CUANDO se habla de la crisis, los datos más habitualmente considerados relevantes y puestos sobre la mesa por economistas y otros expertos suelen referirse sobre todo a variables como déficit público, tasa de paro, crecimiento económico, etc. Sin embargo, es necesario recordar que el principal activo de un país es la formación de sus habitantes, y que, por tanto, los datos estadísticos referentes al funcionamiento de nuestro sistema de enseñanza nos pueden dar una idea de cuál es la situación de la que parte el país para implementar políticas de reactivación económica. Veamos algunos sumamente significativos.

España padece una tasa de abandono escolar temprano del 31,9% (en Andalucía, un 38%), lo que supone más del doble de la media europea. Es decir, que el 31,9% por ciento de la población española menor de 24 años carece incluso de la Secundaria obligatoria. Las consecuencias de este pésimo dato se reflejan, como no podía ser de otra manera, en el desempleo.

La tasa de paro juvenil en España es actualmente del 40,93% (en Andalucía, el 48,89%). Resulta evidente que las dificultades para encontrar empleo aumentan con la falta de formación; los puestos de trabajo a que puede acceder un joven que carece incluso de la Secundaria obligatoria se reducen a aquellos que puedan ser desempeñados por un analfabeto funcional. Además, su absoluta carencia de base dificulta también la formación posterior de esos jóvenes, que han desperdiciado los años de su vida en que la capacidad de aprendizaje es máxima. Todo esto tiene también unas consecuencias en el espíritu con que esos jóvenes enfrentan su integración en el mundo laboral.

Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en España existen en la actualidad 750.000 ni-nis, es decir, jóvenes en paro que ni buscan empleo ni participan en ninguna actividad de formación para mejorar sus oportunidades de encontrarlo. Estos llamados ni-nis no han surgido repentinamente, sino que han ido acumulándose progresivamente a lo largo de los últimos años; las consecuencias de esta acumulación de jóvenes que ya han renunciado a cualquier esfuerzo en pro de su futuro también tiene su reflejo en las estadísticas educativas.

Según la Oficina Europea de Estadística, en los últimos diez años, no sólo no nos hemos acercado al objetivo previsto en los acuerdos de Lisboa de alcanzar un 85% de graduados en Secundaria postobligatoria a fines del presente año, sino que nos hemos alejado de él. En 2000, el porcentaje de jóvenes con Bachillerato o Formación Profesional de grado medio en nuestro país era del 65,9%, en la actualidad es del 59,9%, es decir, se ha perdido un 6%, con lo que queda meridianamente claro que lo que hay con el resto de Europa es divergencia y no convergencia. España ya sólo supera en titulados en Secundaria postobligatoria a países como Portugal, Malta, Turquía e Islandia. En resumen, los datos educativos no incitan precisamente al optimismo.

Ante este desolador panorama, la pregunta procedente es: ¿cómo hemos alcanzado una situación tan calamitosa? Para el abajo firmante, la respuesta es evidente: mediante la tozuda promulgación y aplicación de leyes que han insistido una y otra vez en los mismos errores pedagógicos de bulto. Con la Logse, hace ya casi veinte años, se instituyeron en nuestro sistema de enseñanza todos los tópicos defendidos por los llamados "movimientos de renovación pedagógica": el carácter necesariamente lúdico de la enseñanza, la proscripción del esfuerzo y la memoria, la sustitución de la transmisión de conocimientos por la de unos supuestos valores que, a la postre, han resultado ser bastante poco presentables. No hicieron falta demasiados años para que la realidad mostrara los deletéreos efectos de la nueva ley: la necesaria atmósfera de calma y concentración que precisa todo aprendizaje fue dinamitada por los tópicos antiautoritarios de la nueva pedagogía, con la consiguiente y brutal caída de los niveles académicos. El fracaso fue tan manifiesto que se impuso la necesidad de una nueva ley de educación. Sin embargo, incomprensiblemente, la elaboración de la nueva ley se encargó a los mismos ideólogos responsables de la anterior; el resultado fue la LOE (en Andalucía, LEA), una ley que llevaba hasta extremos delirantes los mismos demagógicos supuestos pedagógicos responsables del deterioro.

A lo largo de estos últimos años, el desarrollo integrista de los reglamentos basados en dicha ley ha ido imponiendo en los centros de enseñanza, día tras día, unas normas y un modelo de organización (en realidad, de desorganización) que hacen imposible no ya la transmisión de conocimientos, sino el mero comportamiento racional. Las protestas de los docentes han sido sistemáticamente acalladas por una Administración educativa más interesada en la imposición de sus prejuicios ideológicos en el sistema de enseñanza que por el buen funcionamiento de éste, al mismo tiempo que se ha evitado cuidadosamente cualquier debate público sobre el asunto, pese a los escandalosos datos educativos que esporádicamente han ido saliendo a la luz.

El resultado de esta perversa política se refleja claramente en los datos presentados al principio de este artículo. La consecuencia económica es que, para salir de la crisis, el país se encuentra ahora lastrado por millones de jóvenes que han sido víctimas de una monumental estafa educativa a lo largo de casi veinte años.