Entre las ocho acepciones que contiene la RAE para definir la palabra fantasma una es particularmente expresiva. La séptima: "Aquello que es inexistente o falso". Más allá de la figuración del término en un espectro paranormal, hay elementos tan objetivos como los tomos de los Presupuestos Generales del Estado en el que pululan no pocos fantasmas. Referencias que aparecen y desaparecen; otras que quedan impresas con tinta indeleble, como si formasen parte de la sustancia misma del papel, incapaces de traspasar la frontera entre ficción y realidad. Algunos ejemplos hay en las cuentas que el pasado martes tuvieron su entrada en el Congreso de los Diputados.

De la mano del ministro Cristóbal Montoro se dio inicio a una incierta travesía parlamentaria, llena de dudas sobre si el Gobierno acabará teniendo o no los apoyos suficientes para concretar su aprobación. El pen drive de Montoro incorpora decenas de referencias económica que habrán de materializarse en obras y servicios directos para la provincia de Málaga. Pero entre tanto concepto y subconcepto, entre tanto ministerio y departamento ministerial, hay fantasmas que, tal que Cuento de Navidad, regresan año tras año.

Infraestructuras ancladas en el pasado y sin presente ni futuro claro. La regeneración de los Baños del Carmen, la conexión ferroviaria de la Costa del Sol, el carril bus-VAO Malaga-Torremolinos, la Biblioteca Provincial en San Agustín... Cuatro nombres propios que retratan la gestión de las últimas administraciones estatales. De manera precisa, todas estas actuaciones, que formaron parte de los anuncios oficiales del Gobierno central, vienen siendo recogidas de manera más o menos continuada al menos desde los últimos diez años, con asignaciones económicas, eso sí, meramente simbólicas en la mayor parte de los casos. Se da el caso de que el lapso es aún mayor, de hasta 14 años, para los Baños del Carmen (1,5 millones de euros aparecían en las cuentas de 2005) y para el demandado corredor ferroviario (150.000 euros ese mismo año).

Baños del Carmen

Es, por méritos propios, la más longeva de las promesas incumplidas. La primera vez que la Dirección General de Costas puso sobre la mesa una propuesta de mejora de la playa, posteriormente ampliada con un paseo peatonal, data del año 1988. Treinta años después el entorno sigue marcado por el abandono, minimizado por la intervención del actual concesionario del espacio. La partida de 1,5 millones recogida en los presupuestos de 2005 tuvo un efecto nulo, el mismo que han tenido las sucesivas asignaciones por parte del Gobierno.

A modo de ejemplo, en 2008 fueron 500.000 euros, cifra que posteriormente se repitió en 2016 y 2017. La última versión del documento apenas incluye 100.000 euros. La explicación que se da desde la Administración es que ello permite mantener abierta la puerta a una supuesta actuación sobre el terreno, ya fuese en la parte de tierra o en la marítima. De acuerdo con las fuentes consultadas, cualquier avance sobre el espacio está doblemente condicionado: de un lado, a ver qué decisión toma la Junta de Andalucía sobre la posible extinción de la concesión empresarial (el próximo mes de julio), y al trámite ambiental al que está siendo sometida la parte marítima. Sobre ello, indicaron que cabe la posibilidad de que la intervención sobre la playa, valorada inicialmente en unos 2 millones de euros, quede reducida en el supuesto de que se exija la conservación del pedregal en la playa.

Ello implicaría una rebaja de la inversión. En cuanto a la parte terrestre, que debe regenerar la parte del antiguo camping, y mejorar el acceso peatonal, no se descarta un posible acuerdo con el actual o el futuro concesionario para que, a cambio de reducir el canon económico, afronte el coste de la operación. Esta es una opción alternativa, tomando más fuerza la posibilidad de que sea directamente Costas la que, con sus propios medios, afronte la actuación. Sea como fuere, la realidad es que el respaldo económico de la Administración estatal con este proyecto es irrelevante, sin que exista un calendario cierto que permita atisbar cuándo se acometerá la regeneración de este histórico enclave, abierto en junio de 1920.

Corredor Costa del Sol

Si se toma como punto de referencia el nacimiento de las promesas, el tren litoral alcanza ya la mayoría de edad. Desde que en el año 2000 el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, hablase por primera vez de unir por tren Marbella con Málaga capital, ampliándose el trazado ferroviario por la zona oriental hasta Nerja, nada se ha hecho sobre el terreno. 18 años después cualquier previsión sobre el momento en que será posible ver a los obreros trabajando en esta infraestructura es una quimera. En este asunto, el reparto de responsabilidades es extensible a las administraciones estatal y autonómica. A esta última porque a pesar de invertir del orden de 12 millones de euros en la redacción de estudios y proyectos para construir el tren hasta Marbella y Estepona, fue incapaz de dar el paso definitivo con el arranque de las obras.

A la segunda por, una vez asumida la competencia sobre esta iniciativa, haberla mantenido en vía muerta. Desde la llegada del PP a La Moncloa, a finales de 2011, hasta 2017, su compromiso presupuestario ha ascendido a apenas 2,3 millones de euros (la suma se eleva a 3,7 millones si se parte del año 2008). Una suma con la que, de acuerdo con las explicaciones formales, se han venido realizando estudios varios sobre la actuación final. Es en las cuentas de 2018, pendientes de aprobación, cuando la apuesta ha crecido, hasta situarse en 6,4 millones de euros. Este dinero debería servir para licitar la redacción de los primeros proyectos.

El principal escollo al que se enfrenta esta conexión es su alto coste económico. Sea cual sea la fórmula por la que se decante el Ministerio de Fomento, que habla de una prolongación del Cercanías desde Fuengirola, la colmatación del territorio costero obliga a ejecutar buena parte de la obra bajo tierra. Recientemente, el ministro del Ramo, Íñigo de la Serna, ya apuntó como cifra estimativa que llevar el tren a Marbella podría rondar los 2.000 millones de euros.

Bus-VAO Málaga-Torremolinos

Hace trece años cuando la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, puso sobre la mesa por vez primera la idea de minimizar los importantes problemas de tráfico en el área metropolitana de la capital con la construcción de un carril exclusivo para el transporte público y para vehículos de alta ocupación (VAO) entre Torremolinos y Málaga, con unos 11 kilómetros de longitud. Pero más allá de estos anuncios, los trámites administrativos han sido más bien escasos. A día de hoy no existe compromiso cierto para que tal actuación sea realidad a corto o medio plazo. Como mucho, el Gobierno llegó a someter a información pública el trazado planteado en el año 2009, cifrándose inicialmente el coste en unos 100 millones de euros.

En 2012, la Administración estatal cierra por completo la puerta, aduciendo que el Fomento iba a "replantear el proyecto en el marco de la orden para la mejora de la eficiencia en la ejecución de obras públicas, ya que las soluciones que se han planteado hasta ahora suponen unos costes excesivos, que las hacen inviables". Desde 2008, este proyecto viene apareciendo de manera continuada en los presupuestos, con cifras que, en 2010 rozó casi los 1,9 millones de euros y, en 2012, el millón de euros. Para el presente ejercicio, el compromiso estatal es de apenas 105.000 euros. La actuación contemplaba una plataforma reservada, de 8,7 kilómetros, y la ampliación al tercer carril de manera continuada en la MA-20 entre el enlace de La Colina, en Torremolinos, y la nueva avenida proyectada sobre el soterramiento de las vías del tren a su entrada en Málaga capital.

BIBLIOTECA DE el convento de SAN AGUSTÍN

Julio del año 2004. Esa es la fecha en la que la Junta de Andalucía y el Gobierno central firmaron el acuerdo de permuta del antiguo Convento de San Agustín, en Málaga capital, por otro inmueble en Sevilla. El primero pasaba a manos del Estado con la previsión de que albergase la sede de la Biblioteca Provincial. La entonces ministra de Cultura, Carmen Calvo, llegó a afirmar: "ya tenemos el edificio. Para nosotros este proyecto es prioritario".

Catorce años después la iniciativa sigue deambulando por un camino sin final cierto. La Administración estatal llegó a encargar por 606.000 euros la redacción del proyecto de adecuación del espacio físico para la implantación de la biblioteca y sus más de 60.000 volúmenes. El documento fijaba una inversión de 9,2 millones y unos plazos de entre 30 y 36 meses.

La obra nunca se inició y sigue sin hacerlo. De hecho, las dudas sobre la actuación se han multiplicado en los últimos años después de que el Ministerio de Cultura haya detectado la necesidad, tras las catas arqueológicas realizadas, de reformular el proyecto original, contempla como "calendario optimista" la adjudicación de rehabilitación de San Agustín a lo largo de 2019 y si finalización en 2021. Desde 2005 en adelante, las cuentas estatales han llegado a consignar 11,5 millones, a los que agregar los 1.350.000 euros destinados en el presupuesto de este año.