Andalucía

Alaya anuncia que puede imputar en la causa de IDEA a ex aforados

  • Suspende las declaraciones de cuatro ex altos cargos de IDEA y critica que la Junta lleva "un año" sin entregarle la documentación reclamada.

La juez Mercedes Alaya, que investiga las posibles irregularidades en los avales y préstamos concedidos por el IFA/Idea entre 2008 y 2013, ha anunciado este martes que puede imputar en esta causa a personas que "recientemente han perdido la condición de aforados", aunque de momento ha decidido suspender las declaraciones de cuatro ex altos cargos previstas para esta semana, al considerar que antes de proceder a la toma de declaraciones de los imputados deben practicarse algunas de las diligencias de investigación acordadas con anterioridad y, en este punto, critica que la Junta lleva "un año" sin entregarle la documentación reclamada en torno a esta investigación.

La juez había citado este martes al ex director general de Idea Jacinto Cañete y en los próximos días también debían comparecer los otros imputados en la causa: el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, y el que fuera secretario general de la Consejería de Innovación Juan Francisco Sánchez García. Alaya les atribuía delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a estos cuatro ex altos cargos, que también estaban imputados en las diligencias de los ERE.

En el acta de la comparecencia de Jacinto Cañete, Alaya explica que ha requerido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que "de inmediato cumplida cuenta de la entrega" de los recordatorios a la Junta de Andalucía –a la que requirió información en marzo de 2014- para la cumplimentación de la documentación solicitada en el plazo señalado o manifieste la Administración "las razones que le han impedido presentarla".

Dice Alaya que si transcurre el plazo desde el requerimiento a la UCO y no se entregara la documentación o se "manifestara justa causa para hacerlo”, la juez requerirá al Gabinete jurídico de la Junta y a la dirección de Idea bajo "apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial, para que de inmediato entregue la documentación que desde hace un año se le viene requiriendo".

En el acta, Alaya explica que tras el primer requerimiento en marzo de 2014, la agencia Idea contestó en junio de ese mismo año que precisaba "cuatro meses más" para la aportación de la documentación requerida habida cuenta del volumen de la misma y de que se encontraba distribuida en distintas dependencias. El 29 de octubre IDEA entregó, ante un nuevo requerimiento judicial, 15 cajas de embalaje más un desplegable, pero Alaya advierte de que "ni los expedientes eran todos los que se pedían ni el desplegable esta completo".

Sin embargo, la juez ha decidido suspender las declaraciones porque entiende que la documentación es "absolutamente necesaria para la prosecución de la presente causa, tanto para la toma de declaraciones como para la práctica de la pericial ordenada" y todo ello teniendo en cuenta que "la toma de declaraciones podrá ampliarse a personas que recientemente han perdido la condición de aforados".

En febrero pasado la instructora encargó un amplio y exhaustivo informe pericial a los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el dictamen de los ERE fraudulentos. Alaya también pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la realización de un atestado y ha reclamado abundante documentación a la Junta. 

La imputación se produce, según explica, por la "activa participación" que tendrían en el ejercicio de sus respectivos cargos en IDEA y en la Consejería de Innovación "en la ejecución de los hechos investigados". 

Fuentes del PP, que ejerce la acusación popular en esta causa, aseguran que la importancia de la causa consiste en que, a diferencia que en la investigación de los ERE, respecto a los avales todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta, constando dichos acuerdo publicados en el BOJA. En el nuevo auto, que tiene fecha del 24 de febrero, Alaya ordenó la práctica de nuevas diligencias al objeto de dar "el adecuado impulso procesal" a la diligencias 545/2014, que se abrieron en enero del año 2014. 

La primera de las diligencias que ha ordenado la magistrada consiste en la elaboración de un informe pericial en el que Alaya reclama a los peritos que se pronuncien, entre otros extremos, sobre si constituye un incumplimiento de la legalidad vigente, "generador de posible menoscabo de fondos públicos, la situación producida en IDEA en el ejercicio 2009 de superación del límite presupuestario en la concesión -por delegación del titular de la Consejería de Innovación- de créditos o avales a empresas relativas a este tipo de ayudas". Dice la juez que el artículo 29.5 del Presupuesto para ese ejercicio fijaba en 18 millones de euros el importe "máximo de avales" mientras que el total de los avales formalizados por IDEA en ejecución del encargo realizado por Innovación en dicho ejercicio ascendió a 71.284.198 euros, lo que cuadriplicaba el máximo. 

La juez quiere saber con este peritaje el montante de los fondos públicos "recuperados" y si se han realizado las operaciones de comprobación necesarias para "acreditar la adecuada justificación, control y seguimiento de las ayudas" de acuerdo con la orden de 5 de noviembre de 2008. 

De otro lado, la juez pidió a la Junta de Andalucía abundante documentación, entre la que destacan los expedientes de propuestas de acuerdo del Consejo de Gobierno, las actas de la comisión de viceconsejeros previa a dicho Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008, y el propio acuerdo del Consejo de Gobierno, así como los informes de cumplimiento y de cuentas anuales de IDEA realizados por la Intervención General de la Junta de los ejercicios 2008 a 2013, y los informes adicionales que se hayan efectuado en relación a estas ayudas con sus correspondientes documentos de remisión "a los diversos destinatarios". 

En cuanto al atestado encargado a la Guardia Civil, Alaya pidió a los agentes que analicen si existen "iniciales indicios de delito en las ayudas derivadas de la orden de 5/11/2008, entre otras razones por conceder en 2009 avales que superaban cuatro veces el techo presupuestario y por financiarse con transferencias de financiación de capital por parte de Innovación o por no perseguir el reintegro de las mismas mediante los servicios de recaudación de la Agencia Tributaria". También les pidió que se pronuncien sobre si la "concesión o gestión ilícita puede o no extenderse a los avales y préstamos concedidos por IDEA con anterioridad a esta línea de ayudas y al margen del programa 31L".

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