El Gobierno de coalición PSOE-IU apenas ha mirado la hoja de compromisos legislativos cuando se encuentra a semanas de llegar al ecuador de legislatura. A finales de año ambos partidos aseguraron que se acordaría un calendario legislativo para impulsar ese acuerdo, pero pronto desecharon esa idea.

Para dar a conocer las prioridades del Gobierno andaluz compareció ayer en el estreno del nuevo periodo de sesiones el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. Entre esas prioridades no figuraron algunas de las medidas que llevan la firma de Izquierda Unida. Fue el diputado de IU Ignacio García quien en su intervención mencionó iniciativas que implantaría la Junta como la de garantizar suministros básicos (luz y agua) a familias en exclusión social (documento que analizó el Consejo de Gobierno a petición de su vicepresidente, Diego Valderas, pero que desde el PSOE han tildado de "beneficencia"), el plan andaluz de vivienda (de la Consejería de Elena Cortés, también de IU) o la ley del voluntariado (de la Consejería de Valderas).

Desde la llegada a la Presidencia de la Junta de Susana Díaz en septiembre hay una clara intención de los consejeros socialistas de atemperar el eco que puedan tener iniciativas de su socio de Gobierno, a pesar de que en el discurso público los dirigentes ensalzan la sintonía entre ambas formaciones.

De forma muy embarullada, Jiménez Barrios enumeró una especie de calendario legislativo que llevaría a aprobar en el primer semestre del año planes y estrategias económicas (Investigación, internacionalización,…) anteproyectos de leyes como los de servicios sociales y de sostenibilidad sanitaria, la reforma reglamentaria que dará a los ayuntamientos más competencias urbanísticas y el anuncio de una ley de emprendedores.

El consejero fechó en abril el anteproyecto de un Instituto de Crédito Público que contará con 1.400 millones de préstamos reintegrables para pymes y una nueva ley de Formación Profesional.

Y, "para los próximos meses", el consejero de Presidencia citó una treintena de iniciativas, la mayoría integradas en el pacto de gobierno con IU, como las leyes de deporte, de mecenazgo, de protección de los consumidores en la contratación de vivienda, de lucha contra el fraude fiscal, de memoria democrática, de agricultura, de movilidad sostenible, de regulación de la concertación local, de juventud y contra el cambio climático.

Y, por encima de todas ellas, la ley de transparencia que aprobará el Consejo de Gobierno el próximo martes.

En el tintero quedaron otros compromisos como la ley de participación ciudadana, emblema de IU, la ley de fiscalidad ecológica, el grupo de trabajo para la reforma de la ley electoral o la modificación parlamentaria que permita facilitar la creación de comisiones de investigación. Estas últimas iniciativas no figurarán entre las prioridades de este curso político a tenor de lo expuesto por el consejero.

El acuerdo de gobierno recoge 21 leyes nuevas y siete modificaciones de leyes vigentes.