Las defensas de los acusados por los contratos "fantasma" de la Junta de Andalucía con la empresa Umax han denunciado este martes la indefensión que les ha ocasionado esta causa por la "investigación prospectiva y carente de indicios" que, a su juicio, se ha producido en este caso, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación de al menos 44 trabajadores del "círculo de amigos y familiares" de Javier Guerrero a través de un contrato con esta entidad y en el que se prescindió "total y absolutamente del procedimiento de contratación".

En este caso están procesadas seis personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta como los ex directores de Trabajo y Seguridad Social imputados en el caso de los ERE –Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera-, los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo y el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado.

El ex director de Trabajo Javier Guerrero, con uno de sus abogados, Carlos Sierra.

La abogada Inmaculada Torres, que representa a Juan Márquez, ha alegado como cuestión previa al inicio de la vista oral que se han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa por la "investigación prospectiva y carente de indicios" que, en su opinión, se ha realizado en este caso; una investigación basada en la documentación aportada por la Junta en la que "no se aportan los expedientes completos y no han podido acceder a la documentación original", por lo que se les ha causado una "grave indefensión".

Según esta defensa, a cuyas cuestiones previas se han adherido las otras defensas, la acusación está basada en "suposiciones" y "no hay apariencia delictiva en los hechos" de lo que se les acusa. "No hay un solo dato objetivo que lleve a esta imputación y a la acusación" formulada por la Fiscalía y la Junta de Andalucía", ha afirmado Torres, que ha criticado que la imputación de Juan Márquez se produce únicamente por el hecho de haber ejercido el cargo de director general de Trabajo entre abril de 2008 y abril 2009, y reclamándose unas penas y una responsabilidad civil "desorbitadas".

La defensa de Francisco Javier Aguado Hinojal, que ejerce el letrado Adolfo Cuéllar, ha insistido como cuestión previa en la "falta de concreción de los hechos en los que se sustenta la acusación", por cuanto no se indica cuáles son las resoluciones contrarias a derecho que integran el delito de prevaricación que se les imputa, ni si se les acusa por acción u omisión; y en cuanto al delito de malversación tampoco se ha concretado si se trata de un "ánimo de lucro propio o ajeno", ni se especifica cuál es la responsabilidad civil que se atribuye a su cliente.

Cuéllar ha denunciado igualmente la "acusación sorpresiva" por el delito de falsedad en documento mercantil, puesto que "el primer momento en que conocemos ese delito es en el escrito de acusación" de la Fiscalía, por lo que a su juicio este delito debe ser "expulsado" de este juicio.

Un recurso de apelación no resuelto

El letrado Manuel Salinero, que representa a Lourdes Medina Varo, ha planteado como cuestión previa que hay un recurso de apelación presentado contra el auto de procedimiento abreviado -de fecha 25 de febrero de 2016- que no ha sido resuelto por la Audiencia de Sevilla y ha lamentado que aunque se concedió un plazo de diez días a la Fiscalía para presentar su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público tardó "un año y cuatro meses" en hacerlo. 

El abogado ha añadido que el hecho de que ese recurso esté aún pendiente supone una "clarísima indefensión", y también ha denunciado que los hechos que se atribuyen a los acusado carecen de la "concreción exigible", señalando por ejemplo que se solicita una responsabilidad civil a todos los acusados por todo el tiempo en que han desempeñado el cargo que supera los dos millones de euros. Como tercera cuestión previa, ha reiterado la "acusación sorpresiva" por el delito de falsedad en documento mercantil, explicando que en el auto de procedimiento abreviado se hace referencia a los delitos "contra la administración pública", un título del Código Penal distinto al que corresponde a la falsedad.

El dueño de Umax insiste en que la Junta le debe 1,5 millones

José Carlos Blandino, que defiende al dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, ha reclamado que faltan una serie de facturas de las delegaciones de Almería, Jaén y Sevilla, y ha solicitado que declaren como testigos tres directores generales que firmaron subvenciones. El letrado se ha adherido a las cuestiones previas anteriores y ha afirmado que "no tiene ni idea" del acto de prevaricación ni de la malversación de caudales que se le imputa y en este sentido ha cuestionado que se le reclamen 2,5 millones de euros de indemnización cuando la Junta "le debe 1,5 millones".

De hecho, la investigación se inició precisamente tras recibir la Junta dos escritos de 9 de marzo y 6 de agosto de 2012 por parte del administrador de Umax, en el que solicitaba la “convalidación del gasto, reconocimiento extrajudicial del crédito y reconocimiento de deuda por importe de 1.550.114,67 euros”.

La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a todas las cuestiones previas planteadas por las defensas, alegando que esa supuesta falta de concreción de los hechos debería haberse puesto de manifiesto en el momento procesal oportuno, y con respecto al recurso no resuelto ha señalado que hay un auto del 9 de febrero de 2018 que hace referencia a los acusados que también habían impugnado el auto de procedimiento abreviado, por lo que entiende que el recurso sí está resuelto.

La Junta critica que la falta de documentación se debe a que durante años "no se ha documentación la actividad administrativa" en la Dirección General de Trabajo

La abogada de la Junta de Andalucía ha explicado que la falta de documentación que alega Juan Márquez es una cuestión que afecta al fondo de esta causa y que obedece a que durante los mandados de la Dirección General de Trabajo "no se ha documentado la actividad administrativa", tratándose además de unas contrataciones "por una cuantía enorme y con contrataciones verbales y al margen de la legalidad".

Para despejar las dudas de las defensas, la letrada de la Junta ha recordado que la documentación que se aporta es "oficial y tiene presunción de veracidad", y ha agregado que al revisar la documentación se han topado con "documentación inexistente, en unos casos, y desperdigada e inconexa, en otros".

El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, Ángel Márquez, ha suspendido la vista para resolver las cuestiones previas y será el próximo jueves cuando se inicie el interrogatorio de los seis acusados, comenzando por el dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado.

El tribunal ha fijado inicialmente 11 sesiones del juicio, que continuará los días 15, 16, 22, 29 y 30 de enero; los días 5 y 13 de febrero; y 12 y 13 de marzo, en la que está previsto que acaben los testigos propuestos por la Junta de Andalucía, y a partir de ahí se tendrá que fijar alguna sesión más para las conclusiones e informes de las partes. En total, está previsto que declaren más de medio centenar de testigos, entre ellos los trabajadores contratados por la Junta. 

En junio de 2017, la juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, impuso una fianza de 2.556.036,2 euros a los seis acusados por los contratos "fantasma" de la Junta con la empresa Umax, al dictar el auto de apertura de juicio oral contra los seis acusados, cantidad de la que debe responder Umax como responsable civil subsidiario.

La Fiscalía pide hasta diez años de cárcel

La apertura de juicio oral se produjo después de que la Fiscalía de Sevilla solicitara una condena de diez años de prisión, 32 años de inhabilitación y una multa de 13.500 euros para los cinco ex altos cargos de la Junta procesados.

El Ministerio Público atribuye a los seis acusados -también acusa al dueño de Umax, Ulpiano Cuadrado, al que solicita una condena de ocho años y medio de cárcel y el pago de una multa de 7.500 euros- delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad. Los otros dos ex altos cargos procesados son los ex secretarios generales técnicos de Empleo Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

La Fiscalía sostiene que todos los acusados "se pusieron de acuerdo con el fin de facilitar la contratación de la entidad Umax, a sabiendas de que dicha entidad no cumplía con los requisitos que la legislación administrativa requería para la realización de dicha contratación, creando a partir del año 2003 una estructura administrativa de personal al margen de las previsiones contenidas en la relación de puestos de trabajo vigente en la dirección general de Trabajo y en las delegaciones provinciales mediante la contratación de personas que no cumplían los requisitos para ello".

Además, los pagos derivados de este tipo de contratación se realizaron "bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o bien en expedientes de contratación menor en la que se giraban una serie de facturas por parte de la entidad Umax que correspondían a servicios inexistentes, facilitando el pago inmediato de la retribución convenida entre todos los acusados".

El fiscal recoge que en el año 2007 el coste salarial de los trabajadores adscritos a los servicios contratados ascendió a 338.040,02 euros; en 2008 fue de 322.203,42 euros; 221.936,65 en 2009 y 141.408,06 en 2010; con lo que el importe total asciende a 1.550.114,67 euros.

El Ministerio Público destaca que la adjudicación del contrato se había producido “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido,previo acuerdo entre todos los acusados” y añade que "no existe ningún contrato que tenga como objeto la puesta a disposición del personal de la entidad Umaxpara el ejercicio de las actividades que en cada momento fueran requeridas por la antigua Consejería de Empleo".