Los grupos de la oposición que esperaran que el ex interventor general de la Junta de Andalucía, quien dimitió el pasado 1 de febrero, atacara al Gobierno andalus en su comparecencia ante la comisión que investiga el posible  mal uso de las subvenciones a la formación se llevaron ayer una decepción. Adolfo García Fernández aseguró que, en su opinión, "no hay evidencias de menoscabo" de fondos públicos, dejando al interventor de Huelva,  cuya alerta de "irregularidades" provocó que se diera orden desde la Intervención General de elaborar informes especiales en todas las provincias para el periodo 2009-2012, como el único que defiende lo contrario. Lo máximo que reconoció es "un posible riesgo" al respecto. Para zanjar la cuestión aseguró, no obstante, que determinar dicha casuística corresponde al Tribunal de Cuentas. 

 Además, negó que haya existido un "fraude" en la concesión de estas ayudas y dijo que "es impensable" que la normativa estuviera diseñada para tal fin ya que las normas que se aplican en Andalucía son "muy exigentes". 

El ex interventor general rechazó que su reciente dimisión estuviera relacionada con el caso de los cursos de formación, que también está siendo investigado en la vía judicial. Insistió en que los motivos para abandonar el puesto son "personales" y que "nada tienen que ver con esto", a pesar de que los representantes de la oposición le inquirieron repetidamente sobre esta circunstancia. "Mi dimisión no tiene ninguna motivación política. Es sano que haya un relevo en los órganos de control cada cierto tiempo", indicó.

A los diputados del Partido Popular fue a los que menos le gustaron las respuestas de García Fernández. La portavoz popular, Teresa Ruiz Sillero, acusó al ex interventor de estar siendo "tibio" en sus contestaciones y le reclamó que señalara a los responsables del "descontrol" en relación a los cursos de formación y a la "telaraña provincial de irregularidades". A esta reclamación del PP, García Fernández respondió con un "si apuntara a los responsables a la luz de la información de que dispongo no sería tibio, sino temerario".

Además, el ex interventor general defendió que la Administración andaluza ha desarrollado una actuación "contundente e inmediata, fuera de lo habitual", ante las irregularidades en las ayudas a la formación, "detectadas por los propios mecanismos de la Junta". García Fernández concluyó su intervención deseando "éxito con el trabajo que tienen por delante" a los diez diputados que forman la comisión.

Con anterioridad, comparecieron en el Parlamento los dos últimos interventores que faltaban por hacerlo: Juan José Delgado Utrera, de Málaga, y Victoria López Gutiérrez, de Sevilla. Delgado Utrera consideró que, merced de su informe especial en el que analizó un total de 67 expedientes, "no se ha cumplido con la legalidad" y advirtió de "falta de diligencia" del órgano gestor a la hora de controlar que los cursos cumplían su objetivo. Pero descartó que se detectara "ninguna empresa cazasubvenciones" o que hubiera "menoscabo de fondos públicos", ya que "es necesario que el daño al caudal público no sea potencial sino individualizado, y en mis expedientes, la mayoría estaban pendiente de revisión y reintegro, por eso no veo menoscabo". 

La interventora de Sevilla, por su parte, aseguró que la Administración autonómica no ha tenido "la diligencia debida" en la verificación de la justificación de las ayudas concedidas a los cursos de formación y que todos los expedientes que ha analizado su departamento tenían "excedido" el plazo de justificación. 

La próxima comparecencia será el lunes 14 de marzo, cuando acudan, entre otros, la interventora general de Subvenciones, Teresa Arrieta, y la ex interventora general, Rocío Marcos.