Antonio Rivas declarará tres años después de su imputación en el escándalo de los ERE fraudulentos. La juez Mercedes Alaya le ha citado finalmente a declarar el próximo 7 de febrero, una citación que se produce tras una larga espera y que llevó incluso a su defensa a quejarse en un escrito del tiempo transcurrido sin ser llamado a declarar. 

Rivas fue imputado el 20 de enero de 2011 junto a uno de los principales imputados, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Guerrero. La juez programó inicialmente para el 26 de julio de 2012 la comparecencia judicial de Antonio Rivas, quien ya fue condenado a 21 meses de inhabilitación y al pago de una multa de 600.000 euros por exigir la mordida de 450.000 euros a los empresarios de La Raza, en el primer sumario que instruyó Alaya sobre las irregularidades detectadas en la empresa pública Mercasevilla, de la que surgió la investigación de los ERE. 

La citación a declarar de Antonio Rivas se produce después de que en julio de 2013 la Audiencia de Sevilla confirmara la decisión de la juez Mercedes Alaya de imputar a Antonio Rivas por su intervención en los dos expedientes de regulación de empleo llevados a cabo en un periodo de cuatro años en la empresa pública mixta Mercasevilla, una imputación que fue recurrida por la defensa de Rivas al considerar que no había indicios en su contra. 

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla recordó entonces en un auto que la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla imputó a Antonio Rivas en enero de 2011, hace tres años, por haber autorizado el ERE de 2007 en Mercasevilla sin haber apreciado "dolo, fraude ni la menor irregularidad" a pesar de que en el año 2003 se había autorizado otro expediente de regulación de empleo. 

La magistrada también le atribuyó entonces haber autorizado en el listado de trabajadores la inclusión de tres intrusos como beneficiarios de las pólizas de prejubilaciones: Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén); Antonio Rivera Martín, que comenzó a trabajar en el mercado el mismo día en que solicitó el ERE de 2007; y un cuñado suyo, José Antonio Márquez Sánchez. 

En el ERE de 2003 se aprobó el despido de 74 trabajadores de los 184 fijos que componían la plantilla, aduciendo que los gastos de personal representaban el 64% de la cuenta de explotación, y en el año 2007 de nuevo la plantilla estaba conformada por 176 trabajadores fijos, siendo uno de los motivos en los que Antonio Rivas apoyó la autorización del ERE de 2007 el hecho de que los gastos de personal suponían el 71% de la cuenta de explotación. 

La Audiencia concluyó, por tanto, que "la autorización de dos ERE para la misma empresa y las mismas causas, prestada por el imputado en ese breve espacio de tiempo por sí misma constituye un indicio más que suficiente para profundizar en la investigación de los hechos que se imputan, máxime si se tiene en cuenta que en el ERE del año 2007 autorizó la inclusión de Antonio Rivera Martín que, según la documentación de Mercasevilla, había sido contratado el mismo día de su inclusión en el ERE". 

Para el tribunal, la alegación del recurso de la defensa de Rivas respecto a que la Inspección de Trabajo no observó dolo, fraude ni la menor irregularidad "no es de recibo", ya que precisamente es la autoridad laboral, en este caso el delegado de Empleo, "la institución que ha de velar sobre la puridad del proceso que culmina con la autorización de un ERE, no la Inspección de Trabajo". Por este motivo, la Audiencia de Sevilla desestimó el recurso del ex alto cargo, que había solicitado que se sobreseyera libremente la causa contra él. 

Antonio Rivas fue imputado en la causa de los ERE al principio de las investigaciones y en un auto en el que Mercedes Alaya también imputó al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, unos de los principales inculpados en el escándalo de los ERE. 

La instructora consideró en aquella resolución que Rivas autorizó una ampliación del ERE del Mercado mayorista para incluir "exclusivamente" a Antonio Rivera entre los beneficiarios de ese expediente y apuntaba su sorpresa por el hecho de que si en el ERE de 2003 se pretendía un rejuvenecimiento de la plantilla, poco después se contrató al menos a cinco trabajadores con edades comprendidas entre los 47 y 51 años -con sueldos mensuales de 1.471 a 2.469 euros- y que luego fueron incluidos en el ERE de 2007 con la finalidad de prejubilarlos. 

Posteriormente, la juez consideró que el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla "se constituye en el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones en la Junta, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica".