Andalucía

"¿Qué hace aquí la Junta de Andalucía?"

  • Las defensas de los procesados cuestionan la acción popular que ejerce el Ejecutivo autonómico

El abogado José Rebollo, que representa al promotor granadino José Ávila Rojas, cuestionó ayer el papel de la Junta en el caso Malaya. Aunque se refirió exclusivamente a su posición jurídica, no dejó escapar la ocasión para referirse también al rol político que supuestamente puede jugar cuando dijo que "desde otro punto de vista también cabe preguntarse qué hace aquí la Junta de Andalucía".

La defensa de Ávila Rojas, que se sumó a las cuestiones previas planteadas por otros letrados relativas a la vulneración de derechos fundamentales y garantías procesales (juez predeterminado por la Ley, legalidad de las escuchas, falta de motivación de autos restrictivos de libertades y escuchas temporalmente sin amparo judicial) criticó que la Administración autonómica, que ejerce la acción popular, acuse al empresario granadino de malversación, en calidad de inductor, cuando nunca ha sido interrogado en el procedimiento por este delito.

"Es una acusación extravagante", porque "no es admisible acusar por unos hechos por los que no ha sido procesado" y "si consideraba que se habían producido que hubiese recurrido el auto de procesamiento". Finalmente resaltó que en su escrito de acusación provisional la Junta no hubiera determinado el importe de la malversación y que se le permita pedir indemnizaciones por responsabilidad civil cuando no es una institución perjudicada.

La postura de la Junta de Andalucía también ha sido cuestionada por la defensa de Carlos García Puente. El abogado Javier Morato tachó de "acusación sorpresiva" porque en el escrito de provisional también le atribuye a este procesado un delito de malversación, mientras que el letrado Javier Álvarez de Neira, que representa al ex comisario Florencio San Agapito, reprochó que se le haya permitido exigir responsabilidad civil. El abogado Manuel Salinero, que defiende a los hermanos Sánchez-Dalp, fue incluso más allá al referirse a la "legitimidad" de la Administración autonómica en esta causa, una situación que sugirió es un "despilfarro" de fondos que sólo "aporta dividendos publicitarios".

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