La Fiscalía Anticorrupción ha insistido este martes, en su informe definitivo en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, en reprochar al ex presidente la Junta José Antonio Griñán que no actuara para poner fin al sistema, a pesar de que según el Ministerio Público tenía conocimiento de los informes de la Intervención en los que se advertían de las numerosas irregularidades en las ayudas que se concedieron durante una década.

En la parte final de su informe, que está previsto que concluya esta misma mañana, el fiscal delegado de Anticorrupción está enumerando de forma individualizada cuál es la participación que a su juicio ha tenido cada uno de los 21 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados y a los que atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. 

En el caso de Griñán, que fue ex consejero de Economía entre 2004 y 2009 y presidente de la Junta desde 2009 a 2013, ha fundado la participación concreta del ex presidente en la declaración del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ante el Tribunal Supremo y en el auto de procedimiento abreviado dictado por el juez de refuerzo Álvaro Martín, en el que se incluyen ambos delitos.

Sobre la declaración de Gómez Martínez, el fiscal ha recordado que éste defendió que no era necesario la emisión del informe de actuación y que en esa comparecencia en el Supremo sostuvo que hasta tres consejeros del Gobierno andaluz recibieron los informes que incluían "circunstancias relevantes como para tomar medidas", por lo que, siguiendo la declaración del ex interventor, "la excusa del informe de actuación es eso: una excusa", y el consejero de Hacienda podía haber ordenado que se supendieran los pagos de las ayudas a través de las transferencias de financiación al IFA.

En esa declaración ante el Alto Tribunal, ha proseguido el fiscal, Manuel Gómez también dijo que "bastaba una orden verbal" del consejero de Empleo al director general para que se hubiera dejado de presupuestar las transferencias de financiación, y sobre el consejero de Innovación podía "haber dado instrucciones para denunciar el convenio marco de 2001".

En cuanto a los cargos por malversación que la Fiscalía atribuye a Griñán, para que el pide seis años de prisión y 30 años de inhabilitación, el fiscal ha querido distanciar la resolución del instructor del Supremo que en junio de 2015 no apreció el delito de malversación en el ex presidente del auto dictado por el juez de refuerzo en mayo de 2016 tras haber practicado "numerosas diligencias", lo que le ha llevado a afirmar que los indicios contra Griñán están "plenamente acreditados y ahora sí se puede afirmar", siguiendo este auto, que Griñán era "consciente de las vulneraciones patentes y groseras que se estaban produciendo y de la disposición de caudales públicos contra legem".

El fiscal delegado de Anticorrupción ha señalado que a pesar de que Griñán ha negado haber recibido dichos informes, "no cabe la menor duda de que el destinatario es el consejero" de Economía y en el caso de que existiera alguna duda, la misma se disipa con el oficio de remisión del interventor del informe adicional de 2003, remitido a la entonces viceconsejera y también imputada Carmen Martínez Aguayo, en el que se envía dicho informe "para su conocimiento y traslado al consejero".

Conoció los acuerdos de Control Financiero Permanente y las memorias

De la misma forma, el fiscal ha aseverado que Griñán conoció los acuerdos de Control Financiero Permanente y el contenido de las memorias de la Intervención que eran remitidas al Consejo de Gobierno, y en este sentido ha precisado que "es impensable que no haber asistido a una sesión del Consejo de Gobierno implique su desconocimiento". También ha dicho que el ex presidente Manuel Chaves ha declarado que cuando existía una disputa entre consejerías en materia presupuestaria él siempre "daba la razón" al consejero de Hacienda.

El fiscal ha puesto de manifiesto que la utilización de las transferencias de financiación generó un déficit importante en el IFA/IDEA, al tener que asumir compromisos de pago de ayudas por encima de lo presupuestado, y ha añadido que ese desfase aparecido hasta que "de forma torticeramente no quedó reflejado en la contabilidad" de la agencia.

Por último, ha rechazado la petición de la defensa de Griñán, que manera alternativa a la absolución ha planteado el "error invencible" del artículo 14 del Código Penal, según el cual, "el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal", algo que el Ministerio Público rechaza que pueda ser aplicado a este caso.

Guerrero y la visita de Chaves a Lucena

En la parte final de su informe, el fiscal ha ido desgranando algunos de los hechos que atribuye a cada uno de los acusados y así, sobre el principal procesado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero ha dicho que éste era quien "ponía sobre la mesa" del consejero y del ex viceconsejero cuánto dinero había que poner para resolver los problemas generados por los distintos conflictos laborales que había en aquella época.

El fiscal ha recordado que Javier Guerrero declaró en la fase de instrucción -en el juicio sólo respondió a su abogado- que en 2003 recibió una directriz por escrito del gabinete de la Presidencia de Manuel Chaves diciéndole que tenía que solucionar el problema de Bilore porque al día siguiente el presidente de la Junta iba a visitar la localidad de Lucena (Córdoba).

Para el Ministerio Público, Guerrero no puede alegar que desconocía los incumplimiento que había expuesto de forma reiterada la Intervención y ha precisado que tuvo conocimiento del informe adicional de 2003 sin ser destinatario del mismo, recordando una reunión que tuvo lugar en el año 2005 -cuando se notificó ese informe- en la que intervino el interventor general Manuel Gómez, la consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo y el entonces director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano para tratar de dar respuesta a las deficiencias.

También ha recordado que Guerrero declaró que el convenio marco de 17 de julio de 2001 fue la "herramienta" que según sus superiores le habían dicho que regulaban las ayudas sociolaborales y a empresas, y ha agregado que el director de Trabajo hizo tres borradores de órdenes y dos borradores de decreto que fueron elevados al "consejillo" pero no prosperaron.

El fiscal ha dicho que el ex director de Trabajo fue quien en su día se refirió a la partida 31L como el "fondo de reptiles" y ha puesto algunos ejemplos de la utilización del mismo para conceder una póliza al ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo (PSOE), por la que percibió 2.300 euros mensuales, así como la inclusión de varios intrusos, entre ellos varios militantes socialistas; su suegra, Victorina Madrid, que recibió 119.000 euros. También ha citado el pago con los fondos de la partida 31L de las indemnizaciones a altos directivos de Santana Motor y las cantidades abonadas a las empresas de su chófer, Juan Francisco Trujillo por 450.000 euros, y el pago de una póliza para la madre del conductor por importe de 125.000 euros, además de las ayudas a los ayuntamientos. Todos estos asuntos son objeto de piezas separadas que siguen en instrucción.

Anticorrupción también ha rechazado la aplicación a estas ayudas de la orden del Ministerio de Trabajo de 1995, por cuanto "no existe ningún paralelismo entre las ayudas del Estado y las concedidas" por la Junta de Andalucía.

Viera ideó el convenio marco

De otro lado y refiriéndose a los hechos que se atribuyen al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, el fiscal ha afirmado que "necesariamente debió conocer y conoció los expedientes de transferencias de financiación", y ha dicho que según declaró en su día el también ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el convenio marco fue una "idea" de Viera tras haber sido "autorizada" por el Consejo de Gobierno.

El fiscal ha rechazado la alegación de la defensa de Viera respecto a la supuesta inconcreción de los hechos por parte del Ministerio Público de los hechos que se le imputan, por cuando considera que el escrito de conclusiones recoge "cómo se artículo el procedimiento" y se creó, "hito a hito", y también "cómo se valieron los encausados para llevar a cabo su propósito delictivo", por lo que considera que la acusación ha dejado claro el "cuando, como y por qué de su participación" en los hechos.

A la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, Anticorrupción le reprocha que "no es lógico ni razonable" que no leyera los 12 informes que recogen los "importantes incumplimientos" detectados por la Intervención y los nueve informes adicionales que alertaban de las irregularidades, y tampoco considera lógico que no se lo comunicara a su superior, en su etapa de viceconsejera. También conocía el uso de las transferencias y "sus consecuencias", así como la concesión de ayudas sin cobertura presupuestaria, ha añadido.

Este mismo reproche sobre no haber actuado ante las consecuencias del uso de las transferencias es el que se hace en el caso del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, señalando que "no cabe alegar" que desconocía lo que estaba sucediendo con las ayudas y que para poder actuar era "necesario" que el interventor general Manuel Gómez emitiera el informe de actuación. "Vallejo no hizo nada y permitió que se siguieran usando las transferencias de financiación, vulnerando el régimen legal", ha manifestado el fiscal, que ha dicho que aunque Vallejo alega que no podían hacer más que pagar las ayudas porque el IFA recibía un mandato de Empleo, lo cierto es que en el año 2005 Vallejo y el director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar se plantaron "la posibilidad de denunciar el convenio, de dejarlo sin efecto, pese a lo cual lo mantuvieron".

Para la Fiscalía Anticorrupción, la ex consejera de Economía Magdalena Álvarez "conocía" lo que suponía el uso de las transferencias de financiación y que éstas no cumplían la finalidad legal -discutida por los peritos de las defensas- de cubrir las pérdidas del IFA/IDEA, y a pesar de todo "permitió y consintió" la inclusión de las transferencias "a sabiendas de lo que suponía" y el papel real que desempeñaba el IFA sólo como entidad que pagaba las ayudas.

De la misma forma, el fiscal ha opinado que "no es muy creíble" que Magdalena Álvarez negara haber conocido el contenido de la partida 31L y el convenio marco dice 2001, así como que tuviera un conocimiento mínimo o ninguno de cómo se articulaban las ayudas.

Antonio Fernández y "el programa de Javier Guerrero"

El fiscal se ha extendido en los hechos relativos a la participación del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, de quien ha sostenido entre otros aspecto que recibió el informe adicional de 2003 y conoció las conclusiones finales donde se hacía referencia a que se habían generado "obligaciones por 78 millones sin cobertura presupuestaria" y a pesar de conocer esas conclusiones con las graves deficiencias detectadas en los 20 expedientes analizados como muestra "nada cambió en su proceder en el ejercicio de sus competencias como consejero de Empleo" y ninguna orden dio para solicitar el reintegro de las ayudas.

El fiscal ha relatado incluso cómo en una ocasión en relación con las ayudas a la Faja Píritica le comentó al entonces responsable del IFA que debían asumirse pagos con cargo "al programa de Javier Guerrero".

Anticorrupción le ha reprochado además que se incluyera en las prejubilaciones de González Byass. "El sistema montado por los encausados permitía que un consejero de Empleo fuese beneficiario de una póliza de renta", lo que ha llevado al fiscal a cuestionar el carácter asistencial que se defiende en relación con estas ayudas, así como a ironizar si este es uno de los ejemplos de "apoyo selectivo, no generalizado" en torno a las subvenciones concedidas durante una década en la Junta.

La Fiscalía se ha opuesto a que se le aplique al ex consejero una atenuante de dilaciones indebidas, por cuando considera que no ha habido un tiempo desmesurado entre la instrucción y el enjuiciamiento, y no ha existido una "paralización relevante, inexplicable o inasumible".

Sobre el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, ha señalado que las funciones de su dirección general en la elaboración del proyecto de Presupuestos de la Junta "iban más allá de un mero unir papeles" y además, como alto cargo de la Consejería de Economía, era "destinatario de los informes trimestrales de la Intervención que recogen el uso inadecuado de las transferencias de financiación y los problemas que conllevan, y eran informes, no meras notas", ha destacado el fiscal, que también le ha reprochado que "no pusiera traba alguna, pudiendo y debiendo hacerlo" a la tramitación de los expedientes de modificaciones presupuestarias que incrementaron la partida 31L.

El ex viceconsejero de Hacienda José Salgueiro intervino en la tramitación de las modificaciones presupuestarias a pesar de conocer los informes de fiscalización y tuvo conocimiento de los intentos de regulación de las ayudas por su participación en la Comisión General de Viceconsejeros (los consejillos), ha indicado el fiscal.

"Primero vamos a pagar, después vendrán los papeles"

En cuanto a la participación del ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, ha hecho hincapié en que a su llegada a la dirección general se encuentra con la "total falta de control" de las ayudas, así como de la existencia de los "pagos cruzados" y de la inclusión de los intrusos", pero a pesar de todo ello siguiendo pagando las ayudas a pesar de que sabía que las transferencias de financiación no eran un "instrumento adecuado" y también conocía la ausencia de fiscalización previa. 

El fiscal ha recordado una expresión atribuida a Juan Márquez por la ex asesora de Empleo María José Rofa, que ha declarado en el juicio, y según la cual en relación con el pago de unas ayudas Márquez le dijo que en este caso "primero vamos a pagar y después vendrán los papeles".

Sobre el ex jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río, el fiscal ha recordado que era miembro nato de la Comisión General de Viceconsejeros -los consejillos- y del Consejo Rector de IDEA, por lo que tuvo conocimiento de los proyectos de decreto y órdenes presentado al consejillo para la regulación de las ayudas, lo que le "permitía conocer que no había normativa reguladora" de las mismas. Y sobre su participación en el Consejo Rector, ha defendido que intervenía para pedir aclaraciones o correcciones, por lo que "su presencia no era decorativa o de trámite", ha especificado el representante de la acusación pública, que también le atribuye que no hay constancia de que "preocupara o verificara de que se cumplía la normativa comunitaria" en relación con las ayudas a empresas o que encargara un informe específico sobre la compatibilidad de tales ayudas.

De la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo, el fiscal ha indicado que "es impensable y contrario a la lógica que conociendo las transferencias no tuviera conocimiento de los incumplimientos reiterados" denunciados por la Intervención, "pese a lo cual nada cambió". 

El ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá tuvo "perfecto conocimiento" del informe adicional de 2003 donde se alertaba de la irregularidades y conocía las "carencias" del sistema, además de que tuvo una participación en ayudas concretas como las concedidas a la multinacional de automoción Delphi.

Del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román ha señalado que tuvo conocimiento de la carta del ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá para acabar con el déficit generado en el IFA, y del ex director general de IDEA Jacinto Cañete ha dicho que "debió negarse a la participación de IDEA como pieza del procedimiento" por el que se concedían las ayudas.