De forma imprevista, una semana después de que la Junta presentase el plan económico que fue aprobado in extremis por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, compareció ayer con un doble mensaje: uno, que el compromiso de la Administración andaluza para cumplir el objetivo de déficit este año es irrebatible, y dos, que para 2013 emprende desde ya una ofensiva política y jurídica para que el Gobierno modifique el reparto de esfuerzos para alcanzar ese objetivo que, por cierto, será aún más duro. Todo, cuando se suceden las voces que auguran que España no cumplirá, ni este año, ni el que viene.

En este contexto, Griñán se erigió en el papel que muchos le otorgan como principal referente de las políticas de izquierda y arremetió contra las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, al que culpó del 90% de los recortes que su Gobierno autonómico ha aprobado, incluido el más sonoro, el recorte salarial a los empleados públicos.

En una deslavazada comparecencia, la primera esta legislatura tras un Consejo de Gobierno, Griñán anunció que emprende una batalla política y jurídica contra el criterio por el que el Gobierno reparte el déficit entre las comunidades, "injusticia" que viene denunciando desde hace años y del que por vez primera aportó cifras.

El presidente andaluz censuró que el tope de déficit en el que pueden recurrir las comunidades se cifre por su participación en el PIB y no por su población. Si el reparto fuera por el porcentaje de población (19,9% Andalucía), el tope de déficit habría sido de 2.800 millones en lugar de 2.181 millones (14,9% de participación según el PIB), es decir, que no habrían "tenido que hacer recortes" en las nóminas de los empleados públicos (777 millones).

Griñán señaló que el cambio de este criterio no sólo sería más justo, ya que "la participación es el valor que se ha de elegir al definir cualquier sistema que influya en la financiación", sino que beneficiaría a otras comunidades.

Así, apoyado en un cuadro comparativo, el presidente de la Junta buscó la complicidad de Extremadura (que tendría que recortar 103 millones menos si cambian las reglas), Canarias (91,2) Galicia (63,2) y, aunque le costó citarla, Valencia (136 millones). Reconoció que este cambio de sistema perjudicaría a Madrid (678,9 millones más a recortar) y Cataluña (458,4).

Este criterio por población ya fue reclamado al Gobierno de Rodríguez Zapatero, aunque entonces se quedó en un canto de sirena. Ahora incorpora amenazas jurídicas que irían por el contencioso administrativo o ante el Constitucional. En el ámbito político, el presidente andaluz ha encargado a su vicepresidente, Diego Valderas, que encuentre una posición común entre las fuerzas parlamentarias para corregir este "agravio comparativo".

Griñán también dedicó gran parte de su intervención a exculpar a su gobierno de los recortes. El presidente cifró en 1.574 millones lo que Andalucía ha dejado de percibir vía Presupuestos del Estado, 777 millones por la decisión del Gobierno de aumentar la jornada laboral de los empleados públicos de 35 a 37 horas y media.

Griñán señaló que esos ajustes supondrían deshacerse de 23.805 empleos a tiempo completo (10.000 sanitarios, 8.327 educativos, 530 en justicia, 3.040 de Administración General y 1.908 de entidades instrumentales), pero que el deseo de la Junta es preservar estos empleos y por ello se ha presentado un plan de ajuste alternativo, con recortes salariales en lugar de despidos. No obstante, asumió que 4.800 interinos no serán contratados el próximo año.

Sobre los recortes salariales, Griñán subrayó a preguntas de los periodistas que "todo lo que sea que el resultado siga dando 777 millones se puede estudiar perfectamente, eso y otras medidas", en referencia a la petición de IU de que se libre del tijeretazo salarial a los empleados mileuristas. Griñán también consideró un error las privatizaciones y dijo no tener nada en contra de la concertación de servicios públicos.

De esos 1.574, otros 615 serían por transferencias finalistas, 140 por dependencia y 38 millones por minoración del Fondo de Compensación Territorial. A esto sumó 132 millones en sanidad y, otro dato más sorprendente, 604 millones por la decisión del Gobierno de Rajoy de ampliar de 5 a 10 años el plazo de autonomías y municipios para devolver la deuda, medida que fue celebrada como un balón de oxígeno en enero pero que ahora entra en el debe del Gobierno. En total, 2.300 millones, calculó.

El presidente de la Junta se ciñó a que las medidas le han venido impuestas, salvo el consejo de aumentar la ratio, que no se ha aceptado, y se han completado con recortes de gasto corriente, subvenciones e inversión. No hubo autocrítica por que ese recorte esté provocado por el desvío del déficit en 2011 o unas erróneas previsiones de crecimiento para 2012.

Para terminar, Griñán insistió en que "sólo con el déficit no saldremos de ésta", apeló a un consenso como en los Pactos de la Moncloa y criticó que se haya cuestionado la solvencia de las cuentas andaluzas. "He oído al Gobierno, desde que ganó el PP, poner en duda la solvencia de Andalucía y esto impidió colocar deuda. He oído al señor Beteta (secretario de Estado de Administraciones Públicas y ex consejero de Madrid) y yo tengo dudas sobre él", aseguró el presidente tras conocerse el sábado que la comunidad madrileña desveló un déficit oculto de 1.000 millones de euros .