Las grandes causas abiertas en la Audiencia Nacional, como la que le llevó a ordenar la detención de Augusto Pinochet, convirtieron a Baltasar Garzón en juez estrella, pero ha sido la trama de corrupción del caso Gürtel la que ha acabado con su carrera, de la que se marcha "con la conciencia tranquila".

A sus 56 años, treinta de ellos en la judicatura, el hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, donde ha pasado más de dos décadas, dice adiós a la magistratura obligado por una sentencia del Tribunal Supremo, que le ha condenado a once años de inhabilitación por ordenar intervenir las conversaciones mantenidas en prisión entre imputados de la red corrupta y sus abogados. Un punto y final que tiene su origen en lo que el propio Garzón denominó una "cruel campaña" de acoso en venganza por investigar por corrupción a miembros del PP, dos de los cuales, el ex presidente valenciano Francisco Camps y el ex secretario regional del partido Ricardo Costa, ya han sido juzgados, aunque con distinta suerte que el primer instructor del caso.

Sus grandes sumarios en la Audiencia Nacional sobre materias tan sensibles como el terrorismo o el narcotráfico le otorgaron tanta fama como partidarios y detractores.

Fue el primer magistrado español que se desplazó a Francia para interrogar a etarras detenidos en el país galo, entre ellos los miembros de la cúpula Josu Ternera, Santi Potros, Elena Beloki, Francisco Múgica Garmendía, Pakito, y Joseba Aguirre Erostarbe, Fitipaldi. También zarandeó el entorno de la banda con sumarios como el 18/98 para probar la vinculación entre ETA y diversos grupos de su entorno, instrucción que se prolongó durante cuatro años hasta julio de 2002 y en la que procesó a 64 personas, clausuró el diario Egin y declaró la ilicitud de KAS y de su sucesora EKIN. Ese mismo año abrió el sumario 35/02 para investigar la sumisión de Batasuna a ETA, que derivó en la suspensión de actividades de la formación abertzale.

Por entonces, Garzón ya había protagonizado grandes operaciones como la Nécora, que le llevó en junio de 1990 a dirigir desde un helicóptero en Galicia a 350 policías que participaron en una redada que supuso la desarticulación de los principales clanes gallegos de contrabandistas con los cárteles colombianos de la cocaína y la posterior condena de, entre otros, Laureano Oubiña.

La década de los 90 trajo consigo además otro de esos giros que han marcado de forma determinante su biografía al entrar, en 1993, en política, concurriendo como número dos por Madrid en la lista del PSOE a las elecciones generales que encabezó Felipe González. Una decisión que no dejó de sorprender, ya que el Gobierno socialista se había negado a facilitarle información sobre los fondos reservados mientras instruía el caso GAL, lo cual no impidió que formara parte del Ejecutivo como secretario de Estado del Plan Nacional sobre Drogas, en el que permaneció apenas diez meses. De vuelta en la Audiencia Nacional en 1994, retomó el sumario de los GAL, una investigación que cuatro años después condujo a la condena y el ingreso en prisión del ex ministro del Interior José Barrionuevo y el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, entre otros.

No obstante, su condición de juez estrella alcanzó tintes universales cuando, en octubre de 1998, ordenó la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, decisión por la que que en 2002 se promovió su candidatura al Premio Nobel de la Paz. A este nombre se sumaron los de otros personajes como Ben Laden, al que llegó a procesar por haber utilizado España como base para la preparación de atentados como el 11-S, y ordenó el ingreso en prisión de varios miembros de la organización terrorista Al Qaeda detenidos en España.

Su renombre internacional le valió una invitación de la Universidad de Nueva York para desarrollar actividades de docencia y de investigación sobre el terrorismo entre marzo de 2005 y julio de 2006 cuyo patrocinio, a día de hoy, está detrás de la única de las tres querellas que el Supremo abrió contra él que sigue en fase de instrucción.

Tras el antecedente que marcó el caso Pinochet, Garzón se convirtió en un símbolo de la Justicia universal y de esperanza para las víctimas de crímenes contra la humanidad. En este contexto es en el que, el 16 de octubre de 2008, se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, causa por la que se encuentra a la espera de sentencia tras haber sido juzgado por prevaricación.

"He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas", ha dicho Garzón tras conocer su condena. La sentencia del Supremo ha llegado solo 24 horas después de que quedara visto para sentencia en el mismo tribunal el juicio por investigar los crímenes del franquismo, que Garzón cerró haciendo uso de su derecho a la última palabra con una frase que puede parecer premonitoria: "Mi conciencia está tranquila".