El último Pleno de esta legislatura estaba enfocado para que el Gobierno y la oposición hicieran un balance de los cuatro años, pero también para que plantearan propuestas de futuro. Ninguno lo hizo. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, porque quiso emplearse a fondo en defender la salud de las cuentas andaluzas y alejarlas de la suspensión de pagos formulada por el PP, y la actuación de la Junta en el escándalo de los ERE. Dos cuestiones con efectos muy negativos: para las necesidades crediticias de la comunidad y para el resultado del PSOE en las urnas el próximo 25-M. Tampoco hicieron propuestas sus rivales. El popular Javier Arenas releyó sólo parte del programa de ese gobierno "del cambio" que lleva meses desgranando, sin aportar ni un solo nuevo proyecto. Y el líder de IU, Diego Valderas, se afanó por acercarse por la izquierda al PSOE, para alejarse por la derecha del PP, y esquivar la resurrección de la pinza.

Griñán fue pertrechado de datos para intentar desmontar la "gran mentira" del Ejecutivo de Mariano Rajoy, en lo que para el PSOE es una clara estrategia para ayudar a Arenas en su cuarta campaña electoral como candidato a la Junta. Puso número a la deuda andaluza, 14.331 millones de euros, pero le costó dar una previsión de déficit para cerrar 2011. Sólo la insistencia de Arenas logró que el presidente apartara el 1,1% con el que se cerró el tercer trimestre, y admitiera que en diciembre el porcentaje se situaría en torno al 1,4%. Una décima por encima del umbral del 1,3% del PIB marcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de julio. Esta cifra no se acercaría al 2,6% de déficit que vaticina la bancada de Arenas.

Estos valores y otros que definen la situación real de las cuentas andaluzas -como que la Junta atiende los pagos de nóminas, pensiones, becas, conciertos sanitarios y parte a proveedores-, el Gobierno andaluz las hará accesibles a toda la ciudadanía colgándolas en la página web de la Consejería de Hacienda. Pero éstas ya lo son para los diputados, a través de la Oficina de Control Presupuestarios, por lo que Griñán llamó "vagos" a los populares por no revisarlos antes de propiciar que se ponga bajo sospecha la solvencia andaluza, con los perjuicios que ello puede conllevar para las arcas autonómicas en los mercados financieros.

La "irresponsabilidad" del PP, y la "deslealtad" del Gobierno central por aplicar el término suspensión de pagos, cuando es otra comunidad, la valenciana, la que ha pedido rescate ante una quiebra es, como explicó el portavoz socialista, Mario Jiménez, una acritud rayana con el delito. Sería el recogido en el artículo 83.1 de la Ley del Mercado de Valores: propagar rumores falsos sobre la cotización de un valor, en este caso, Andalucía.

La única justificación al ataque popular, según el PSOE, está en la proximidad del 25-M. La doble vertiente de ese beneficio para Arenas estaría en un plano electoral, porque presentaría al candidato socialista como incapaz de gestionar y la prueba es una administración en quiebra; y en un plano poselectoral, porque serviría de argumento para justificar medidas, como una subida de impuestos. En definitiva, sería repetir en Andalucía el esquema seguido por otros gobiernos autonómicos del PP recién elegidos y el del propio Ejecutivo de Mariano Rajoy: la "herencia terrible" recibida de los antecesores socialistas fuerza un golpe de timón en política fiscal. Esto, para el presidente de la Junta, es la prueba palpable una incoherencia del PP, frente al actual sistema de fiscalidad progresiva andaluz, por el que él ha dado la cara en el Parlamento.

La segunda piedra angular de este debate de fin de legislatura fue el fraude de los ERE. Hasta ahora, Griñán, salvo en un pleno parlamentario en el que puso en tela de juicio la actuación de la juez del caso, Mercedes Alaya, a la que vio manipulada por el PP, había delegado en otros cuadros del PSOE y del Gobierno andaluz para defender que la corrupción está en un entorno muy concreto, el del director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, y que no contamina ningún otro departamento. Las riendas las cogió para intentar que el caso se volviera contra el PP: su único interés no es esclarecer la verdad, sino la finalidad política de desgastarle de cara a la cita con las urnas de marzo. Así, mientras la Junta no mira para otro lado y es colaboradora con la Justicia, pone a funcionarios independientes al frente de la investigación para que paguen todos los culpables, el PP se afana con presentar escritos que "manipulan" la realidad para "dilatar" la instrucción de la causa. Una actitud que, a su juicio, choca con la que mantienen contra otros jueces que también persiguen la corrupción, como Baltasar Garzón, al que el PP ha sentado en el banquillo por el caso Gürtel. Ante el afán del PP por colocarle como una parte aún no visibles del iceberg de este caso, como el encargado en calidad de consejero de Economía de incrementar los fondos que nutrían esas irregularidades, su única defensa fue apuntar en la dirección de la Intervención General de la Junta: nunca vio nada ilegal.