El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, valoró ayer los datos ofrecidos por los interventores provinciales en sus comparecencias y rechazó que haya habido un daño a las arcas de la Administración andaluza. "No han sido unánimes a la hora de hablar de menoscabo. Sólo uno de ellos lo ha dicho, y aclarando que era una opinión estrictamente personal", recordó Jiménez Barrios en referencia al interventor provincial en Huelva, sobre el que afirmó que "su criterio es legítimo y respetable", pero "distinto al de la Intervención General y el gabinete jurídico".

El vicepresidente de la Junta insistió en que las subvenciones se concedieron siguiendo un "procedimiento reglado" y con fiscalización previa. "Hay que dejar claro que las ayudas no se daban sin procedimiento", sentenció. Para Jiménez Barrios esto hace que la "línea argumental" del PP haya quedado "absolutamente desdibujada", ya que después de haber preguntado a los interventores en la comisión si habían recibido alguna indicación de sus superiores, todos "han dicho que no".

Respecto a cuánto dinero se ha recuperado de los 71,9 millones de euros reclamados por la Junta hasta la fecha, indicó que la cifra es "cambiante" porque hay muchos expedientes objeto de revisión. En cuanto a la posibilidad de que la devolución de algunas ayudas haya prescrito, señaló que no le consta y que "a fecha de hoy, ningún interventor ha dicho con claridad que haya habido prescripción" y los que han mencionado esa posibilidad "hablaban del periodo 2004-2008 porque el resto son expedientes vivos".

El vicepresidente indicó que le llama "poderosamente" la atención que cuando lee los informes de otras comunidades autónomas "coinciden exactamente con lo que se está viendo aquí, pero lo que en Madrid es un fraude de empresas a la Administración, aquí son la Administración y las empresas las que se ponen de acuerdo para hacer un fraude".