El Gobierno andaluz se ha despejado lo que queda de la legislatura con su tercer acuerdo presupuestario con Vox en menos de año y medio. Las cuentas autonómicas de 2021 han superado este miércoles el debate de totalidad en el Parlamento, ya que las "fuerzas del cambio", como denomina Elías Bendodo a PP, Ciudadanos y Vox, han vuelto a ponerse de acuerdo. El nuevo pacto incluye 34 medidas nuevas, pero también actualiza casi una treintena de los compromisos alcanzados en acuerdos previos entre Ejecutivo de Juanma Moreno y el partido que dirige Alejandro Hernández en Andalucía. El Presupuesto de la Junta del próximo año es el de mayor gasto de la historia autonómica, con 40.180 millones de euros, e incurre en un déficit del 2.2%.

Los grupos del Gobierno y Vox han rechazado la enmienda de la devolución de las cuentas, que quedarán aprobadas, con enmiendas, antes de finales de año.

Ni el consejero Juan Bravo ni el vicepresidente Juan Marín han concretado qué cantidad moviliza el nuevo pacto, pero ambos se han congratulado por el mensaje de "seguridad y certeza" que supone la aprobación del Presupuesto, que aumenta en más de 2.100 millones respecto a las cuentas vigentes. El vicepresidente de la Junta ha asegurado que se trata de un proyecto de ley "imprescindible para afrontar la recuperación económica", pero el factor a tener en cuenta es el horizonte de estabilidad que proporciona al Gobierno autonómico. En caso de que las relaciones con sus socios se malogren, Moreno podrá prorrogar las cuentas hasta 2022, cuando deben celebrarse las siguientes elecciones autonómicas. 

El acuerdo firmado por Bravo, Marín y Hernández es una suerte de renovación de los votos de una relación que pasa por muchos altibajos, pero nunca acaba de resquebrajarse. "No somos un socio prioritario, somos el único socio posible", ha dicho el portavoz de Vox, que ha agradecido al Ejecutivo su voluntad de diálogo y ha recordado que para ellos es imposible congeniar con una izquierda "filoterrorista y con tics liberticidas". De hecho, Hernández ha reconocido que el alejamiento de cualquier posibilidad de pacto con las izquierdas ha sido fundamental en la "recuperación de la confianza" entre su partido y la Junta.

En este renovado compromiso con el Gobierno Vox recupera muchas de las medidas ideológicas que lleva exigiendo desde que desembarcó en la política andaluza. El símbolo de estos logros es la eliminación de uno de los tres canales de RTVA, AndalucíaTV. Resulta paradójico, ya que es el nombre que los socios del Gobierno proponen para una nueva denominación de Canal Sur, aunque la renovación de la marca se deja para el futuro.

Lo que sí hará el Ejecutivo es congelar el presupuesto del ente público audiovisual y poner en marcha un plan para recortar el gasto en 14 millones de euros. Para ello, se amortizarán las bajas causadas por jubilaciones, se estudiará un plan de prejubilaciones, se eliminará la Fundación Audiovisual de Andalucía y se reducirá un 10% la contratación de programas. Por otro lado, RTVA intentará adquirir mayor presencia en Iberoamérica, de donde procede el 30% de las visita al canal de Youtube de la cadena pública andaluza.

También es simbólica la auditoría que la Junta pondrá en marcha para fiscalizar el gasto en los informes de impacto de género que, por ley, se elaboran sobre las políticas públicas y que Vox considera "inútiles". Se revisará igualmente la política de subvenciones y ayudas a partir de un análisis de la Airef y se trasladan tres millones de euros desde la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aacid) a la fundación del Banco de Alimentos para atajar las consecuencias de la crisis. 

La marca ideológica de Vox en las cuentas se completa con las ayudas a entidades del mundo del toro, con más de 50.000 euros, así como el refuerzo del teléfono de atención a la violencia intrafamiliar, que se ampliará gracias a una aportación de 480.000 euros. El pacto contempla la ampliación de las líneas concertadas de FP y Bachillerato (60 en próximo curso), que ya era una prioridad para el PP y Cs y recupera la aplicación del pin parental. También recoge la puesta en marcha de un plan de asistencia a personas afectadas por okupaciones, con medidas punitivas para los okupas, refuerza las ayudas a mujeres embarazadas con problemas económicos y retoma el aumento de la seguridad en centros de menores extranjeros.

Control del sector público y medidas económicas

En materia de control del sector público, destaca la obligatoriedad de presentar las auditorías que actualmente se realizan a administración paralela en marzo de 2021. Será en la primera reunión del nuevo órgano de seguimiento del pacto, que también tiene potestad para hacer propuestas sobre los fondos europeos que deben llegar en los próximos años. También hay un compromiso para ampliar la "transparencia" de la Intervención General y un acuerdo para crear un cuerpo de funcionarios auditores dentro del organigrama de la Junta, algo que ya figuraba en el Presupuesto antes del acuerdo. 

La tercera pata del acuerdo tiene un marcado carácter económico, con ayudas para pymes y autónomos y una especial atención al sector hostelero, para el cual se propone la creación de una Dirección General en la Consejería de Turismo. También se incluyen aquí las medidas impositivas, que contemplan deducciones en el IRPF para familias numerosas o con algún miembro con discapacidad y personas celíacas y una futura revisión de Sucesiones para los grados III y IV, así como en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

El acuerdo contempla también nuevas ayudas para el sector agrario, sobre todo para jóvenes, para el sector del mueble, una apuesta por las infraestructuras hidráulicas y de depuración de aguas. También habrá apoyo para discapacitados y una apuesta por su integración en la sociedad y un aumento de las plantillas docentes para atender a alumnos de educación especial.