Astilleros sin salida

LOS trabajadores de Astilleros de Sevilla mantienen un encierro indefinido desde que, el pasado viernes, la Junta de Andalucía les anunció el cierre inminente de la factoría ante la ausencia de inversores dispuestos a hacerse cargo de la misma, que se encuentra en concurso de acreedores desde hace casi un año. El cierre afecta a unos cien empleados, que ayer protagonizaron diversos incidentes en defensa del mantenimiento del astillero y de sus puestos de trabajo. No obstante, el fin de la construcción naval en la capital andaluza, que se inició en la época contemporánea en los años cincuenta del siglo pasado, aparece como la conclusión inevitable de una sucesión de crisis que han dañado a todos los astilleros andaluces desde la década de los ochenta, a causa de la pérdida de competitividad en un mercado difícil, dominado por los astilleros asiáticos, favorecidos por el crédito fácil y los bajos salarios. Ni las varias reconversiones ejecutadas, ni las regulaciones de empleo ni la privatización han podido alterar esa terca realidad. La factoría naval sevillana está en un callejón sin salida, sin que la mediación de las autoridades de la Junta haya podido encontrar financiación para terminar los barcos cuya construcción ha tenido que paralizarse ni para reflotar la compañía con un nuevo grupo inversor. En otras épocas recientes la continuidad ha sido salvada gracias a la presión callejera y a las expectativas electorales, siempre presentes, que han llevado a los gobiernos nacional y andaluz a prestarle una especie de respiración financiera asistida. Con ello se han superado diversos momentos críticos, pero no la viabilidad de la empresa, que es imposible en las actuales condiciones del mercado. Los trabajadores, lógicamente movilizados, deben recibir ayuda para su reconversión, pero han de saber que la Junta no puede hacerse cargo, con dinero público, de una actividad no competitiva, abocada al fracaso. En el pasado la Junta llegó a convertirse en empresaria automovilística (Santana) o textil (Intelhorce), una actividad a la que no está llamada. El consejero de Economía lo ha dejado claro esta vez. Con toda razón.