Sólo un mes después de que los consejeros del Gobierno andaluz tomasen posesión en San Telmo, su vicepresidente, Diego Valderas, líder andaluz de IU, se vio obligado a enviar una carta a sus militantes advirtiéndoles de que el Ejecutivo de coalición caería si el Parlamento no aprobaba el plan de ajuste de la Junta. Una misiva de tintes dramáticos que hacía prever una legislatura inestable, salpicada por las tensiones entre los dirigentes de IU y su militancia a cuenta de los recortes.

Eso fue en junio del 2012, y el decreto que incluía una rebaja de sueldos a los empleados públicos por un montante de 747 millones de euros salió adelante. Los socios de la federación de izquierdas habían conseguido rebajar la cifra en 30 millones de euros, pero tres de sus parlamentarios o no votaron o votaron en contra. Fue el peor momento que atravesó el Gobierno de coalición, o el bipartito como gusta llamarlo al PP. Hoy, es un gabinete estable, y a pesar de estar formado por consejeros del PSOE y de IU, posiblemente es el Ejecutivo con el que el presidente, José Antonio Griñán, se ha encontrado más tranquilo y arropado.

El presidente estrenó su mandato con un cambio de calado, y que le ha ido bien: Susana Díaz, que hasta entonces se había dedicado a las labores internas del PSOE, se situaba en la poderosa Consejería de Presidencia. De señora de San Vicente pasaba a ser la segunda de San Telmo, un puesto en el que no habían cuajado ni Antonio Ávila ni Mar Moreno, sus antecesores. A ella le corresponde la coordinación entre departamentos y, en especial, las relaciones con IU. Pero, además, Griñán incorporaba a su núcleo cercano a un nuevo jefe de gabinete, secretario general de Presidencia: Máximo Díaz Cano, un político manchego con visión para los asuntos públicos que le ha dado tranquilidad a los despachos de San Telmo, un palacio convulso durante la pasada legislatura a cuenta de los encajes internos dentro del PSOE, el cuestionado liderazgo de Griñán -hoy, aceptado por casi todos- y las disfunciones dentro del propio Gobierno.

Porque ésa es una de las dos caras del primer año de gestión: por un lado, la estabilidad, pero de otro, la longeva crisis económica, a la que la Junta ha hecho frente apurando el estrecho margen de maniobra que les ha quedado a las comunidades autónomas después de que Madrid le fije el déficit y el techo de deuda y le procure la liquidez que necesitan y no encuentran en los mercados. La coalición de izquierdas se ha esforzado en fijar un eslogan para toda la legislatura -el de que otra política es posible-, y si bien la Junta ha aprobado dos decretos de amplia repercusión social y mediática, a la vez que ha mantenido las prestaciones educativas y sanitarias, lo cierto es que, como explicó un día la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en referencia a los Presupuestos de 2013, éste ha sido un año de resistencia, en el que PSOE e IU han tenido que seguir a regañadientes la senda marcada por el Gobierno de Rajoy y, a su vez, la impuesta por Bruselas. Son unos ejecutores protestones, pero no insumisos.

La peor cara de la crisis ha sido el desempleo, que se ha notado en Andalucía tanto como en el resto de España, aunque la comunidad sigue lastrada por un diferencial de 10 puntos respecto a la media. El actual Gobierno comenzó a actuar el 7 de mayo de 2012 con una tasa de paro, según la EPA, del 33,9%, y hoy está en el 36,87%, con tres provincias -Cádiz, Huelva y Jaén- que superan el 40%. La media española es del 27,16%, de lo que cabe concluir que ese diferencial, que se mantiene más o menos estable a lo largo la historia reciente, es un problema que el PSOE, el partido que gobierna Andalucía desde 1982, no ha sabido solucionar. Suya no será toda la responsabilidad, porque los ciclos de empleo y paro que sigue Andalucía son los mismos que en el resto del país, pero las diferencias no se han acortado.

José Antonio Griñán indicó el jueves pasado en el Parlamento que el esfuerzo del Gobierno se había centrado en mantener las prestaciones en educación y en sanidad, y admitió que la respuesta a los problemas sociales que provoca el paro "son modestas, pero atrevidas". Estos dos calificativos -modesto, pero atrevido- bien servirían para calificar los resultados de este primer año de mandato: modesto, en cuanto a sus resultados, y atrevido, por el tipo de respuesta. Valga un ejemplo: el decreto contra los desahucios, por el que la Junta puede paralizarlos si hay riesgo de exclusión social mediante una expropiación temporal del uso durante tres años. Una medida, salida de la Consejería de Fomento, la de Elena Cortés, la consejera rebelde de IU, que ha sido calificada, a la vez, de bolivariana, demagógica e ineficaz, aunque será copiada por Canarias y Cataluña, y a cuyo decreto no se opuso ni el PP: terminó por abstenerse en el Parlamento.

El decreto de Elena Cortés marcó un hito en este primer año de mandato. Durante sus primeros meses, el Gobierno se dedicó a desatascar una administración acuciada por las deudas y la falta de liquidez: sacó adelante el plan de ajuste, aunque al final el déficit se le quedó en el 2% y no en el 1,5% marcado por Madrid; consiguió una cantidad razonable del Fondo de Liquidez Autonómico gracias a unas buenas relaciones con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Montoro, y pudo aprobar, con los votos de IU, los Presupuestos de 2013. Pero después cayó en una suerte de letargo aparente, hasta que el decreto de Cortés colocó a Andalucía en la escena nacional y removió a la parte socialista del Gobierno, que temió que IU apareciese ante la opinión pública como los líderes del Ejecutivo.

Esta rivalidad de bajo tono provocó algunos celos en el PSOE, pero lo cierto es que la satisfacción de IU en el Ejecutivo está terminando por beneficiar su estabilidad, lo que le viene muy bien a los socialistas. Es el mecanismo de esta simbiosis entre socios. A las pocas semanas del decreto de Cortés, la Junta aprobó un plan contra la exclusión social, también por decreto, que contiene la entrega de fondos a los ayuntamientos para dar empleo a los parados en situaciones más dramáticas y procurar tres comidas diarias a los niños más desfavorecidos.

"Son medidas -indicó Griñán en el Parlamento- modestas, pero atrevidas porque impugnan el orden establecido, (...) y no se oculta ni la exclusión social ni la pobreza". Esta declaración, la misma a la que se hizo referencia con anterioridad, da buena cuenta de las intenciones de la coalición: es cierto que hay diferencias respecto a los gobiernos autónomos y central del PP, pero difícilmente se puede aceptar la rotundidad de que se está impugnando el orden establecido.

El Gobierno andaluz aún guarda en la recámara algunas medidas de fuerte contenido social, como la ley contra práctica abusivas de la banca o la de lucha contra el fraude en la concesión de ayudas. Es el combustible que les queda cuando el mejor carburante para hacer política -el dinero- se fue para no saber cuándo volverá.

A diferencia de lo que le ocurre al PSOE federal, cuyas expectativas electorales son aún peores que las del PP, todas las encuestas apuntan a que el Gobierno de coalición podría repetir la siguiente legislatura. Mientras los socialistas se mantienen, IU sube en los sondeos, pero la oposición del PP, la de Juan Ignacio Zoido, está descabezada y cae en picado desde la marcha de Javier Arenas.