La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE fraudulentos, abrirá una nueva línea de investigación para esclarecer el pago de comisiones vinculadas a las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía al entorno de los sindicatos UGT y CCOO, de acuerdo con los documentados incautados por la Guardia Civil a raíz de la denominada operación Heracles, realizada el pasado 20 de marzo.

La nueva línea de investigación que abrirá la instructora se investigará al margen de la actual sobre los ERE y se produce después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusiera en conocimiento de Alaya el pago de 4.291.384,10 euros a los "entornos" de las centrales sindicales mencionadas, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. Al investigarse estos hechos en una nueva línea separada de la macrocausa de los ERE, estas diligencias quedarían al margen de lo que pudiera ocurrir con la causa principal en el caso de que la instructora decidiera finalmente imputar al diputado de PSOE y ex secretario general de los socialistas sevillanos José Antonio Viera, en cuyo caso tendría que elevar las actuaciones al Tribunal Supremo.

De hecho, la propia instructora avanza esta posibilidad en el auto dictado el pasado 30 de abril, en el que ha decidido prorrogar por un mes más el secreto de sumario que pesa sobre la causa desde noviembre del año pasado. Mercedes Alaya apunta precisamente en dicho auto que los investigadores están a la espera de recibir datos relativos a los soportes documentales de varias transacciones que "revelarían el origen de los fondos objeto de las mismas y que están resultando muy relevantes para la investigación, amén de la ingente documentación intervenida en los registros efectuados, cuyo análisis detenido podría abrir nuevas líneas de investigación".

El ex directivo de la mediadora Vitalia Antonio José Albarracín, que está en prisión provisional, puso a la juez Alaya sobre la pista de los pagos a los sindicatos, al asegurar que éstos podrían cobrar una comisión de un 0,5% de la prima por cada expediente en el que intervenían y si había dos sindicatos se les abonaba el 1% para los dos. Los pagos se efectuaban a través de las empresas Temiqui, en el caso de UGT, y FQT, en CCOO, a pesar de que estas organizaciones sindicales "no prestaban servicio alguno" a Vitalia que justificara el abono de estas cantidades. "Si no se abonaba, se iban a la Junta y no se hacía la operación, ya que los sindicatos y la Junta eran los que mandaban", aseveró Albarracín en su declaración.

Alaya considera que estos pagos a los sindicatos se producían una vez que Antonio Albarracín, que fue director general de Vitalia entre 1995 y 2011, recibía de la aseguradora la "sobrecomisión pactada con la Junta", momento en que el directivo abonó esos 4,2 millones de euros, cifra que la juez determina a través de los datos bancarios y fiscales analizados por la Guardia Civil en el curo de la nueva investigación.

La instructora recuerda en el auto que la "importante operación policial aún no ha concluido", porque está pendiente que la UCO analice la documentación que guarda relación con las declaraciones aún pendientes, que son las del responsable del bufete Estudios Jurídicos Villasís, Carlos Leal Bonmati, y del administrador único de la mediadora Uniter, José González Mata.

El auto justifica la nueva prórroga del secreto en aras de salvaguardar "el buen fin de la instrucción y evitar la manipulación, pérdida o destrucción de indicios o fuentes de prueba, o incluso que parte interesada pudiera influir en alguno de los implicados o testigos, anulando con todo ello la acción policial y judicial que se viene llevando a efecto, para determinar en definitiva si hubo desviación de fondos públicos procedentes de la Junta de Andalucía hacia fines distintos de los legalmente establecidos".

Guerrero recurre la negativa de la juez a dejarle libre

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, que está en prisión desde el pasado 20 de marzo, ha presentado un recurso ante la Audiencia de Sevilla, una vez que la juez Mercedes Alaya ha denegado su puesta en libertad. El abogado Fernando de Pablo, que representa a Francisco Javier Guerrero, ha anunciado que ayer mismo presentó el recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla, aunque este tribunal, al resolver los recursos contra otros autos presentados por los abogados de otros imputados, ha ratificado la situación de prisión provisional dictada por la instructora y la legalidad de las detenciones practicadas en marzo pasado al amparo de la operación Heracles.

La defensa de Guerrero considera que la juez cometió un error a la hora de afirmar que Guerrero había recibido diversas transferencias en sus cuentas bancarias por parte del holding Vitalia -la instructora habla de 94 transferencias por importe de 161.600 euros en una cuenta de la Caja Rural y otras 76 transferencias en la cuenta de su esposa por importe de 87.400 euros-. La defensa asegura que "no existen" esas órdenes de transferencia a su favor ordenadas por Albarracín o Vitalia, y asegura que la propia documentación bancaria avala que no son ciertas las afirmaciones de la juez.