El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos anunció ayer en una entrevista concedida al Financial Times que el Gobierno aprobará en marzo una nueva ley que establecerá "estrictos instrumentos de control" sobre los presupuestos de las comunidades autónomas. "Tendremos controles a priori, de modo que antes de aprobar los presupuestos, los gobiernos regionales necesitarán la luz verde del Ejecutivo central", subraya. Para De Guindos, "las dificultades de liquidez representan verdaderamente una oportunidad para imponer duras condiciones y medidas en términos de frenar los déficits de las regiones". Unas medidas que son sólo una parte de una agenda de reformas económicas que describe como "agresiva" y que estará en marcha en 100 días.

El ministro ha asegurado que los bancos españoles deberán destinar hasta 50.000 millones de euros a nuevas provisiones relacionadas con sus activos tóxicos inmobiliarios como parte de una nueva reforma del sector financiero.

En la misma entrevista De Guindos destaca que es "esencial" que los bancos saneen sus balances sin que la reforma prevista del sistema bancario suponga una carga para el Tesoro, al mismo tiempo que defiende que debería producirse una nueva ronda de fusiones entre las cajas de ahorros.

El ministro reconoce que existe un "problema inmobiliario" en España, pero incide en que es manejable, ya que estos 50.000 millones de euros representan el 4% del PIB, y remarca que no se puede comparar la situación de España con la de Irlanda. "Es de una magnitud completamente diferente", recalca. En este sentido, explica que si se tienen en cuenta las valoraciones internacionales, como por ejemplo las aplicadas en el caso de Irlanda, las necesidades extras de provisiones en la banca en España serían de hasta 50.000 millones.

En su opinión, en la mayoría de los casos, las entidades podrán obtener esta cantidad por sus propios medios, a través de sus beneficios, y añade que esto podría hacerse no sólo en un año, sino durante varios ejercicios.

Asimismo, De Guindos espera que, en vez de crear un banco malo financiado por el Estado para absorber el suelo y los activos inmobiliarios devaluados, los bancos y las cajas deben dotarse de estas provisiones extras para que los edificios y el suelo puedan ser valorados de forma más realista en sus balances. El rotativo británico destaca que los bancos han provisionado ya alrededor del 30% de los 170.000 millones de euros en activos inmobiliarios dudosos, pero señala que, por ejemplo, parte del suelo que acumulan en sus balances es "invendible" y no tiene ningún valor.