La reducción de la jornada endurece el discurso de patronal y sindicatos en Málaga

El anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 4 de febrero para reducir la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas semanales ha funcionado como una espita para agriar aún más, o endurecer, la enorme distancia existente en el diálogo social del país y el discurso de patronal y sindicatos. Los últimos celebran la reducción, que en Málaga beneficiará a más de la mitad de los contratados, unos 300.000 (en torno al 60%), mientras que la patronal recuerda que esta es otra afrenta más que se carga sobre el costo empresarial y se muestra indignada por el rechazo al pacto.

Mientras unos vaticinan una contracción del empleo, porque las micropymes, dicen, no van a contratar mucho, otros aseguran que los beneficios empresariales han sido tan importantes el pasado ejercicio que el coste de la medida es asumible.

Es necesario partir de la base de que el anteproyecto de ley, que va a sufrir modificaciones tras la negociación con los socios del Gobierno antes de su paso por las cámaras alta y baja, afecta, sobre todo, a los sectores de construcción, hostelería, comercio, metal y automoción, oficina y despachos, limpieza, peluquería y belleza, vigilancia, sanidad privada y a convenios concretos de empresa, según explicó a este periódico el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Muñoz Cubillo. Hay que añadir a esta lista el campo.

La vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, asegura que no existe conciencia sobre el sobrecoste que han sufrido las empresas en los últimos años. “Si sumas el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), en cuatro o cinco años ha crecido más del 60%, y las cotizaciones inferiores empujan a las de arriba”, explica. Además, las cotizaciones sociales están ahora más altas, arguye, y ello supone un perjuicio a las empresas, lo que, “en un contexto de competencia global, hace que el horizonte a medio y largo plazo sea negativo”.

“Con el sobrecoste, la solución no es más contrataciones. En un pequeño comercio, si le restas 2,5 horas a la semana de un trabajador, por ese tiempo no contrata a nadie”, recalca. “Las empresas no están contra la subida del SMI o la reducción de jornada, pero es algo que se produce poco a poco”.

Lo cierto es que a los empresarios les habría gustado que la solución hubiera sido negociada, porque como se ha hecho la creación de empleo “podría resentirse”. A nivel nacional, se prevé un coste global de 24.000 millones de euros y 990 millones de horas menos, estima la CEOE.

Los sindicatos están en la orilla contraria, como ha sido habitual históricamente, pero cabe recordar que ha habido épocas de paz social gracias al diálogo de todos los interlocutores.

Muñoz Cubillo, máximo dirigente en Málaga de CCOO, explica:“Más de 300.000 asalariados se beneficiarán de la reducción de jornada, que son más de la mitad”, para indicar luego que el año pasado se firmaron en la provincia 22 convenios y 11 de ellos “ya incorporaban la jornada semanal de 37,5 horas o menos”, por lo que no se verían afectados por el anteproyecto de ley. La otra mitad, sí.

Arguyó Muñoz Cubillo que, sobre todo, van a verse beneficiados los 160.000 trabajadores con jornada parcial de Málaga, la mayoría mujeres, declaró, a las que, si tuvieran una jornada de 20 horas y el anteproyecto de ley se aprobara tal cual ahora mismo, se les aplicaría una subida de sueldo del 3,3%, porque la retribución permanece pese a la bajada de horas. Indica además que el comercio o la hostelería tuvieron beneficios en 2024, por lo que el coste es asumible.

El secretario de Política Sindical, Comunicación e Imagen de UGT Servicios Públicos, Antonio González, afirmó, por su parte, que la reforma va a ser muy positiva. “Supone un gran avance. El objetivo se cumple y no es otro que la conciliación de la vida laboral y familiar y la mejora de la calidad de vida”.