Cuando el río suena, agua lleva. Ese sería el refrán popular que se podría aplicar en el caso de la puesta en marcha de la operación Astapa si se tiene en cuenta que en los sumarios de los casos Malaya e Hidalgo el nombre de Estepona o de personas vinculadas con el municipio empezó a aparecer desde un principio. En marzo de 2006 se supo que el empresario marbellí detenido en el marco de la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de este municipio costero era Ismael Pérez Peña, vinculado a las empresas Alquicamsa y Alvemotor, con las que el Ayuntamiento de Marbella tuvo contratado durante la era GIL el leasing de los vehículos de la Policía Local. Aunque no fue la única, ya que Estepona repitió experiencia.

De hecho, el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la gestión del gobierno municipal entre 1995 y 1999, periodo en el que gobernaba el GIL en la localidad esteponera, investigó el abono injustificado de 428.400 euros a Alvemotor por parte de la corporación municipal. Según refleja en el informe, el 1 de agosto de 1996 la comisión de gobierno del Ayuntamiento acordó encargar a Compras Estepona XXI SL la adquisición de vehículos. Como consecuencia de ello, el 1 de febrero de 1997 se firmó un contrato de arrendamiento de 19 vehículos durante tres años para su uso por la Policía Local con la empresa Alvemotor SL, a pesar de lo cual no consta la existencia del expediente de tramitación de dicho contrato.

"Sin embargo, antes del acuerdo de la comisión de gobierno y de la celebración del mencionado contrato", continúa el documento, "ya se habían recibido facturas de la citada empresa en concepto de alquiler de vehículos por importe de 94.800 euros que no tenían el necesario soporte contractual".

El 1 de julio de 1997, las partes acordaron rescindir el contrato de común acuerdo, "a pesar de lo cual Alvemotor SL, con posterioridad, facturó a la sociedad por el mismo concepto 285.600 euros y el Ayuntamiento pagó cuatro facturas por un total de 48.000 euros. Tres de éstas, por importe de 36.600 euros, que constan contabilizadas por Compras Estepona XXI, aunque a 31 de diciembre de 1999 este saldo figura pendiente de pago en la sociedad municipal". En este caso, fue IU la que estableció las relaciones entre Marbella y Estepona.

Anónimo

Unos meses después de conocerse la relación de Ismael Pérez con el Ayuntamiento de Estepona, en noviembre, salió a la luz un anónimo incluido en la página 102 del tomo 14 del sumario del caso Malaya en el que se hacía mención a la relación que podría mantener el que por aquel entonces era primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo (PES), con el considerado cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, así como con Pedro Román.

El que por aquel entonces era portavoz del PSOE, David Valadez, preguntó públicamente a Crespo sobre este documento, a lo que este respondió asegurando que el PSOE "debe explicar las palabras de este señor" y añadió que en caso de que los socialistas respalden a Valadez "el PES tendrá que tomar alguna decisión política e inaplazable", es decir, se plantearía abandonar el equipo de gobierno. No fue necesario que llegaran a tanto porque a los pocos días el alcalde y secretario general de los socialistas, Antonio Barrientos, destituyó a Valadez de su cargo después de que éste se ausentara de un pleno en el que se iban a aprobar convenios que, a su juicio, "no cumplían el decálogo del PSOE en materia urbanística".

Coincidiendo con esta polémica, IU instó al Pleno a aprobar la fiscalización por parte de la Cámara de Cuentas de Andalucía de aquellos convenios suscritos entre 2002 y 2006 que hubieran promovido la modificación del PGOU vigente, así como la fiscalización de los aprovechamientos enajenados en ese mismo periodo y el fin al que se destinaron sus fondos.

negociaciones de roca

Tras unos meses de tranquilidad, en julio de 2007, se conoce una nueva parte del sumario del caso Malaya. En esta ocasión, en el tomo 81 aparece que la empresa Inmobiliaria Eridano -vinculada al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca- firmó en 2005 un convenio con el Ayuntamiento de Estepona para comprar una parcela pública conocida como Bahía de Estepona y que después vendió por un precio casi diez veces superior.

Un negocio para el que, según el informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, "fue necesaria la colaboración del por entonces coordinador de Urbanismo de Estepona, Pedro López, del Partido Estepona", cargo de confianza del alcalde, Antonio Barrientos. Pedro López ha sido detenido esta semana en el marco de la operación Astapa y ha quedado en libertad bajo fianza de 300.000 euros. A él se le imputan los presuntos delitos de cohecho y malversación.

Los investigadores precisaban que López dependía "directamente" de Barrientos. En este sentido, apuntaban que como máximo responsable, el regidor pudo "haber tenido conocimiento de las irregularidades que conciernen al departamento de Urbanismo". Ante estas sospechas el alcalde dijo que firmó el convenio porque contaba con los informes favorables de los técnicos de Urbanismo. Sobre la participación de López en la negociación del citado convenio, señaló que quien tenía que dar explicaciones era José Ignacio Crespo, al haber sido designado por éste.

Hidalgo

Finalmente, en febrero de este mismo año, se conoce el sumario del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales. De nuevo vuelve a aparecer Estepona. En esta ocasión, según el informe policial, uno de los imputados en la causa, Jan Nadir, asegura en una conversación telefónica que ha tenido que "soltar dinero" para conseguir una licencia de urbanización en este municipio. Ahora el nombre que aparece es el del arquitecto municipal Arturo Cebrián, también detenido en Astapa, aunque en libertad tras abonar 30.000 euros de fianza. Se le acusa de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Según Barrientos, el técnico actuó en la compra-venta de unos terrenos que ya eran urbanos y que no sufrieron ningún tipo de recalificación o aumento de edificabilidad. Por ello, insistió en que las acciones no implicaron la actuación del Ayuntamiento como institución. En estas escuchas se desvela que el intermediario había soltado "un montón de dinero" a gente del Ayuntamiento a cambio de obtener la licencia de urbanización. Tras conocerse estas noticias, el alcalde ordenó que se abriera una investigación. El arquitecto, por su parte, aseguró que nunca había cobrado por dar una información que era pública y que él no tenía capacidad para tramitar la licencia.

Así las cosas, cabe pensar que la operación Astapa hunde sus raíces en los casos Malaya e Hidalgo que azotaron a Marbella y que aún continúan abiertos.