La Fiscalía Anticorrupción ha reiterado a la juez Mercedes Alaya que amplíe la investigación sobre los más de 7, 6 millones de euros que fueron abonados a las empresas vinculadas a UGT y CCOO, y que recabe los servicios realizados por estas sociedades "factura a factura", con indicación del tiempo y de las personas empleadas en dichos trabajos. En un escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el Ministerio Público insiste en que se requiera a los representantes de las empresas que recibieron los pagos para que "aporten al juzgado justificación documental de los servicios a los que se corresponden dichos pagos, de forma detallada: factura a factura, contrato, con indicación de los trabajos -duración, lugar, periodo...- y personal empleado.

Como complemento a estas diligencias, la Fiscalía reclama que se recabe del Registro Mercantil correspondiente al domicilio de cada una de las sociedades: Atlantis Asesores S.L., Atlantis Correduría de Seguros y consultora actuarial S.A., Temiqui S. A., ITG Industria Técnica y Gestión S.L., así como la hoja registral y las cuentas anuales depositadas desde el ejercicio 2001 hasta 2012.

El Ministerio Público también pide que se libre un oficio a la Agencia Tributaria para que facilite las declaraciones correspondientes al Impuesto de sociedades y declaraciones de operaciones con terceros de estas sociedades en el periodo 2001-2012, y que se oficie al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para que remita la "certificación relativa a las asociaciones sindicales, federaciones o confederaciones constituidas por Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, bien de ámbito estatal bien de ámbito autonómico andaluz".

La Fiscalía Anticorrupción ha reiterado en el escrito que se investiguen las operaciones realizadas por algunos de los imputados con distintas cuentas bancarias relacionadas con el conseguidor de los ERE Juan Lanzas y el bufete Estudios Jurídicos Villasís. Así, la Fiscalía ya pidió en junio pasado a la Guardia Civil que aportara una relación detallada, por entidad y sucursal, de las cuentas bancarias utilizadas por los imputados para el cobro y posterior distribución de las cantidades recogidas en las diligencias policiales, y que se oficiara al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) para que informe sobre las "denuncias, reportes y cualquier actuación de las que haya tenido conocimiento" sobre estas cuentas y también pide los datos de director e interventores de las sucursales bancarias.

La Fiscalía entiende que estas diligencias que se interesan deben de ser practicadas "de forma inmediata" tratándose de oficios y requerimientos que "no suponen un excesivo trabajo para la oficina judicial y que pueden arrojar información útil para el avance de instrucción". En este punto, el Ministerio Público advierte de que aún llevando prácticamente tres años "la amplitud y complejidad de los hechos que se investigan hacen esperar que no esté ni mucho menos cercana su conclusión y que sea necesario ir delimitando los hechos y sus partícipes para permitir articular la causa conforme el artículo 762.6 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin llegar a comprender en qué medida afecta a su solicitud y práctica el contenido del auto de fecha 31 de octubre", concluye la Fiscalía, en alusión al auto de Alaya en el que la instructora aseguró que el final de la instrucción "no está lejos" y pedía "calma" para que acabar con "dignidad" el trabajo que iniciaron hace menos de tres años "unos pocos incansables".