La Guerra de África queda lejos en el tiempo, hasta el punto de que no son muchos los que mantienen en la memoria recuerdo alguno de un conflicto que mantiene sus efectos en Málaga y sus instituciones. Porque de aquel envite nace la pugna por la propiedad del Campamento Benítez, hoy más cerca de su fin. Las previsiones dadas a conocer días atrás por el alcalde, Francisco de la Torre, indican que será en septiembre cuando se cierre la histórica reivindicación del Ayuntamiento por hacerse con los antiguos suelos militares. Queda por concretar la fecha y hora en que la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el regidor rubriquen el acuerdo que ponga punto y final a casi 18 años de disputa por un terreno sobre el que se impulsará la construcción de un parque.

Pero la simbología del Benítez va mucho más allá de sus 28 hectáreas de superficie y su privilegiada ubicación en las proximidades del aeropuerto y en la frontera con el vecino Torremolinos. La esperada firma de acuerdo entre las administraciones central y local, tantas veces anunciada, debe poner cierre a un conflicto que hunde sus raíces en el primer tercio del pasado siglo XX, cuando tuvieron lugar los acontecimientos que, con el transcurrir de las décadas, desencadenó probablemente el más largo contencioso judicial protagonizado por el Consistorio malagueño.

La esencia misma de lo que sigue siendo actualidad en la urbe malagueña se encuentra en plena dictadura de Primo de Rivera, cuando se formalizaron los acuerdos de los que manaron esta particular guerra por el Benítez. La primera de las decisiones tuvo lugar el 30 de julio de 1924, fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento, con el doctor Gálvez Ginachero al frente, acordó comprar 28 hectáreas de suelo rústico en la Vega de Churriana, conocido como viña de Velarde, para cederlas al entonces Ministerio de la Guerra.

¿El objetivo? Que Málaga, que en aquella época era ciudad de tránsito de las tropas que embarcaban para participar en la guerra del Rif, acogiese un campamento militar para el asentamiento de parte de la reserva del Ejército de África. Este primer compromiso incluyó una salvaguarda, en la idea de que si esa parcela dejaba de tener uso militar, la misma revertiría a la ciudad.

La intención primera de la Corporación se vio truncada a los pocos meses. El Ejército, tras iniciar las obras de los cuarteles, rechazó las condiciones de la cesión y pidió cambiar las escrituras. "Que en el referido proyecto se hacía constar que si el Estado dejara de utilizar para los fines antes referidos u otros análogos, el Cortijo de Velarde, objeto de la donación, volvería este inmueble al dominio de la Corporación municipal. Que esta condición es la que no ha sido aceptada, y propuso que se prescinda de ella al otorgarse la correspondiente escritura, puesto que ya no tiene razón de ser, dadas las obras que se vienen efectuando por el Ramo de Guerra, en el referido inmueble", según recoge el acta del Pleno celebrado el 20 de mayo de 1925.

El Consistorio pagó por los terrenos del campamento 50.000 pesetas, lo que supone que cada metro cuadrado de suelo rústico fue pagado al precio de 0,18 pesetas. A pesar de que la cifra parece hoy insignificante, en los años 20 era una cuantía considerable, sobre todo porque según los archivos, el Ayuntamiento se vio obligado a solicitar al interventor un informe sobre la disponibilidad económica del Consistorio. Incluso se pidió a los concejales que adelantasen el dinero.

Una de las fechas importantes de todo este transcurrir se produjo en 1930, cuando con el fin de la dictadura de Primo de Rivera, se redactó un real decreto por el que se permitió a las corporaciones locales impugnar en un plazo de seis meses los acuerdos plenarios aprobados durante el periodo militar y con los que no estuviesen de acuerdo. El Ayuntamiento de Málaga no revocó el acuerdo de mayo de 1925, que eliminó la posible reversión de los terrenos, según indicó el historiador de la Universidad de Málaga, Pedro Pérez Frías.

Y de aquellos fangos estos lodos. La eliminación de ese precepto ha hecho que el Ayuntamiento no haya podido recuperar lo que en su día dio a coste cero a la Administración central. De hecho, todos los movimientos judiciales realizadas a lo largo de los últimos dieciocho años, desde que el Benítez dejó de ser asentamiento militar, han sido inútiles. Ni el Tribunal Supremo ni la Audiencia Nacional han avalado con sus numerosos fallos la posición del Consistorio.

A pesar de que el Benítez ha sido motivo de promesa de los dos grandes partidos a lo largo de décadas, ninguno ha sido capaz hasta el momento de cumplir lo que en su día anunciaron, que la parcela volvería a ser propiedad de la ciudad. Ni siquiera ahora, cuando más cerca parece que se cumplirá el deseo de dar uso público al espacio, este propósito se va a cumplir. A la espera de conocer en detalle el contenido del acuerdo, todo apunta a que lo que ha logrado el equipo de gobierno del PP es una cesión del espacio para destinarlo a parque. Que no es lo mismo que hacerse con su propiedad. En la misma medida en que el primer acuerdo plenario de 1924 impedía al Ministerio de la Guerra destinar los terrenos del Cortijo de Verlade a otro fin que no fuese el militar, casi 90 años después, el Ayuntamiento quedará condicionado en los mismos términos, al punto de que si se plantease dar al antiguo campamento un uso distinto al de parque, el mismo pasaría de nuevo a manos del Gobierno central.