Sin riesgo de descenso administrativo

Hay mucho ruido en torno a la deuda real del Málaga, por el disperso reparto de la misma. Se sabe que está absolutamente controlada con las administraciones, si bien se acercan a los 30 millones los pagos pendientes con entidades, jugadores (a través de sus agentes o sociedades) y demás proveedores menores. Junio obligará a un desembolso de al menos 15 millones para afrontar el verano controlado. En cualquier caso, la tranquilidad para el aficionado en caso de penurias para afrontarlos es que está totalmente descartada la amenaza de un descenso administrativo, tal como le ha pasado al Elche o acecha al Getafe.

Ello es posible porque el Málaga cumple a rajatabla los nuevos controles económicos a los que obliga la Liga de Fútbol Profesional. En virtud de éstos, son las deudas deportivas y administrativas las que conllevarían la pérdida de categoría. En el caso de la entidad de Martiricos, se trata de deudas con terceros, por lo que el riesgo está descartado. Los auditores que estos días han estado trabajando en la posibles operaciones de compraventa del club así lo han podido testar.

La otra amenaza proviene del calendario de pagos establecido en el convenio de acreedores, que el próximo 5 de julio volverá a poner por delante una cita importante. En ese momento, la propiedad del Málaga tendrá que hacer frente a las cifras que hay que desembolsar a los acreedores. No es una cantidad desorbitada, se trata de 350.000 euros, aunque ahora mismo en el Málaga cualquier débito resulta una carga más. El jeque Al-Thani está obligado a dar cuenta de ello sí o sí, puesto que entonces Daniel Pastor, en su condición de vigilante del cumplimiento del convenio, tendría que intervenir para garantizar el cumplimiento de la ley. Según el empresario malagueño, lo más recomendable sería destinar una partida de entorno a un millón de euros para reducir otra porción de deuda destinada a proveedores menores a los que hay que abonar cantidades que no superarían los mil euros.