La Consejería de Agricultura y organizaciones agrarias como Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias no están dispuestas a aceptar los términos de la nueva Política Agrícola Comunitaria, ni de los Planes Estratégicos del Gobierno de España; pierden demasiado. Por eso han puesto en marcha una serie de iniciativas para reclamar la intervención del ministro de Agricultura Luis Planas, que sí se muestra satisfecho con la directrices dictadas por Bruselas para los productores agroalimentarios.

Explican que la nueva PAC penaliza la diversidad y la apuesta por la sostenibilidad del sector agrario, y las pérdidas por explotación en Andalucía se sitúan en una horquilla de entre el 20 y el 40 por ciento; por lo que en el nuevo periodo PAC 2023-2027 los agricultores y ganaderos andaluces dejarán de percibir 500 millones de euros.

Las organizaciones provinciales de Asaja han enviado a las respectivas diputaciones y a todos los ayuntamientos de cada una de las provincias una moción en defensa de los agricultores y ganaderos ante la nueva Política Agraria Común (PAC) pues aseguran que, entre otras cuestiones, el valor de los nuevos derechos es inferior al que había en la PAC anterior, “quedando patente el recorte de las ayudas al conjunto de los agricultores y ganaderos”.

Reclaman a los ayuntamientos andaluces que aprueben en sus plenos un acuerdo con el que se comprometan a dar traslado y a defender ante todas las instituciones y administraciones la modificación del Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027.

Desde el pasado 1 de marzo pueden conocerse los nuevos derechos provisionales de ayuda básica a la renta asignados a cada agricultor y Asaja denuncia que un primer análisis arroja ya un panorama devastador para los agricultores, ganaderos y propietarios forestales de la provincia de Huelva, que pueden oscilar entre el 15 y el 30% de pérdidas económicas. En términos globales, el impacto de la nueva PAC en Huelva supondrá una merma de cinco millones de euros, mientras que la provincia de Sevilla acumula el 48 por ciento de estas pérdidas, puesto que sufre una reducción de sus ayudas de 242 millones de euros.

Asaja Córdoba subraya que la organización plantea solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que inicie un verdadero proceso de diálogo y negociación con las comunidades autónomas y el sector para modificar el Pepac y adaptarlo a las verdaderas necesidades del campo y del mundo rural.

En esta línea, Asaja-Sevilla subraya que mantiene su compromiso en defensa de los agricultores y ganaderos de la provincia, por lo que en paralelo a la presentación de las alegaciones conjuntas de todo el sector agrario andaluz, interpuso el pasado 28 de febrero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo “para evitar, o al menos para mitigar, las pérdidas y agravios de consecuencias irreversibles que el Plan Estratégico de la PAC del Ministerio de Agricultura trae de manera directa para las explotaciones agropecuarias de Sevilla y de manera indirecta a todos los municipios sevillanos, que tienen al sector agroalimentario como primer motor de su economía y de su empleo”.

Por su lado, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, compareció en el Parlamento de Andalucía para informar sobre las alegaciones que la Junta de Andalucía ha presentado al Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (Pepac) y que son fruto del acuerdo alcanzado en con las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, COAG y UPA) y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Crespo abogó por una PAC justa, por una flexibilización de los ecorregímenes, cambiar las regiones productivas, así como por modificar el concepto de agricultor activo y retrasar la entrada en vigor del cuaderno digital.

Entre las alegaciones de Andalucía, Crespo destacó la petición de una flexibilización máxima y definitiva de los ecorregímenes y de las prácticas que se exigen por la condicionalidad de las ayudas en el ámbito de competencias del Estado, acompañando así a las medidas ya adoptadas por el Gobierno andaluz en el marco de sus posibilidades. Por ejemplo, el campo andaluz reclama considerar la agricultura ecológica y el olivar como ecorrégimen “per se”, dar mayor flexibilidad en las cubiertas vegetales o permitir labores tradicionales como el aserpiado en los viñedos de Jerez.

Además, la consejera apuntó que el campo andaluz solicita que se revisen los criterios utilizados para definir las regiones de los ecorregímenes porque no reflejan la diversidad productiva de España y pueden conducir a tasas planas o valores uniformes que provocarían reducciones de ayudas en las zonas más productivas. Para evitarlo, se apuesta por tener en cuenta criterios de diferenciación que reflejen más adecuadamente la diversidad agraria teniendo en cuenta, por ejemplo, la climatología, los tipos de suelo o la estructura de las explotaciones.

Peticiones concretas

Por otro lado, Carmen Crespo se refirió también a otras alegaciones relativas, por ejemplo, al cuaderno digital, solicitando un mayor período de adaptación; al agricultor activo, con el objetivo de no dejar fuera a ningún productor pluriactivo y que puedan seguir recibiendo ayudas directas; o a la revisión del modelo regional de la ayuda básica a la renta para corregir las graves pérdidas a las que se ven abocados agricultores de determinadas comarcas donde se prevén recortes de hasta el 20% de las ayudas.

Por su lado, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, considera que se ha realizado un diagnóstico completo y riguroso del sistema agroalimentario español como no se había hecho nunca. Durante su participación en la apertura de la conferencia divulgativa “La PAC, una política al servicio de la sociedad y de un sector de futuro”, Planas afirmó que en esta reforma la PAC ha dejado de ser una política prescriptiva en base a unos requisitos determinados y ahora se orienta a la consecución de unos resultados concretos vinculados a unos objetivos económicos, ambientales y sociales.

En contraposición a la percepción de las organizaciones agrarias andaluzas y del Gobierno regional, el ministro destacó el proceso participativo y transparente seguido para la elaboración del plan estratégico para la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en España, del que aseguró que se trata de un ejemplo de administración abierta a los agentes privados y de respeto al modelo del reparto competencial del Estado.

El ministro se ratifica

Indicó que la elaboración del plan estratégico constituye un “ejemplo de orientación y transformación profunda” y uno de los ejercicios más importantes de coordinación y cooperación entre las administraciones general del Estado y autonómica con las organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, ONG ambientales y todos los interlocutores interesados en el sector agrario. Una percepción de la realidad que no comparte el sector en Andalucía.

La PAC entró en vigor el pasado 1 de enero, y desde el 1 de marzo está abierto el plazo de solicitud de las ayudas. El ministro destacó que el sistema de gobernanza será uno de los pilares básicos para la correcta implementación del plan estratégico. El ministro se mostró convencido de que la PAC constituye un firme apoyo al sector agrario y supone un interesante complemento de renta para los agricultores y ganaderos, que van a percibir más de 4.800 millones de euros anuales hasta el año 2027.