Un centenar de residentes extranjeros de la Axarquía se manifestaron ayer en el Pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía para recordar el compromiso que adquirió la corporación hace seis meses de constituir una mesa de trabajo con el objetivo de hacer un frente común para pedir a la Junta de Andalucía una moratoria para las viviendas irregulares.

Ha sido la primera acción sorpresa de los miembros de la asociación Salvemos Nuestros Hogares (SOHA) conscientes de que esta semana se celebra el debate del Estado de la Comunidad en el Parlamento y de que quedan "nueve meses para las elecciones municipales".

Mario Blancke, portavoz de SOHA y concejal en el Ayuntamiento de Alcaucín, entregó al inicio de la sesión plenaria de la institución supramunicipal un documento con sus reivindicaciones y solicitó la puesta en marcha de una mesa de trabajo anunciada hace seis meses.

"Esa mesa de trabajo se aprobó hace seis meses, pero en este tiempo, ni siquiera se ha constituido", indicó Blancke, que reclamó el apoyo de la Mancomunidad, en la que están representados todos los ayuntamientos, "porque cuando los pueblos se unen tienen fuerza, y el único impedimento en este caso es el color político".

La propuesta de los residentes extranjeros de la Axarquía es que la Junta de Andalucía apruebe una moratoria y una congelación de todos los procedimientos abiertos contra las casas edificadas en suelo no urbanizable. Los afectados piden más tiempo mientras se encuentra una solución aceptable a su problema, evitando así la demolición de viviendas que en un futuro marco legal se puedan salvar.

En el manifiesto, los miembros de SOHA recordaron que, durante una década, la Junta y los ayuntamientos consintieron "con licencias o con su silencio" la construcción de viviendas en suelo no urbanizable, llegando a atraer con campañas a pensionistas de otros países, "que adquirieron las casas de buena fe". "Y a cambio lo único que hemos recibido son amenazas de demoliciones por haber comprado una vivienda irregular", exponen.

Asimismo, SOHA ha determinado que, pese a considerarse ilegales a efectos jurídicos y urbanísticos, las casas "son perfectamente legales a efectos fiscales, pagando IBI, impuestos de transferencia patrimonial, impuestos por herencia, etcétera", por lo que se han cuestionado "cómo pueden explicar al ciudadano de a pie que su vivienda es ilegal pero que la Administración le obliga a pagar los impuestos como si fuera legal".

 "Este grupo de propietarios se enfrenta a denuncias y ordenes de demolición después de haber cumplido con todos los requisitos legalmente exigibles. De los más de 400 socios de SOHA, tan solo uno ha sido imputado por un delito contra la ordenación del territorio, todos los demás han pasado de imputados a perjudicados", recuerdan.