La Intervención General de la Administración del Estado ha exculpado a la Cámara de Cuentas de cualquier responsabilidad por no impedir el sistema que propició el fraude de los ERE, si bien ha mostrado hasta cinco importantes discrepancias técnicas con el informe de fiscalización de las subvenciones del programa 31L, conocido como el fondo de reptiles, realizado en julio de 2012 por la letrada jefe del gabinete jurídico de este organismo fiscalizador.

La juez Mercedes Alaya, que instruye la causa por el escándalo de los ERE, había solicitado a los peritos de la Intervención General del Estado que realizaran una ampliación de su informe para que analizaran las funciones de la Cámara de Cuentas en cuanto a la "rendición de cuentas anuales de la Junta de Andalucía". El nuevo informe señala que esta cuenta general "no consolida" las cuentas de las empresas públicas, como el IFA/Idea, con las de las unidades administrativas -como la Consejería de Empleo-, lo que significa que los datos de ambas entidades no se cruzan y, por tanto, el órgano fiscalías no podía advertir que las transferencias de financiación se estaban utilizando para el pago de las subvenciones.

En su ampliación del informe, los peritos indican que aunque la Cuenta General -que incluye las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo por la Junta así como por las agencias, instituciones y sociedades mercantiles del sector- incluya las cuentas del IFA y de la Consejería de Empleo, "no pone de manifiesto por sí misma y de forma automática, que la transferencia de financiación que el IFA/Idea recibía de la Consejería por el programa 31L no tenía como destino equilibrar su cuenta de pérdidas y ganancias, que es su única finalidad legal".

Esa partida constituye la cuenta de enlace entre las de la Consejería y las del IFA, por lo que en caso de consolidación entre ambas -de haberse cruzado esos datos-, "habría evidenciado, por sí misma, su discrepancia de importes y, consecuentemente, su indebida aplicación".

Mediante ese proceso de consolidación, añaden los expertos de la Intervención estatal, se habría puesto de manifiesto además que las cantidades contabilizadas como gastos realizados por la Consejería de Empleo mediante las transferencias de financiación al IFA/Idea "no coincidían con las contabilizadas como ingresos recibidos por esta empresa pública (procedentes de la Consejería de Empleo)". Sin embargo, concluye, esa consolidación "no viene establecida por la normativa aplicable al efecto", de lo que se desprende que la Cámara de Cuentas no tiene responsabilidad por no haber alertado del fraude.

De otro lado, los peritos de la Agencia destacan hasta cinco discrepancias con el informe realizado por la letrada de la Cámara de Cuentas sobre las transferencias, entre las que subraya la "falta de competencia legal" del director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta para conceder ayudas y subvenciones correspondientes a la partida 31L, así como que las transferencias de financiación "siempre han tenido como única finalidad legal la cobertura de las pérdidas de las entidades públicas empresariales", insiste.

Los peritos concluyen igualmente que si el Ejecutivo andaluz tuvo intención de que las transferencias se destinaran a la concesión de subvenciones laborales -cosa que no era legalmente posible- "pudo realizar modificaciones presupuestarias precisas" pero siempre de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley general de la Hacienda Pública de la comunidad autónoma andaluza. De esta forma, según los peritos, se habrían cumplido "todas las leyes que regulan la concesión de subvenciones y su fiscalización por la Intervención delegada en la Consejería de Empleo".

El informe de la Intervención General, que fue entregado a la juez Alaya el pasado 12 de diciembre y que ahora ha sido ampliado, concluía que los ex consejeros de Economía José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo "no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades", al tiempo que pusieron de manifiesto la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación.