Sanción ejemplar en tiempos convulsos

En los multitudinarios corrillos que rodeaban este lunes al presidente del Gobierno y a los ministros presentes durante la copa de Navidad con la Prensa en el Palacio de La Moncloa apenas hubo mención a la millonaria multa que el Ministerio de Consumo había impuesto a Airbnb por anunciar pisos sin licencia en su plataforma. La atención estaba más centrada en el abono único de transporte anunciado por la mañana, en la posibilidad de adelantar elecciones, que el presidente rechazó tajantemente, y en el/la sustituto/sustituta de Pilar Alegría como portavoz del Gobierno.

Sin embargo, puestos a medir, la sanción es igual o más impactante y, sobre todo, ejemplar. Tanto por la cantidad, 64 millones de euros, como por lo que supone en la lucha contra el fraude y otras irregularidades en estos tiempos convulsos. Es una resolución que castiga a los transgresores de la normativa de consumo con prácticas prohibidas. Además, se ajusta a los criterios de proporcionalidad que marca la ley fijando la cuantía de seis veces el beneficio ilícito estimado con la difusión de los anuncios de los pisos hasta que los retiró.

Seguramente, la decisión ministerial responde a lo que la mayor parte de los ciudadanos requieren de una Administración que se dedica a velar por el bienestar y la convivencia de todos, sin distingos. “Sin importar lo grandes o poderosas que sean las empresas implicadas en actividades abusivas o fraudulentas”, según reseñó el ministro Pablo Bustinduy, que personalmente presentó la información en rueda de prensa, dando así el realce que noticias de este porte exigen. El ministro de Sumar, cuyos representantes en el Gobierno no estuvieron en la copa navideña, aseguró que “se va a cumplir la ley, especialmente en el ámbito de la vivienda”, tan maltratada por la especulación en estos tiempos hasta el punto de haberse convertido en una de las principales preocupaciones, si no la principal.

Se trata de la segunda multa impuesta a una única compañía, tras los 108 millones que recibió la aerolínea Ryanair en noviembre de 2024 por cobrar suplementos en los equipajes de mano. Este caso se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, destino que muy probablemente acabará teniendo el de Airbnb, que ya ha adelantado que recurrirá la sanción, aunque la vía administrativa ya está agotada. La multa, en ambos casos, puede reducirse, lo que daría lugar a interpretaciones de todo tipo sobre la eficacia de la normativa sancionadora; pero al menos supone un impacto en las empresas para disuadirlas de realizar prácticas fraudulentas.