Andalucía lidera las reivindicaciones para una gestión eficaz del litoral español frente al cambio climático

Seis comunidades autónomas exigen una gestión más eficaz del dominio marítimo-terrestre, denunciando carencias normativas y falta de inversiones estatales

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La Playa de la Bota, en Huelva.
La Playa de la Bota, en Huelva. / Jesús Fernández
Redacción Andalucía

22 de julio 2025 - 19:39

La Junta de Andalucía ha firmado este martes un manifiesto conjunto por la defensa del litoral español junto a Galicia, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia y Canarias. El documento, suscrito durante un acto celebrado en Valencia, evidencia las deficiencias del actual marco normativo estatal, la escasez de inversiones por parte del Gobierno central y reclama una urgente reforma de la Ley de Costas que considere las particularidades territoriales de cada región.

Carmen Jiménez, directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, ha representado al ejecutivo andaluz en este encuentro. Durante su intervención, ha destacado que "hemos dado un paso importante para reivindicar que el litoral es mucho más que una línea de costa: es un espacio natural, económico, cultural y social que requiere atención inmediata y un modelo de gobernanza eficaz y corresponsable entre administraciones".

El evento se ha desarrollado en el marco de las jornadas "La Ley de Costas estatal desde una perspectiva autonómica", donde Jiménez participó en una mesa redonda exponiendo los desafíos que afronta Andalucía ante la presión normativa, la inseguridad jurídica y el impacto del cambio climático en sus costas.

Principales reivindicaciones del manifiesto

El documento firmado señala la falta de criterios técnicos claros y coherentes por parte del Ministerio para la Transición Ecológica en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre. Esta situación genera una notable incertidumbre jurídica, especialmente preocupante ante el aumento de fenómenos erosivos e inundaciones costeras.

Entre las demandas más destacadas, las comunidades exigen la cesión de los ingresos por cánones vinculados al uso del dominio público marítimo-terrestre, así como una reforma legislativa que les permita ejercer plenamente sus competencias. También solicitan protección legal para núcleos costeros con valores históricos y una resolución consensuada del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España.

"Se ha hecho evidente que el marco legal vigente no responde ni a la diversidad del territorio español ni a los principios de eficacia que requiere una correcta gestión del litoral", ha afirmado Jiménez, añadiendo que "las comunidades con litoral tenemos experiencia, conocimiento y herramientas, pero necesitamos contar con respaldo legal, coordinación institucional y recursos".

La gestión andaluza del litoral

La directora general ha puesto en valor las herramientas que impulsa la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, como la Zonificación del Litoral o el Inventario de Ocupaciones. Gracias a estos instrumentos, Andalucía gestiona aproximadamente 3.000 expedientes anuales, incluyendo autorizaciones, concesiones y planes de playa.

Jiménez también ha destacado la apuesta por la transformación digital mediante la implementación de OLA (Ordenación del Litoral Andaluz), una plataforma que integra información técnica, cartográfica y administrativa en un único entorno de trabajo.

En materia de adaptación al cambio climático, ha subrayado el compromiso andaluz con la planificación basada en evidencias científicas, mencionando proyectos como ICCOAST o el estudio del efecto Bruun. "Contar con modelos predictivos y mapas de riesgo nos permite priorizar actuaciones y anticipar decisiones en los puntos más vulnerables de nuestra costa", ha explicado.

La representante andaluza ha expresado su preocupación por los más de 400 expedientes bloqueados debido a los cambios de criterio del Ministerio de Transición Ecológica, situación derivada del procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea. "Este bloqueo no solo paraliza inversiones y actividades, sino que genera una gran incertidumbre a empresas y ciudadanía", ha advertido, reclamando un nuevo marco normativo que recoja las singularidades territoriales y refuerce la cooperación interadministrativa.

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