al que el Ayuntamiento de Torremolinos ha decidido mantener el convenio a pesar de que sobre la directora pesan los presuntos delitos de maltrato animal, falsedad documental, estafa, acusación y denuncias falsas, apropiación indebida e intrusismo profesional. Pero el daño ya está hecho para estas cientos de familias que ahora piden justicia.