La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil de 593.306 euros a Juan Antonio Caravaca, secretario de la Federación de Industria de CCOO de Sevilla, por la inclusión de dos" intrusos" entre los once prejubilados de la empresa Calderinox, cantidad de la que responderá su sindicato. Caravaca, según Alaya, contribuyó a la inclusión en el ERE de Calderinox de dos personas que nunca habían trabajado en esa empresa: Antonio Fernández Garzón, militante de su propio sindicato, y Juan Rodríguez Cordobés, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 1999 y 2000.

Las ayudas para Calderinox, según el auto, consistían en una percepción económica, dado que se adeudaban nóminas, y un plan de prejubilación para los trabajadores de mayor edad, compromisos que adquirieron Caravaca junto con los ya imputados Antonio Rivas, ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, y Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo. Añade el auto que el 6 de marzo de 2008 se formalizó el Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Trabajo y la agencia IDEA por el que se estableció el otorgamiento de ayudas a los ex trabajadores y se abonó una subvención de concesión directa a la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía de 432.728 euros. Esa cantidad, según la juez, fue duplicada en la solicitud "sin ningún tipo de justificación".

La ayuda acordada "a favor supuestamente de nueve ex trabajadores de Calderinox" se vio incrementada mediante un suplemento "para incluir a dos intrusos", dice Alaya, quien añade que la incorporación de Rodríguez Cordobés fue obra de la "activa participación" de Antonio Rivas y el ex diputado andaluz por el PSOE Ramón Díaz Alcaraz, ya imputado en la causa. La cantidad fijada como responsabilidad civil, según el auto, responde a los principios de "gravedad, necesariedad e idoneidad" y tiene por objeto "la devolución, en la medida de lo posible, de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta de Andalucía". Del pago de la fianza serán responsables subsidiarios la Federación de Industria de CCOO y Enrique Manuel Jiménez García, que ocupaba en mismo cargo que Caravaca a nivel andaluz, según precisa el auto.