Caso malaya

El abogado de Rafael Gómez vincula a un comisario de la Policia Judicial con Roca

  • El letrado asegura que todos saben a quién corresponden las iniciales J. A. G., encontradas en los diarios de Roca por recibir 200.000 euros por información sobre la investigación.

El abogado del empresario Rafael Gómez, acusado en el caso Malaya, ha señalado en la quinta sesión del juicio que las iniciales J.A.G., incluidas en unos documentos intervenidos al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, donde se detallan presuntos pagos, "no se puede tratar de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial". "Hasta los porteros de las comisarías lo saben", ha apuntado.

El letrado Antonio Urdiales ha destacado en su intervención en la Sala "lo poco que tardaron" los investigadores en identificar por sus acrónimos "a las personas que aquí se sientan", en referencia a los acusados, aunque ha indicado que "cuando se trata de identificar a un alto funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que responde a las iniciales J.A.G. hasta ahora no sabemos quién es".

"No lo sabemos nosotros, en internet introduce usted las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías porque será o no será, pero con estos mimbres no se trata de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, parece sospecharse presuntamente que no se puede tratar de otro", ha apuntado el abogado. Así, ha añadido que "si de otra persona se tratase estaría más que detenido". El instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, solicitó a la Brigada de Régimen Interior de la Policía que localizara a una persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía, con iniciales J.A.G., que presuntamente recibió dinero, en concreto 200.000 euros, por parte de Roca a cambio de información.

Urdiales ha señalado que no han encontrado diligencias al respecto ni las pruebas practicadas "en orden de determinar quién es J.A.G.", aunque sí se dedujo testimonio, por lo que ha pedido a la Sala que "se reclamen cuantas actuaciones se hayan practicado, con independencia de que los inspectores que intervinieron en la investigación constan citados y nos ilustren sobre qué investigaciones realizaron y qué les ocurrió por investigar tanto". En declaraciones a los periodistas, al término de la sesión del juicio, el letrado ha incidido en la necesidad de saber las investigaciones hechas en este sentido para identificar a J.A.G., "que supuestamente con el perfil que dibujó el fiscal de un alto cargo y con el perfil que dibuja el juez al interpretar el documento encontrado en el trastero de Roca, no hay más que uno". Cuestionado por quién sería, ha apuntado que: "Juan Antonio González".

Ha justificado estas manifestaciones en la posibilidad de que "pudiéramos estar ante un delito provocado". "Qué papel juega el señor Roca, a qué juega, está jugando a que cierta información sea conocida por lo jueces y otra no", se ha preguntado, al tiempo que ha cuestionado "por qué han desaparecido 17 archivadores en noviembre de 2005 tras el soplo" y "cuál era el contenido de esos archivadores".

Según un auto dictado en su día por el juez instructor, en los documentos intervenidos en el registro efectuado en el trastero de Roca, "aparece un pago a favor de J.A.G. a cargo de Roca por importe de 200.000 euros, cantidad que aparece recogida en la cuenta de enero de 2006 como 'particular' a favor de J.A.R. -Juan Antonio Roca-, por lo que cabe concluir que el citado J.A.G., persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía, pudiera haber sido gratificada por Juan Antonio Roca con una importante cantidad económica por facilitarle información valiosa sobre este procedimiento".

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción en un escrito remitido al juez el 15 de enero de 2007 señalaba que los pagos que podría haber efectuado Roca a J.A.G. "se habrían producido una vez ya iniciado el presente procedimiento, por lo que los mismos estarían presuntamente vinculados con la información que dichas personas o funcionarios policiales podrían haber estado proporcionando a dicho imputado sobre el alcance de las diligencias judiciales". 

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